lunes, septiembre 14, 2015

Terrorismo de Estado
Mindefensa y Ejército deberán pedir perdón públicamente por masacre de San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Consejo de Estado validó el acuerdo de conciliación pactado entre los familiares de las víctimas de la masacre de la comunidad de Paz de San José de Apartado y el Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Medellín en octubre de 2012.

La masacre fue perpetrada por terroristas pertenecientes a la Brigada 17 del Ejército conjuntamente con paramilitares, bajo la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen de terror del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa.

Los criminales oficiales y paraoficiales del régimen asesinaron a cinco adultos y tres niños. Algunas de las víctimas fueron degolladas y desmembradas, unas tiradas en fosas y otras dejadas a la intemperie.

Tanto Uribe como los altos mandos militares y sus cómplices, los medios de “comunicación”, trataron en un principio de desviar la atención y las investigaciones culpando de la masacre a las FARC EP, un libreto que repitieron decenas de veces sin ninguna vergüenza.

Carlos Andrés Torres, ase
sinado por terroristas de la
Brigada 17 del Ejército el
9 de abril de 2013.
Los sátrapas hubieran logrado su objetivo sobre el horrendo hecho, de no haber sido por una comisión de senadores estadounidenses que realizó su propia investigación y concluyó que: “El Ejército fue responsable de la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz del 21 de febrero de 2005. Encontramos evidencias creíbles de la cooperación y coordinación extensiva entre el Ejército y los paramilitares”.

El alto tribunal determinó que por la masacre el Ministerio de Defensa y la Brigada 17 del Ejército pidan perdón públicamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general en una ceremonia. Igualmente tendrán que reconocer su participación en la misma.

Las investigaciones pudieron establecer que la noche del 21 de febrero de 2005 los asesinos del Ejército y sus paramilitares torturaron, asesinaron y descuartizaron a las víctimas.

Luego de la masacre varias familias de la comunidad se vieron forzadas a abandonar sus tierras, que era justamente el objetivo que pretendía el régimen, como ocurrió en todo el territorio nacional para entregarle las tierras abandonadas a ganaderos, palmeros, multinacionales, megaproyectos, etc.

En su conocida táctica criminal para justificar los asesinatos, Álvaro Uribe acusó a los miembros de la comunidad de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC EP.

Desde la masacre de febrero de 2005 han sido asesinados por la alianza militar-paramilitar al menos otros 19 miembros de la comunidad de paz.

A finales de ese mismo año seis jóvenes fueron acribillados mientras dormían. El comandante de la Brigada 17 inmediatamente acusó sin ningún fundamento del séxtuple crimen a guerrilleros del frente 58 de las FARC EP.

Como siempre, los medios de comunicación repitieron la falacia cientos de veces convirtiéndola en verdad, mientras que la Procuraduría, afecta siempre al estamento militar  no se quedó atrás y declaró a la nueva masacre como un crimen de guerra de la insurgencia.

En esta ocasión no hubo comisión de congresistas de Estados Unidos que investigara y por lo tanto la masacre de los jóvenes permanece en la impunidad.

Una de las últimas víctimas fue Carlos Andrés Torres, de 20 años, quien fue asesinado por terroristas de la Brigada 17 del Ejército el 9 de abril de 2013, en Caracolí, corregimiento de San José de Apartado.

Entre 1977 y el año 2012 al menos 202 personas fueron asesinadas por la alianza entre militares y paramilitares. 

Para evitar el exterminio a manos de la demencial estrategia, el 23 de marzo de 1997 los pobladores crearon la Comunidad de Paz de  San José de Apartadó, pero las cosas no cambiaron mucho, especialmente en los ocho años del régimen de terror de Uribe.

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