Terrorismo de
Estado
Al menos 12
víctimas de falsos positivos judiciales del Ejército en el Huila
Por Camilo
Raigozo. Notimundo
El régimen
terrorista que padece Colombia vuelve, al mejor estilo uribista, a realizar las
consabidas detenciones masivas contra campesinos u opositores políticos a los cuales acusa
de tener algún vínculo con la guerrilla.
La demencial
estrategia consiste en que las fuerzas de seguridad del régimen, principalmente
el Ejército y la Fiscalía, con base en acusaciones de supuestos desertores de
la guerrilla, que realmente son producto de la “Fábrica Nacional de Testigos
del Ejército”, inventan montajes judiciales contra personas inocentes.
Las víctimas son capturadas, presentadas ante los medios, que actúan como
cómplices, como guerrilleros o auxiliares de la subversión y encarceladas.
Los procesos
duran varios meses o años sin importar el daño causado a las personas privadas
de la libertad injustamente, a sus familias y al tejido social al que
pertenecen. Finalmente, como han sucedido centenares de veces, las víctimas
son dejadas en libertad ante la falta de pruebas.
Esta vez se
repite el libreto al pie de la letra. El comandante de la Novena Brigada,
coronel Ariel Gustavo Vargas Solano, afirmó ante los medios que, “con la
captura de estas personas se está desvertebrando gran parte de la estructura
guerrillera que opera en este sector del país”.
Igualmente el
alto oficial del aparato militar del gobierno dijo que el operativo fue el
resultado de meses y años de investigación y acervo de elementos probatorios
entre los que no faltan los “testimonios de desmovilizados”.
Según Vargas
Solano “estas personas se habían convertido en la ‘columna vertebral’ de la
organización al margen de la ley y se dedicaban
al apoyo logístico y financiero de la estructura guerrillera”.
Las órdenes de
captura contra las doce nuevas víctimas fueron emitidas por el Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Control de Garantías por los delitos de rebelión y concierto
para delinquir.
El comunicado de
la Novena Brigada se cuida de darle un alias a cada una de las personas para
hacer más creíble el montaje.
Al campesino
José Ermidez Amaya Macías, de 41 años, el Ejército lo acusa de ser miembro de
las FARC EP, según pruebas recolectadas durante 20 años.
“Actualmente se
estaría desempeñando como cabecilla de la red de apoyo a la insurgencia
cumpliendo misiones como inteligencia delictiva a la tropa, almacenamiento de
material de intendencia y explosivos, así como de esconder guerrilleros. Sería además el
encargado de suministrar información a los cabecillas para la realización de
actividades extorsivas”, dice el comunicado castrense.
Otras víctimas
del terrorismo de Estado son: Arturo Vanegas, a quién el Ejército le pone el
alias de “El viejo”, y Alejandro Cardozo. Los acusa de reclutamiento forzado de
menores, vigilar los movimientos del ejército, suministro de medicamentos,
radios y víveres a la guerrilla.
Las otras
víctimas son: Fernando Alfredo Leguizamón Lemus, de 40 años; José David
Leguizamó Rojas; Héctor Danilo Villamil Osorio, de 52 años; Luis Oldán Peralta
Bonilla; Jeremías Rodríguez Gaitán; Amanda Tafur Calderón; José Antonio Cardozo
Muñoz; Andrés Mauricio Reyes Calderón y José Salomón Leguizamo Rojas de 47
años.
El ministro de
guerra y represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, había impulsado con la
complicidad del Congreso una reforma a la justicia penal militar que de haber
sido avalada por la Corte Constitucional, estas personas y tal vez
centenares más, pudieron haber sido asesinadas por los militares, bajo la
concepción de Pinzón de que eran “blancos legítimos” a pesar de su inocencia. Foto Opanoticias.
