Un debate que se calientaEl director de Indepaz hace un reposado análisis en torno a la polémica sobre la ampliación de la propiedad campesina, que tanto revuelo ha causado en los últimos días.
Por: Camilo González Posso. El Espectador
¿Cuál es el problema con las Zonas de Reserva Campesina
(ZRC)? No hay duda de su legalidad, como lo establece la ley 160 de 1994. Con
ese marco, entre los años 1997 y 2002, se aprobaron seis zonas mediante
resolución del Incoder. Una de ellas se revalidó en 2011, para un total de
831.111 hectáreas.
Entre 2002 y 2011, el gobierno de Álvaro Uribe no
autorizó ninguna, y con la administración Santos se inició formalmente el
proceso para siete nuevas: dos en Montes de María con 458.000 hectáreas, una en
Catatumbo con 350.000 hectáreas, dos en el Meta con 250.000, y las otras en
Cesar (150.000) y Sumapaz (40.000). Además, el Incoder registra diez
solicitudes que están en estudio y que tienen 471.948 hectáreas.
Entre las que están aprobadas, las que tienen resolución
de inicio de trámite y las que están en estudio, que son 23 zonas, suman
2’056.059 hectáreas que son posesiones de campesinos colonos que tienen en
promedio una Unidad Agrícola Familiar.
De seguir adelante este proceso lo que se tendrá a corto
plazo es simplemente la formalización de la propiedad campesina de esas
posesiones de vieja data que forman parte de las olas de expulsión de los
campesinos hacia la selva en las diversas épocas de violencia y de
concentración de las mejores tierras.
Si todo es tan legal ¿en dónde está el escándalo? Hay
varias historias alrededor de estas zonas campesinas y de otras que se han
destapado como procesos para la formación de nuevas zonas que, según la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), implican el reclamo
de formalización de 40 nuevas reservas con cerca de siete millones de
hectáreas.
En la mesa de conversaciones de La Habana, las Zonas de
Reserva Campesina han aparecido como una de las formas de ordenamiento del
desarrollo rural y figuran tanto en la propuesta del Gobierno como en las
enviadas por la Mesa de Unidad de organizaciones Agrarias (MUA).
Para sectores terratenientes y del uribismo, el asunto ha
sido de contrainsurgencia y no de derechos campesinos. Muchas de las ZRC
autorizadas, en trámite o en proceso, están ubicadas en regiones en donde en
las últimas décadas ha sido evidente la presencia de la guerrilla y figuran en
los mapas de guerra como zonas rojas. Allí la prioridad de las políticas ha
sido desalojar a los grupos armados ilegales, desplazar a los colonos,
controlar militarmente y pasar a una fase de consolidación.
Solo entonces, y bajo la órbita del gobierno, se
consideran aceptables políticas de formalización de la propiedad de pequeños
poseedores. Y cuando se ha acercado esa situación de consolidación, a las
aspiraciones campesinas, y de los simpatizantes de la guerrilla cuando han
existido, se les superponen los intereses de acaparadores de tierras, ocupantes
de “buena” y mala fe de predios de desplazados y los proyectos de grandes
inversionistas.
El debate se ha calentado porque a la demanda de
reconocimiento en los términos de la ley vigente, la Asociación de ZRC y las
FARC ahora le agregan la propuesta de un reconocimiento como entidades
territoriales con derechos iguales de autonomía a los que hoy tienen por
constitución y por ley los resguardos y territorios colectivos de comunidades
negras.
En esa línea, también han propuesto la exclusión de esas
zonas de los planes extractivistas y el establecimiento del derecho a la
consulta previa para cualquier programa de inversión en esos territorios.
Planteado el problema, se superponen mapas distintos: el
primero es el de zonas campesinas que demandan formalización y políticas de
bienestar y desarrollo; el segundo mapa es el de las aspiraciones territoriales
de quienes quieren aprovechar la situación de conflicto para desalojar
poseedores y adelantar macroproyectos minero-energéticos o agroindustriales; el
tercer mapa es el de la guerra y la disputa por territorios por encima de las
200.000 familias pobladoras, y el cuarto es el mapa político de una hipotética
situación de post conflicto.
Quitándole volumen a la angustia del ministro de
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre posibles “republiquetas”, lo que queda
es un interesante tema de reconocimiento de derechos de propiedad a los
campesinos y una posibilidad de tratamiento a territorios que han sido durante
décadas zonas de tránsito o de retaguardia de las guerrillas.
Si se quiere la paz en Colombia lo primero que se debe
hacer es sacar de la mesa a los ‘avivatos’ y traficantes de tierras para
megaproyectos y sentarse a ver en detalle cual es la realidad de esos 40 nuevos
procesos que proponen legalizar como ZRC.
Con los que cumplan los actuales requisitos de ley, lo adecuado
es iniciar formalmente los trámites. Y sobre las políticas especiales de
bienestar y ecodesarrollo, se debe proceder a articular una oferta audaz de
bienes públicos, crédito, tecnología, mercadeo y de ordenamiento territorial y
ambiental.
Como han advertido campesinos y grupos étnicos, todo esto
sin menoscabo de los criterios de protección de parques naturales, zonas
forestales y de la propiedad colectiva indígena o afrodescendiente.
El debate sobre autonomía de ZRC, zonas interétnicas y zonas
campesinas de desarrollo agropecuario no hay que agotarlo ahora. Por lo pronto,
la MUA y ANZORC, pueden avanzar en figuras de participación y en la afirmación
de la prioridad del derecho a la alimentación sobre los títulos mineros,
dejando la cuestión de la autonomía, más compleja y con mayores resistencias,
para los escenarios de la llamada fase tres o del post conflicto.
No deja de preocupar que se presente tanto escándalo
cuando se habla de tierras ya poseídas por colonos y nada se ha dicho de los alcances
redistributivos del anunciado fondo de tierras que en el proyecto oficial no
parece incluir tierras buenas en la frontera agrícola para ampliar allí la
economía campesina.
Por ahora se limita a baldíos que no se sabe en dónde
están, predios de ‘narcos’ que ya se repartieron los ‘cacos’ y parapolíticos de
la Dirección Nacional de Estupefacientes o que esperan 15 años de procesos y
otros de mala calidad y ubicados en extramuros.
Si nos descuidamos, a la vuelta de la esquina tendremos
la curiosa situación en la cual en lugar de una reforma agraria y rural para la
paz lo que se pone a la ofensiva es la redistribución de baldíos y zonas
campesinas declaradas rojas, a favor de los grandes propietarios e
inversionistas nacionales y extranjeros.
Si en un siglo se le negó al campesino, a sangre y fuego,
el acceso a la propiedad en los valles interandinos, ahora los opositores a la
ampliación de la propiedad campesina y étnica, quieren quedarse con posesiones
en las partes altas de las cordilleras y hasta con buena parte de la Amazonía y
la Orinoquia. ‘That is the question’.
Tomado de:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-411074-zonas-de-reserva-ya-existen