La más perseguida del DAS
El drama de una mujer que fue amenazada, no por grupos ilegales, sino por el Estado. Su caso es emblemático: por primera vez la Fiscalía investiga a siete altos exfuncionarios del organismo de inteligencia por el delito de tortura psicológica. Esta es su historia.
Por: Diana Carolina Durán Núñez, Juan David Laverde Palma. El Espectador
El drama de una mujer que fue amenazada, no por grupos ilegales, sino por el Estado. Su caso es emblemático: por primera vez la Fiscalía investiga a siete altos exfuncionarios del organismo de inteligencia por el delito de tortura psicológica. Esta es su historia.
Por: Diana Carolina Durán Núñez, Juan David Laverde Palma. El Espectador
Al concluir que el DAS como organismo de inteligencia
adscrito a la Casa de Nariño era una entidad jerárquica y colegiada, y poniendo
como ejemplos los juicios del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal
Internacional para la antigua Yugoslavia,-
en los que se juzgó a altos
dirigentes nazis y oficiales yugoslavos por crímenes de guerra perpetrados por
sus subalternos, la Fiscalía encontró evidencias de una tenebrosa persecución
patrocinada por el DAS en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.
La tesis jurídica de “la responsabilidad del superior”
constituye uno de los ángulos más novedosos en las pesquisas adelantadas por
las autoridades acerca de los bochornosos seguimientos e interceptaciones de la
policía secreta de Colombia a magistrados, periodistas, defensores de derechos
humanos y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Con una interpretación que después de años de examinar la
evidencia le permitió a la justicia establecer por primera vez que en el caso
de las chuzadas del DAS, además de todos los excesos del Estado, se cometió el
delito de tortura psicológica.
En 120 páginas una fiscal de derechos humanos constató el
acecho, las amenazas, el hostigamiento y la tortura psicológica que
funcionarios del DAS le infligieron a Duque y a su hija.
Según ella, dicho
acoso comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime
Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato
encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el
homicidio.
Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas
intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron
a exiliarse en el año 2001.
Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un
documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se
documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por
el DAS.
Volvieron los taxis sospechosos, las coronas fúnebres,
los quesos podridos que le dejaban en su residencia, los mensajes funerarios a
su celular y las constancias de la intimidación con frases como: “Cuando
escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “(...) pa
picarla gonorrea”, y la más escabrosa, que decía que iban a quemar viva a su
hija y a esparcir sus dedos por la casa.
Claudia Julieta Duque le escribió cartas a la Presidencia
y a la dirección del DAS denunciando esta persecución, pero nadie le dio
respuesta.
Fue sólo hasta el año 2009 cuando la Fiscalía allanó el organismo de
inteligencia y encontró un centenar de carpetas sobre infinidad de operaciones
encubiertas, registros de interceptaciones de correos electrónicos y teléfonos,
documentos de inteligencia sobre los opositores políticos del gobierno Uribe y
otro largo etcétera de víctimas, que las evidencias reivindicaron las denuncias
solitarias de Duque.
Se estableció entonces un ataque sistemático en contra de
la periodista por lo menos entre 2001 y 2004.
El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”.
El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”.
Lo más absurdo es
que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía
instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta la frase para intimidarla.
El documento hallado rezaba que la llamada debía hacerse
en cercanías a las instalaciones de inteligencia de la Policía, que no debía
durar más de 49 segundos, que lo mejor era hacerla desde un teléfono público,
que quien realizara la llamada debía estar solo y desplazarse en bus hasta el
sitio, que debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad en el lugar y,
por supuesto, “no tartamudear”.
El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni
carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más
quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja
gonorrea hijueputa”.
Para la Fiscalía no hay duda de que el G-3 persiguió
entre 2003 y 2005 a blancos políticos y representantes de ONG, “con el único
propósito de aminorar y amedrentar a todos aquellos que denunciaban hechos y
situaciones que se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de
turno”.
En el caso de Duque, por ejemplo, a través de las
denominadas operaciones “Transmilenio” y “Libertad” fue hostigada a la vez por
dos vertientes de la dirección de inteligencia del DAS. El objetivo era
relacionar a las guerrillas con ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear,
en el que colaboró la periodista.
También se encontró que entre los actos de tortura en
contra de Duque se dispuso, para realizarle seguimientos, del taxi de placas
SHH-348, que resultó siendo de uso de la Subdirección de Operaciones del DAS.
Se halló un reporte de 2004 que señalaba: “Se conoció que
CJD ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al
colegio”, y documentos rotulados como “Reservado” “que evidencian un control a
las líneas” telefónicas de la periodista.
Las declaraciones que dio el coordinador del G-3, Jaime
Fernando Ovalle, fueron determinantes para imponer medida de aseguramiento a
siete altos exfuncionarios del DAS que ordenaron infiltrar ONG para realizar
campañas de desprestigio de todo lo que estuviera relacionado con la izquierda.
El detenido exsubdirector
del DAS José Miguel Narváez —procesado también por los asesinatos de Jaime
Garzón y del exsenador Manuel Cepeda, así como por el secuestro de Piedad
Córdoba— le dijo a la Fiscalía que todas las ONG no eran blanco de
inteligencia, pero sí aquellas cuyos miembros hubieran tenido vínculos con
grupos como el M-19 o el Eln.
Los investigadores hallaron carpetas en las que se
detallaban las maniobras del DAS en el llamado caso “Transmilenio”, en contra
del Colectivo José Alvear; en ellas reposan manuscritos en los que se lee que
los directivos de esta organización eran guerrilleros de las Farc.
Uno de los agentes investigados, Hugo Daney Ortiz,
reconoció que por lo menos desde el año 1992, la Subdirección de Operaciones
hacía verificaciones de inteligencia y análisis sobre distintos episodios del
país o personas. Según contó, muchas de estas actividades ni siquiera tenían un
protocolo.
Al margen de las pesquisas para establecer nexos de ONG
con grupos ilegales, llamó la atención de la Fiscalía la marcada ideología de
los informes del DAS sobre Claudia Julieta Duque, a quien describían como
“escritora, periodista y traficante de derechos humanos”.
Asimismo se documentó que se efectuaron interceptaciones
legales en un proceso paralelo, las cuales terminaron siendo utilizadas de
manera ilegal por el DAS como insumo de inteligencia, a pesar de que tenían un
carácter reservado.
Algunas cartas de Duque en las que denunciaba hechos irregulares del DAS derivaron en procesos internos que se archivaron a los pocos meses.
Algunas cartas de Duque en las que denunciaba hechos irregulares del DAS derivaron en procesos internos que se archivaron a los pocos meses.
El DAS sabía que la periodista había colaborado con la
publicación El embrujo continúa, en la que se hacían graves señalamientos de
derechos humanos al Estado en los tiempos del primer mandato de Álvaro Uribe.
También registraron y acecharon a sus familiares y
amigos, la persiguieron, intimidaron a su hija, la obligaron a salir del país
en tres ocasiones y hasta la hostigaron en Europa mientras huía. Todo lo
denunció en su momento y la tildaron de loca.
Medicina Legal certificó que esta cacería le produjo
estrés postraumático crónico, depresión y un comportamiento esquizoparanoide.
Su caso hizo que por primera vez la justicia encausara a siete exagentes del
Estado en un proceso por el delito de tortura psicológica.