ChocóPor Consejo de Autoridades Asociación Orewa
El departamento del Chocó es el territorio donde vivimos desde tiempos ancestrales los pueblos Indígenas Embera Dobida, Embera, Katío, Embera Chamí, Tule y Wounaan. Habitamos los ríos, las montañas y la selva del pacífico colombiano. Como lo dice nuestro mandato Indígena del noveno Congreso de los Pueblos Indígenas del Chocó (junio de 2011).
Igualmente, el departamento del Chocó es uno de los departamentos con mayor índice de violación a los derechos humanos y ambientales; situación que está poniendo en riesgo la vida de los pueblos Indígenas que habitamos este territorio desde tiempo inmemoriales.
Los proyectos económicos que se están desarrollando y se quieren desarrollar en nuestros territorios, pretenden acabar con nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra autonomía y con la vida misma de los pueblos Indígenas.
A esto se le suma la constante presencia de los grupos armados que se disputan el control de nuestros territorios, quienes con su avaricia, ambición y sus acciones de maldad han puesto nuestras comunidades en medio del conflicto armado, afectando nuestra vida y nuestro territorio.
Vivimos en un contexto de agresión constante que nos somete a amenazas, confinamientos, asesinatos, desplazamientos, señalamientos entre otras acciones de terror que ponen en riesgo la autonomía y la soberanía de nuestros pueblos Indígenas.
Con el paso de los tiempos hemos tenido que sobre llevar situaciones muy difíciles que han afectado la vida de nuestras comunidades, situaciones que en su mayoría se han generado por la llegada de la avaricia, la codicia y ambición de acumulación, que han traído con sigo los colonos que poco a poco se han ido apoderando de nuestros territorios.
En principio llegaron para acabar nuestras selvas, talando los árboles y convirtiéndolos en madera para así satisfacer sus necesidades de consumo, no conforme con la tala de árboles, se comenzó con la siembra de monocultivos tales como el banano, plátano y hoy palma aceitera.
Pero como la avaricia y la ambición por el dinero nunca se sacia en ellos, trajeron el narcotráfico a nuestros territorios, de igual manera comenzaron a escarbar la tierra como aquel armadillo que escarba para encontrar su alimento, estos han escarbado la tierra para encontrar el alimento de sus codicias, como lo son los minerales que la madre tierra a creado para la armonía de la vida.
Así como para nosotros los minerales son un fruto preciado de la vida ya que nos ayuda en el equilibrio con los espíritus de la naturaleza, para lo nuevos hombres que habitan nuestros territorio es el premio que calma pero no llena la ambición.
Esta situación ha creado un desequilibrio en nuestros territorios porque con la llegada de estas personas llego el deseo de acumulación y esto a su vez trajo la muerte y el dolor en nuestras comunidades, volviendo nuestros territorios una fábrica de explotación tanto de recursos naturales como minerales.
Y como la muerte trae más muerte, así como en la naturaleza un cuerpo muerto atrae gallinazos, los grupos armados han ido llegando para apoderarse y controlar los frutos de la explotación natural. Convirtiendo los territorios en zonas de guerra y miseria y en una lucha constante por manejar todo el botín de la acumulación.
Los pueblos Indígenas hemos tenido resistir a todo los proyectos de exterminio que se nos han presentado, Estos temas debieron quedar como huellas del pasado que nos recordaran nuestro caminar, nuestra historia de los últimos cinco siglos,-
pero desafortunadamente es una realidad que sigue presente y cada vez más cruel y despiadada, hasta el punto que la máxima instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional colombiana, en el año 2005 mediante la sentencia T-025 afirmó enfáticamente que en este país vivimos en medio de un estado de cosas inconstitucional.
Posteriormente en 2009, señala expresamente mediante el Auto 04 de seguimiento a dicha sentencia, que los cinco pueblos indígenas que milenariamente habitan el Chocó, al igual que otros 29 pueblos indígenas del país,-
se encuentran en grave peligro de exterminio físico y cultural, como consecuencia del abandono estatal y del desarrollo del conflicto armado en la región, que se ensaña perversa y criminalmente contra la población civil, especialmente contra la más empobrecida y marginada del país.
Como consecuencia de ello, la Corte estableció dos importante ordenes al gobierno nacional, de un lado crear un programa de garantías para todos los pueblos indígenas de Colombia y establecer 34 planes de salvaguarda para nuestras etnias, a fin de que el Estado pase de la formalidad jurídica al cumplimiento del estatus de garante de derechos individuales y colectivos.
