Militares y paramilitares
asesinaron a tres niños y
cinco adultos en febrero
de 2005 bajo el régimen de
terror de Álvaro Uribe.

Parauribismo
En una zona altamente militarizada paramilitares asesinaron a otro campesino en San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 21 de septiembre al medio día paramilitares asesinaron de varios disparos al labriego Ernesto Guzmán, pedre de cinco hijos. La nueva víctima vivía en la vereda Playa Larga.

En esa misma fecha, tres horas más tardes, en el asentamiento de San Josecito, dos sujetos intentaron ingresar a la vivienda de un miembro de Consejo Interno, informó la Comunidad de Paz.

El 11 de septiembre de 2015 varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de la vereda Mulatos y La Resbalosa eran guerrilleros y milicianos de las FARC, que no se les permitía volver a pasar por allí, según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla.

El 10 de septiembre de 2015, hacia las 11 de la mañana, dos miembros de la Comunidad de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron abordados por agentes de la Policía a la altura del barrio Alfonso López, en Apartadó.

Allí fueron empadronados y fotografiados por los policías quienes argumentaron que ellos hacían lo que se les daba la gana ya  que eran la autoridad y estaban por encima de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que la Corte Constitucional emitió la sentencia C-1024 del 2002 mediante la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamientos.

"Esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción", expresó la Corte.

El 26 de agosto de 2015, cuando miembros de la Comunidad de Paz se trasladaban desde el casco urbano de Apartadó, hacia el asentamiento de la Comunidad en San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía quienes los sometieron a chantaje.

Luego procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En forma contundente se evidencia el método de pillaje y persecución que se vuelve a implementar contra los miembros de la Comunidad de Paz.

El 5 agosto de 2015 el comandante de la Brigada 17del Ejercito, coronel German Rojas Días, a través de un evento público en las afueras de la alcaldía de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se quiten las medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. 

Las comunidades se preguntan si los deseos del coronel son para seguir matando y reprimiendo, en complicidad con los paramilitares,  a los pobladores con más facilidad y con plenas garantías de impunidad.

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Terrorismo de Estado

Mindefensa y Ejército deberán pedir perdón públicamente por masacre de San José de Apartadó

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Consejo de Estado validó el acuerdo de conciliación pactado entre los familiares de las víctimas de la masacre de la comunidad de Paz de San José de Apartado y el Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Medellín en octubre de 2012.

La masacre fue perpetrada por terroristas pertenecientes a la Brigada 17 del Ejército conjuntamente con paramilitares, bajo la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen de terror del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa.

Los criminales oficiales y paraoficiales del régimen asesinaron a cinco adultos y tres niños. Algunas de las víctimas fueron degolladas y desmembradas, unas tiradas en fosas y otras dejadas a la intemperie.

Tanto Uribe como los altos mandos militares y sus cómplices, los medios de “comunicación”, trataron en un principio de desviar la atención y las investigaciones culpando de la masacre a las FARC EP, un libreto que repitieron decenas de veces sin ninguna vergüenza.

Carlos Andrés Torres, ase
sinado por terroristas de la
Brigada 17 del Ejército el
9 de abril de 2013.

Los sátrapas hubieran logrado su objetivo sobre el horrendo hecho, de no haber sido por una comisión de senadores estadounidenses que realizó su propia investigación y concluyó que: “El Ejército fue responsable de la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz del 21 de febrero de 2005. Encontramos evidencias creíbles de la cooperación y coordinación extensiva entre el Ejército y los paramilitares”.

El alto tribunal determinó que por la masacre el Ministerio de Defensa y la Brigada 17 del Ejército pidan perdón públicamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general en una ceremonia. Igualmente tendrán que reconocer su participación en la misma.

Las investigaciones pudieron establecer que la noche del 21 de febrero de 2005 los asesinos del Ejército y sus paramilitares torturaron, asesinaron y descuartizaron a las víctimas.

