Terrorismo de EstadoPor: Camilo Raigozo. Con información de Cceeu
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, organización
internacional de derechos humanos, que agrupa varias ONGs nacionales e
internacionales, denunció las detenciones arbitrarias y las judicializaciones
contra líderes,-
lideresas campesinas, defensores y defensoras de derechos
humanos en el marco de la protesta pacífica de habitantes de los 12 municipios
afectados por el megaproyecto hidroeléctrico- Hidroituango, judicializaciones y detenciones que son una clara
violación al derecho a la protesta y a
defender los derechos humanos
Desde el pasado 10 de marzo las comunidades afectadas por
el proyecto Hidroituango iniciaron
nuevamente una jornada de movilización regional para protestar por los impactos
negativos generados por la construcción de este megaproyecto,-
los cuales han
sido manifestados y denunciados de manera permanente por habitantes de los 12
municipios afectados pero que al momento
no han tenido respuesta concreta por parte de las Empresas Públicas de
Medellín, EPM, ni de la Gobernación de Antioquia.
En el marco del debate frente al megaproyecto, la
Asamblea Departamental de Antioquia citó a un debate público el 13 de marzo de
2013, en el cual participaron pobladores y pobladoras de los municipio de
Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Sabanalarga, Peque, Liborina
y Yamural quienes pertenecen al movimiento Ríos Vivos y hacen parte de los
afectados por el megaproyecto.
En un acto inexplicable e indigno a este evento no
asistieron ni la Gobernación de Antioquia ni las EPM, lo que no permitió un
debate amplio y abierto frente a las denuncias que las comunidades realizaron
en materia de incumplimientos por parte de EPM y las graves violaciones de
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se
presentan de manera repetida en la zona.
Para el 14 de marzo de 2013 en el Valle de Toledo, el
Movimiento Ríos Vivos convocó a una asamblea de las comunidades de los 12
municipios afectados por la construcción del megaproyecto para continuar el
debate acerca de los impactos que genera dicha obra en los territorios.
Las comunidades que participaron en el debate de la
Asamblea Departamental se desplazaron de Medellín a dicho municipio el
día 14 de marzo, y siendo aproximadamente las 9 a.m. en la vía que comunica los
municipios de Yarumal y San José de la
Montaña, en el retén instalado en la base militar de la Hacienda la Carolina
fue detenido el bus por hombres pertenecientes al Batallón de Artillería número
4 Bajes, perteneciente a la Cuarta Brigada.
Los militares sometieron a una rigurosa requisa a los campesinos
y les impidieron continuar el viaje argumentando problemas de orden público. Lo
paradójico es que durante 30 minutos no impidieron la movilidad de los
vehículos de transporte público ni los de EPM, solo ante la protesta de delegación campesina, interrumpieron todo paso
vehicular.
Luego procedieron a verificar antecedentes únicamente a
las personas que hacían parte dela delegación de afectados por Hidroituango.
Luego de esto se acercó un mayor de la policía de apellido Narvaez, acompañado
de otros dos individuos quienes filmaron a la delegación, y nuevamente, pero
esta vez la policía solicita los documentos de identidad para verificar
antecedentes. Después de dos horas la delegación pudo continuar con el viaje.
El 15 de marzo de 2013 el Movimiento Ríos Vivos y la
Comunidad habían denunciado el hostigamiento de miembros de la policía nacional
que irrumpió de forma intimidante en una asamblea que realizaban los
participantes de la movilización.
El 16 de marzo de 2013, aproximadamente a las 9:30 a.m.
fueron detenidas arbitrariamente 77
personas que hacen parte de la protesta pacífica contra los graves impactos que
desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango; estas personas pertenecen
a las comunidades afectadas y al Movimiento Ríos Vivos.
Estas personas fueron hostigadas por la policía nacional
para que firmaran un acta de buen trato.
11 personas de las detenidas fueron remitidas al municipio
de Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia, pues fueron judicializadas de manera
arbitraria y siendo un claro ejemplo de persecución contra las organizaciones
sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos que se han movilizado
pacíficamente contra impactos negativos de esta mega obra.
Los líderes y lideresas judicializados son:
Isabel Cristina Zuleta, Piedad Mazo, Jorge García, Leodider
Echavarría, Robinson Monsalve, Juan David Sucerquia, Edwin Villegas, Tana
García, Carolina Jaimes, Y dos personas más.
La organización Cceeu, exigió al gobierno de Juan Manuel
Santos cesar la brutal represión contra las protestas sociales, respetar los
derechos humanos y la libertad inmediata de las 11 víctimas del régimen
terrorista.
