¿Retorno y permanencia sin garantías?

Por Iván Cepeda. Representante a la Cámara

Probablemente, uno de los asuntos que mayor controversia ha causado en los últimos meses en Colombia es la política de restitución de tierras.

En contraste a los conatos de discusiones de carácter democrático que se han librado públicamente en torno a la ley de tierras, la reacción que ha causado en algunos sectores, vinculados a la gran propiedad de la tierra y expresada mediante diversos métodos y escenarios al país, ha sido virulenta.

Durante décadas, la cuestión agraria ha permanecido de una u otra forma en el fondo de toda discusión política en Colombia. Los períodos de violencia que ha sufrido nuestro país están íntima y profundamente vinculados con los ciclos de acumulación de la tierra y los capitales vinculados a esta en muy pocas manos y representa uno de los mayores obstáculos para la maduración de la democracia y la justicia en Colombia.

Los últimos años del gobierno de Uribe representan uno de los períodos más violentos del despojo de tierras. Dos entre miles de estos casos son el de la Hacienda las Pavas, en el departamento de Bolívar y los predios de El Tamarindo, en el Atlántico.

123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares.

Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al Incoder la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión.

No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico Daabon, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.

Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.

Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.

En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento de Magdalena, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia.

Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40,-

se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios.

En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el Esmad ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.

Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad.

Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.

Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades.

Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.

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