Estas órdenes fueron dadas para ser diseñadas de manera concertada con nuestras autoridades y comunidades indígenas pertenecientes a cada pueblo; sin embargo hasta la fecha no solamente no se ha dado cumplimiento a estas órdenes y otras tantas que se han impartido en el marco de la sentencia referida,-
como el de protección de los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y las niñas, sino que continúa y se agrava la situación de nuestras comunidades, quienes se debaten entre afectaciones territoriales, violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos e infracciones al DIH; entre ellas se presentan:
Bloqueos económicos y alimentarios por parte de la fuerza pública y los paramilitares mediante la prohibición de entrada de alimentos a nuestras comunidades con el pretexto que son para las guerrillas.
Prohibición impuesta por los diferentes actores armados de transitar por lugares tradicionales de caza, pesca, siembras, lugres sagrados y fuentes de agua de las comunidades, lo cual viene generando una situación estructural de hambre en la mayor parte de nuestros territorios colectivos del Chocó, cobrando decenas y decenas vidas, especialmente de los niños y las niñas.
Confinamiento y el desplazamiento forzado al interior del departamento del Chocó representado en más de siete mil indígenas desplazados en los últimos años sin que el Estado colombiano les haya restablecido sus derechos, así como el confinamiento de muchas de nuestras comunidades;-
situación ocultada permanentemente por parte del gobierno nacional que a través de Acción Social niega la atención humanitaria integral con el argumento que no se han desplazado porque continúan dentro del territorio, violando los principios rectores del desplazamiento y el marco jurídico colombiano.
Los grupos armados continúan estigmatizando a las autoridades y líderes indígenas que, en ejercicio del Gobierno Propio y la Autonomía, reclaman la garantía al territorio ancestral y el cumplimiento de los principios constitucionales con respecto a los pueblos indígenas, así como la garantía del derecho a la Consulta Previa, Libre e informada.
Amenazas a líderes e integrantes de las comunidades indígenas paran evitar el justo reclamo de las comunidades para que se reconozca y respete su territorio ancestral ante los intereses de multinacionales de explotación de recursos naturales.
Reclutamiento forzado de jóvenes de las comunidades indígenas por parte de grupos armados
Frecuentes intentos de abuso sexual a jóvenes de comunidades indígenas por actores armados legales e ilegales
Invasión transitoria y permanente de los diferentes actores armados legales e ilegales.
Desatención estatal generalizada, especialmente en salud, pues no existe un reconocimiento a nuestra identidad cultural en materia de salud y medicina tradicional, no se ha hecho ninguna intervención adecuada que logre frenar los altos niveles de mortalidad y morbilidad que nos aquejan.
La forma de atender a los indígenas en hospitales y centros de salud en su mayoría es discriminatoria, ofensiva, irrespetuosa y falta de humanidad. En reiteradas ocasiones no les practican los exámenes correspondientes en el tiempo adecuado.
Se han presentado casos irregulares en la atención de indígenas, algunos donde no se toman medidas preventivas, como exámenes para un buen diagnóstico, otros con la muerte como consecuencia y cuando alguna EPS no ha girado recursos a centros hospitalarios con quienes ha firmado contratos, no atienden a la población, igualmente pasa con los medicamentos, hospitalizaciones y remisiones que no son llevadas a cabo.
Muchas remisiones son tardías o incluso no se autorizan, teniendo consecuencias terribles para la vida de nuestras comunidades.
Esta situación se hace aún más grave por la violación al derecho fundamental al territorio, mediante concesiones mineras, madereras y de aguas que el gobierno nacional hace principalmente a empresas multinacionales, sin respetar ni acatar el derecho constitucional e internacional de la Consulta Previa.
En el período comprendido entre 2002 y 2011 se han registrado 238 violaciones a los derechos humanos (entre amenazas y otros delitos contra la humanidad) contra comunidades indígenas en el departamento del Chocó1 evidenciadas en la permanente y sistemática de violación de nuestros derechos y la victimización que sufrimos por el incumplimiento al DIH,-
específicamente el bombardeo y ametrallamiento a comunidades indígenas y bienes protegidos, los reclutamientos forzados y mediante engaño, violaciones de niñas y mujeres, asesinatos, masacres, heridos, desaparecidos, involucramiento de niños y jóvenes en acciones de inteligencia militar,-
desplazamientos masivos, confinamientos, daños materiales, robo de nuestras únicas pertenencias y torturas y amenazas por parte de los actores armados legales e ilegales que actúan en nuestros territorios.
