Terrorismo de Estado
ONG internacional denuncia que militares y paramilitares
continúan asesinado población civil
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La ONG de derechos humanos Rete Italiana di Solidarieta denunció
a través de Notimundo que “grupos armados legales e ilegales continúan realizando ataques
indiscriminados, amenazando y asesinando a la población civil”.
Según la ONG, quien a su vez basa su información en informes
de las comunidades afectadas, el lunes 24 de marzo de 2014 en horas de la
mañana al parecer militares hicieron explotar un artefacto cerca a los espacios
de deporte y recreación en San José de Apartadó.
El jueves 26 de
marzo de 2014 a las cuatro de la tarde efectivos militares entraron
abusivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito.
A pesar de que se les pidió que se retiraran del lugar,
amenazaron a los miembros de la Comunidad diciendo que ellos hacían lo que se
les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma, que la autoridad son
ellos y no una hp comunidad de paz.
El sábado 28 de marzo de 2014 hacia las dos de la tarde, militares
detuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban
algunas bestias en los espacios de cultivos de las familias de la Comunidad.
Los uniformados amenazaron a los dos campesinos diciéndoles
que si daban un paso más no respondían por sus vidas.
“La presencia militar en los espacios de trabajo, no son
otra cosa más que una forma de obstaculizar las labores de campo que
cotidianamente realizan los campesinos en los cultivos de pan coger y de
subsistencia”, afirma el documento.
En las últimas semanas se ha visto el movimiento de
maquinaria y material para construir un megacolegio en el casco urbano de San
José, dirigido desde el más alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta que
dichas instalaciones se vienen realizando junto a la base militar.
La Comunidad se enteró en los últimos días sobre las
amenazas de los paramilitares a la familia de apellido Molina en la vereda
Rodoxali, corregimiento de San José, a
quienes obligaron a venderles una finca.
Los ‘paras’ por intermedio de amenazas y terror se
hicieron a la finca, la cual tiene una extensión de 300 hectáreas. Todo lo
hicieron frente a las autoridades civiles y militares quienes no hicieron nada
para proteger al campesino.
La finca era propiedad del campesino Ismael Molina Correa
quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pisar una mina antipersona
colocada por los mismos paramilitares.
Caso Curvaradó y Jiguamiandó
El 13 de marzo de 2014 en cercanías de la Zona
Humanitaria del consejo comunitaria de Pueblo Nuevo, se presentó un contacto
armado entre el ejército y la guerrilla de las FARC en el que murieron dos
militares.
En venganza los uniformados estatales, al pasar cerca de
la Zona Humanitaria señalaron como responsables a los afrocolombianos que
habitan el Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo.
De igual manera, estructuras paramilitares que operan en
Belén de Bajirá afirmaron que como los militares estaban muy flojos, ellos
tendrían que apoyarle en Jiguamiandó. En efecto, el domingo 23 de marzo se
observaron, según algunos testigos, operaciones oficiales con la presencia de
paramilitares.
El 24 de marzo de 2014 en Belén de Bajirá, hombres que se
movilizan en motocicleta, al parecer paramilitares, abordaron a la hija de la
lideresa, Liria Rosa García, para preguntar por ésta y por, el líder Raúl
Palacios.
Al negarse a
dialogar, los motorizados la intimidaron. Liria y Raúl son integrantes del
consejo comunitario de Caracolí, Curvaradó.
El 26 de marzo de 2014,
paramilitares hostigaron a los habitantes de la Zona Humanitaria del
consejo comunitario de Camelias, Curvaradó.
Según la fuente, entre los paramilitares estaban alias “perro
negro” y “el perro”. Los criminales vestidos de civil se movilizan libremente
por la zona, especialmente en el puerto de Brisas de Curvaradó pese a la
presencia del ejército y la Policía.
Caso Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
El 3 de marzo de 2014 a las 8 de la mañana, fue
brutalmente asesinado el Comunero, docente y estudiante indígena Epifanio Latín
Ñuscue en la vereda La Mina del Cabildo La Cilia la Calera, municipio de
Miranda, Cauca.
El 14 de marzo de 2014, Liliana Quiguanas de 26 años de edad, madre
soltera de una niña de 7 años y un niño de 5, murió al haber quedado en medio
de los combates entre la guerrilla y el ejército.
La autoridad de Tacueyó ha exigido infructuosamente el retiro
de la fuerza pública de las áreas protegidas por el DIH tanto de la vereda
Buenavista, como del barrio Belén del centro poblado de Tacueyó. Igualmente retuvo
a tres milicianos quienes son investigados por generar daños y desarmonía en el
territorio.
Finalmente la ONG italiana presentó un derecho de
petición enviado por el Padre Javier Giraldo al Presidente Juan Manuel Santos
el 13 de marzo del año en curso, en el que reitera la solicitud de ordenar la entrega, sano y salvo, del joven Buenaventura
Hoyos Hernández, secuestrado por paramilitares.
