Tres niños fueron heridos por el ejército en el Guaviare
Por Camilo Raigozo. Con información de Red de Derechos Humanos Agroguejar Hurtado

Las comunidades de la vereda Puerto Cachicamo, Guaviare, denunciaron que unidades del Ejército adscritas a la Brigada Móvil 7, Batallón 64, dispararon indiscriminadamente contra la población civil dejando heridos a tres menores de edad.

A las 9:00 a.m. del 11 de febrero pasado, en el casco urbano de la mencionada vereda, se escucharon unos disparos y un soldado cayó herido al frente del SAI llamado Telerec que queda en la calle principal.

Dos soldados lo arrastraron al interior del SAI y reaccionaron disparando indiscriminadamente para todos lados, sin tener en cuenta que había civiles en las calles. “Tranquilo niche que después de esto sigue usted”, amenazaron a un hombre.

Los niños heridos por los disparos de los militares fueron, Jhonier Estiven Arco López, de 12 años; Everney Forero Suárez, de 12 años y Andrea Johana Ateortúa Zapata de 13 años, quienes se encontraban en las aulas de la institución educativa Santa Helena recibiendo clase.

Según la denuncia, otros soldados se ubicaron alrededor de la institución educativa, mientras que desde una esquina un uniformado abrió fuego contra los alumnos y profesores hiriendo a los tres estudiantes.

Un alumno observó que el soldado estaba en la esquina disparando hacia ellos y acto seguido los estudiantes entraron en terror y pánico. Los profesores les indicaron que se agacharan y le prestaran primeros auxilios a la niña herida, pero ella seguía sangrando profusamente. Un profesor decidió correr hacia el portón para tratar de abrirlo, pero se escucharon más disparos.

“Entonces decidió saltar la malla, un padre le ayudó pasándole una silla y se enteraron que había más niños heridos. En el pueblo se produjo una gran confusión, ya que la gran mayoría tienen sus hijos estudiando allí”, dice un aparte de la desesperada denuncia.

Luego la comunidad se reunió de forma inmediata en el parque para tratar de evacuar a los heridos, ya que el poblado carece de atención médica básica. “Hay un centro de salud pero sin médico que atienda a la población”, se quejaron los lugareños.

El mayor Elkin Argote, de la Brigada Móvil 7, batallón 64, se presentó en el parque para evacuar trasladar a los niños heridos, pero la comunidad le pidió garantías para trasladarlos.

Pidieron la presencia de la Cruz Roja, derechos humanos o la Defensora del Pueblo, pero el Ejército se demoró mucho tiempo y los niños tuvieron que ser trasladados por la comunidad por vía fluvial hacia la Carpa donde los esperaban los médicos de allí y de El Capricho.

El mayor Argote ofreció disculpas y aceptó que sus hombres cometieron un error. Ofreció tomar los correctivos correspondientes y la comunidad le contestó que “siempre nos han puesto en peligro y esta vez resultaron heridos nuestros niños. Nosotros le pedimos que por favor se vayan o desalojen la vereda.

“El mayor Argote se comprometió a retirar las tropas del casco urbano, cosa que hasta el momento no se ha cumplido, porque después de todo lo sucedido aun continúan llegando tropas permanentemente”, dicen los denunciantes.

Lo sucedido tiene muy alterada a la comunidad pues los niños no quieren regresar a la escuela. Como a las 12:00 m. se presento el coronel Wilson Chávez acompañado de una mujer y trataron de hacerle unas preguntas al vicepresidente de la junta de acción comunal, pero él les dijo que hablaría con toda la comunidad presente, lo que se hizo en el centro del parque principal.
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Cuando la comunidad estaba reunida, la mujer que acompañaba al oficial se identificó como Carolina, asesora jurídica del ejército y que estaba allí para enterarse y escuchar la comunidad sobre lo sucedido en las horas de la mañana.

El vicepresidente le dijo que solo hablarían de lo sucedido si se presentaba la Fiscalía, la Cruz Roja o derechos humanos pero ninguna entidad de estas se hizo presente. La mujer alegó que con ella se podían hacer las declaraciones o narraciones de lo ocurrido.

Algunas personas argumentaron que “si usted es la asesora jurídica del ejercito, quienes son los asesores de nuestro pueblo, para eso pedimos al defensor del pueblo o una delegación de los derechos humanos”

“Yo soy neutral”, dijo ella y agregó que no iba a obligar a nadie a declarar, pero amenazó con que “en San José del Guaviare nos vemos para testificar a más de uno del pueblo y eso les va a salir más caro”.

Sin embargo los padres ofendidos y la comunidad se mantuvieron en que “nosotros con ustedes no hablamos, ni declaramos nada. Hablamos cuando venga la Fiscalía o un representante de derechos humanos”.

Ella argumentó que tuvieran la plena seguridad que la Fiscalía no iba a llegar por que no había pasado nada, ni habían muertos para levantamiento, lo que generó un agrio enfrentamiento con la comunidad que exigía el respeto a sus derechos.

Luego la asesora militar fue al SAI a recoger pruebas y allí dijo: “que reclama la gente si lo que tiene es un soldado muerto. Ya estamos a mano por que hay afectados de lado y lado”.

Una señora que la escuchó indignada le contestó: “usted está furiosa por el soldado muerto, pues nosotros también lo estamos pues tenemos tres niños heridos que nada tienen que ver con el conflicto y los niños no estaban armados y estaban en un lugar que se supone es protegido, según el Derecho Internacional Humanitario”.

“Todos estos hechos nos han causado consecuencias muy graves que se ven reflejadas inmediatamente en nuestra comunidad, como la deserción estudiantil. Ya habíamos tenido un logro muy importante en la educación porque habíamos aumentado la matricula y teníamos el proyecto del internado.

“Pero debido a los sucesos ninguno de los niños quiere vivir en el pueblo. Las consecuencias son muy graves para esta comunidad, en materia educativa”, advirtió la población.

En la escuela no hay seguridad pues el ejército sigue acampado a 300 metros de la institución, prácticamente dentro del pueblo. Anota la denuncia que las tropas están habitando de forma abusiva en la casa de Isaac Montenegro, quien por motivos ajenos a su voluntad no se encuentra en la región.

Así mismo la población acusó a los uniformados de utilizar la represa del acueducto como piscina, impidiendo la utilización del agua que llega a las casas para el consumo diario por su contaminación.

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