Las zonas en las cuales se concentran el mayor nivel de violaciones a los derechos humanos son
Bajo Baudó
Quibdó – Carmen de Atrato (Zona Carretera)
Carmen del Darién – Riosucio – Unguía – Acandí (Bajo Atrato – Darién Chocoano)
Tal como se expresa:
Bajo Baudó
En las regiones del Alto, Medio y Bajo Baudó se encuentran asentadas históricamente pueblos indígenas pertenecientes a la étnica Embera Dobida, quienes ha pervivido en parte de sus territorios n ejercicio de la autonomía y han convivido con las comunidades negras que llegaron a la zona hace 2 siglos aproximadamente.
Las comunidades del Bajo Baudó, municipio de Pizarro vienen padeciendo el escalonamiento del conflicto armado dada la disputa territorial que se presenta en la zona protagonizada por grupos postdesmovilización denominados “Rastrojos” y “Águilas Negras”-
quienes se confrontan entre sí y con unidades de guerrilla conformadas por la alianza entre el “Frente de Resistencia Cimarrón” del ELN y el Frente “Aurelio Rodríguez” de las FARC – EP, todo esto promovido por el vertiginoso avance en los cultivos de uso ilícito y las actividades del narcotráfico, la declaratoria de zona especial para la realización de la sísmica y la explotación de hidrocarburos de manera inconsulta por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,-
la expansión del Distrito minero de Istimina y su influencia en la zona por la extracción de oro y otros minerales por parte de multinacionales, la implementación de megaproyectos de infraestructura como el proyecto Arquímedes, el Plan 2500 y la explotación irracional de madera.
Así mismo, los grupos armados postdesmovilización con presencia en las cabeceras municipales han permeado instancias institucionales y sociales, generando entre la población un alto nivel de temor y zozobra por la imposibilidad de denuncia de amenazas y persecuciones permanentes de las cuales son víctima líderes y autoridades indígenas que reivindican sus derechos y buscan ejercer la autonomía d los pueblos.
En este contexto se han presentado múltiples desplazamientos masivos hacia los municipios de Pizarro y Quibdó, entre otros. De estos desplazamientos también han sido víctima aproximadamente 1.400 personas, de las cuales gran parte provienen de comunidades indígenas, quienes en su mayoría se desplazan forzadamente entre los resguardos de la zona.
Desde 2010 líderes indígenas como voceros de las comunidades del Resguardo del río Purricha han manifestado su voluntad de afiliarse a la Asociación OREWA para fortalecer sus procesos de defensa del territorio ancestral y el gobierno propio. Ante esta manifestación han recibido múltiples amenazas y hostigamientos.
Entre ellos se encuentran 4 líderes indígenas 2 gobernadores y 2 docentes de las comunidades de Birrinchao y Villanueva, quienes arribaron a Quibdó para diligenciar la afiliación a la Asociación Orewa y denunciar casos de corrupción en la ejecución de los recursos destinados a la garantía al derecho a la educación de niños y niñas indígenas,-
pero que en este momento están siendo buscados en Quibdó por miembros de un grupo armado postdesmovilizació para ser asesinados, tal cual les han manifestado directamente vía celular en las amenazas.
Estos líderes que se encuentran en condición de desplazamiento forzado, desafortunadamente se suman a otras autoridades indígenas amenazadas y/ forzadas a abandonar su territorio por la labor de defensa del mismo y de sus comunidades confinadas por el accionar de grupos armados.
Igualmente, miembros de los equipos de la Asociación Orewa han sido amenazados por acompañar y asesorar las comunidades Embera Dobida del Bajo Baudó.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre este tipo de situaciones y la grave situación humanitaria de las comunidades indígenas del Baudó, particularmente del municipio de Pizarro, tal como aparece en el Informe de Riesgo 011 del 29 de abril de 2009, ratificado como alerta Temprana por parte del CIAT y su consecuente nota se Seguimiento No. 015 del 10 de Junio de 2010.
Lo cual corrobora que los factores de riesgo de las comunidades de la región prevalecen sin la actuación debida de las autoridades competentes.
