Seguridad narcocrática/Ahora con testimonios fraudulentos pisotea la dignidad de sus víctimas aduciendo demencialmente que no eran inocentes sino prostitutas
Por Camilo Raigozo
¿Qué misterioso poder tiene el oficial del ejército Raúl Muñoz, presunto violador de al menos dos niñas y asesino de una de ellas junto a sus dos hermanitos en Arauca?
Desde el mismo momento en que se destapó el escabroso hecho criminal, el presunto violador e infanticida ha contado con inauditos apoyos empezando por el comandante del ejército, general Alejandro Navas, quien el 3 de noviembre de 2010 afirmó ante los medios sin ninguna vergüenza y respeto por la dignidad de las víctimas:
“El subteniente habría cometido esos crímenes el 2 y 14 de octubre, pero, de acuerdo con su primera confesión, las dos relaciones fueron consentidas por las niñas. Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”.
El cinismo del general es sólo comparable con el del jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quién violó a más de 50 niñas, de las que decía que “Hacían fila para acostarse conmigo”.
La ONG defensora de los derechos humanos, Humanidad Vigente, ha denunciado la persecución, intimidación, hostigamiento, criminalización y encarcelamiento, de personas que han evidenciado los abusos del Ejército en zona rural de Tame, especialmente de la comunidad de las veredas donde el presunto criminal cometió sus fechorías.
Las comunidades de las veredas de Caño Camame y Caño Temblador, zona rural de Tame , donde actuó el criminal, denunciaron a Humanidad Vigente el 23 de febrero pasado la presencia de personas escoltadas por militares que desde finales de enero de 2011 rondan las casas haciendo entrevistas a nombre de la Defensoría del Pueblo sin presentar identificación.
Luego, el 22 de marzo de 2011, en Saravena, se presentó el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona, quién llevaba el caso y no había aceptado las maniobras de impunidad para dejar libre al presunto hampón, como lo denunciaron los videos 1 y 2.
Gaona, además, le había pedido al Consejo Superior de la Judicatura que investigara disciplinariamente a las abogadas defensoras del presunto criminal y a la empresa de defensoría militar, Demil, por sus maniobras irregulares para impedir la realización de las audiencias.
Sobre el asesinato de la jueza, el pasado 30 de abril el presidente Santos le manifestó con bombos y platillos a la opinión pública nacional e internacional, con la complicidad de los influyentes medios de ‘comunicación’:
"Esta mañana resolvieron ese asesinato, son 5 personas las que han identificado, 5 integrantes del ELN, o sea que todas esas insinuaciones que apuntaban a nuestra fuerza pública quedan totalmente desvirtuadas".
Sin embargo, las que pronto quedaron desvirtuadas fueron las palabras de Santos, pues lo que él, los altos mandos castrenses y los medios, ocultan es el burdo montaje judicial contra personas inocentes.
A finales de marzo pasado la ONG Humanidad Vigente precisó en un comunicado que debido a las amenazas y el inminente peligro contra la vida del padre y otros familiares cercanos de la niña abusada y asesinada junto a sus hermanitos, estos tuvieron que abandonar la zona.
Después de al menos ocho aplazamientos tramposos de audiencia, la nueva defensa del presunto violador e infanticida, teniente Raúl Muñoz, tratará demencialmente de demostrar que sus víctimas se prostituían desde tiempo atrás.
Y lo harán, según Noticias Uno, utilizando una coartada todavía más infame: presuntos reinsertados de la guerrilla que se desmovilizaron en 2008.
Nada más ofensivo contra la dignidad de las niñas y los niños, de sus familiares y de toda persona que aún le quede algo de humanidad.