Luego de la masacre varias familias de la comunidad se vieron forzadas a abandonar sus tierras, que era justamente el objetivo que pretendía el régimen, como ocurrió en todo el territorio nacional para entregarle las tierras abandonadas a ganaderos, palmeros, multinacionales, megaproyectos, etc.

En su conocida táctica criminal para justificar los asesinatos, Álvaro Uribe acusó a los miembros de la comunidad de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC EP.

Desde la masacre de febrero de 2005 han sido asesinados por la alianza militar-paramilitar al menos otros 19 miembros de la comunidad de paz.

A finales de ese mismo año seis jóvenes fueron acribillados mientras dormían. El comandante de la Brigada 17 inmediatamente acusó sin ningún fundamento del séxtuple crimen a guerrilleros del frente 58 de las FARC EP.

Como siempre, los medios de comunicación repitieron la falacia cientos de veces convirtiéndola en verdad, mientras que la Procuraduría, afecta siempre al estamento militar  no se quedó atrás y declaró a la nueva masacre como un crimen de guerra de la insurgencia.

En esta ocasión no hubo comisión de congresistas de Estados Unidos que investigara y por lo tanto la masacre de los jóvenes permanece en la impunidad.

Una de las últimas víctimas fue Carlos Andrés Torres, de 20 años, quien fue asesinado por terroristas de la Brigada 17 del Ejército el 9 de abril de 2013, en Caracolí, corregimiento de San José de Apartado.

Entre 1977 y el año 2012 al menos 202 personas fueron asesinadas por la alianza entre militares y paramilitares. 

Para evitar el exterminio a manos de la demencial estrategia, el 23 de marzo de 1997 los pobladores crearon la Comunidad de Paz de  San José de Apartadó, pero las cosas no cambiaron mucho, especialmente en los ocho años del régimen de terror de Uribe.

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Terrorismo de Estado

Fiscalía y militares continúan atropellando a la población de San José de Apartadó

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado domingo 23 de agosto, cuando se desarrollaba una reunión entre las directivas escolares, padres de familia, la asociación campesina, el  Comité de Derechos Humanos y el secretario de educación de Apartadó, en las instalaciones del salón comunal, fueron hostigados por dos sujetos de civil evidentemente armados.

Los pobladores identificaron a los dos sujetos como miembros de la Fiscalía de Apartadó. “Desconocemos por qué nuevamente el Estado colombiano intenta darle un carácter de guerra a estas manifestaciones de la democracia como lo son las reuniones comunales para tratar de darle salida y solucionar problemáticas para el bien de la comunidad”, expresa la denuncia del Comité de Derechos Humanaos de San José de Apartadó.

El mismo día a las 9 y media de la mañana cuando Andrés Marín esperaba transporte para dirigirse al corregimiento San José de Apartadó a jugar un partido de futbol, fue detenido , fotografiado y reseñado ilegalmente por miembros de la Policía.

Marín es el presidente la junta de acción comunal de la vereda Guineo Alto de San José de Apartadó, donde vive con su familia.

“A este comité le preocupa esta clase de procedimientos irregulares, porque generalmente es el preludio de montajes judiciales o inclusiones de personas en listas de grupos paramilitares que luego son desaparecidas o asesinadas”, afirma la fuente.

Por lo anterior la población de San José de Apartadó y sus organizaciones sociales responsabilizan al Estado colombiano, al Ejército, Policía y paramilitares, de lo que le pueda pasar no solamente al dirigente Andrés Marín, sino a todas las personas víctimas del accionar de la fuerza pública en complicidad con paramilitares.

Por otro lado, el Ejército mantiene su base militar en cercanías del centro educativo infringiendo gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario y poniendo en alto riego la vida y la integridad de los niños que reciben clases en el plantel, según la fuente.

A pesar de los múltiples reclamos y peticiones de la comunidad para que el Ejército retire de las áreas civiles su base militar, esto no ha sido posible por la arrogancia  de los altos mandos y por la cobardía de las tropas de salir a combatir a la insurgencia en las montañas donde se encuentra, sino que pone como escudos humanos a los niños y a la población en general.

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