Zona carretera
La jurisdicción de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato es una de las zonas con mayor número de concesiones para explotación minera otorgadas por el Gobierno nacional, así como la ampliación de la carretera Quibdó – Medellín, ha acentuado los niveles de riesgo y factores de vulnerabilidad de las comunidades-
Embera Dobida, Eyabida y Chamí que habitan ancestralmente estos territorios, que desde hace más de 11 años viven una grave situación humanitaria dada la alta presencia de grupos armados en la zona y la confrontación entre los mismos.
Estos grupos armados además de restringir la movilidad de personas y alimentos, han amenazado en repetidas oportunidades a autoridades y líderes indígenas por el reclamo de sus territorios y denunciar las sistemáticas violaciones a derechos humanos.
El último hecho de violación a los derechos humanos se dio el día domingo 7 de agosto de 2011 alrededor de las 11:00 AM en el punto conocido como el 17, entre la comunidad de Abejero Resguardo de Abejero y la comunidad de las Toldas, Resguardo Indígena de Capa-Lana, municipio del Carmen de Atrato, Chocó.
Fue desaparecida la joven indígena de la etnia Embera Katío de 17 años de edad, María Cecilia Bailarín Domicó, quien es madre de una menor de cuatro años de edad y se encontraba en estado de embarazo.
El hecho se presentó cuando la madre de Cecilia Bailarín salió a realizar sus actividades económicas al río Atrato. La joven se había quedado en la casa preparando el almuerzo para luego llevárselo a su mamá al lugar de trabajo.
Después del mediodía y al ver que Cecilia no llegaba con el almuerzo la madre se regresó para la casa. Cuando llegó a la vivienda no encontró a su hija Cecilia, la buscó en los alrededores pero no la encontró. La madre junto a otros familiares continuaron la búsqueda y en el recorrido hallaron el rastro de huellas de alguien que había sido arrastrado hacia el río.
Según informaciones, algunos vecinos vieron a un hombre desconocido dirigirse hacia la vivienda de Cecilia Bailarín alrededor de las 10:30 de la mañana. En el momento de la desaparición Cecilia Bailarín tenia puesto una camiseta color blanco y una falda color verde.
La guardia indígena de la Zona Carretera desde el mismo domingo inició un recorrido de búsqueda por las comunidades cercanas, pero hasta el momento es incierto el paradero de la joven indígena.
Con este hecho ya son dos casos de desaparición los que se han presentado en la Zona Carretera, ya que a mediados del mes de Julio en la comunidad Indígena de Ovejas municipio del Carmen de Atrato, fue desaparecido el joven Indígena de la etnia Embera Katío Ernesto Majoré de 16 años de edad.
La guardia Indígena ha realizado varios recorridos de búsqueda pero hasta el momento también es incierto el paradero del joven Indígena. Este hecho provocó el desplazamiento de 13 familias indígenas de la comunidad de Ovejas hacia la ciudad de Quibdó y otras comunidades Indígenas de la Zona Carretera.
Debido a esta preocupante situación las comunidades Indígenas de la Zona Carretera se han declarado en Asamblea permanente. Las comunidades Indígenas están muy preocupadas por los constantes hechos de violencia que se han venido presentando e incrementando en los últimos meses;-
situaciones representadas en la presencia de grupos armados legales e ilegales, constantes retenes militares, impedimento para el libre tránsito de las comunidades Indígenas en el territorio, desaparición forzada de 2 jóvenes indígenas y el desplazamiento forzado de varias familias Indígenas.
Es alarmante que todos estos hechos de violencia sucedan en uno de los territorios con mayor presencia del Ejército Nacional en el departamento del Chocó, ya que en el proceso de pavimentación de la carretera Quibdó – Medellín, el gobierno a enviado un gran número fuerza pública para custodiar las maquinarias y brindarles la seguridad a los encargados de dicha obra.
Lo anterior se presenta un contexto de agresión contra los pueblos Indígenas del Chocó, situación que pareciera no tener fin. Las comunidades Indígenas de la Zona Carretera desde años atrás vienen denunciando numerosas agresiones de las que han sido víctimas,-
por ejemplo durante todo este tiempo la comunidad Indígena de Abejero ha vivido el asedio de los grupos armados, que restringen la movilidad hacia las zonas de caza, siembra y pesca, la fuerte presencia de los grupos armados que quieren reclutar forzadamente a los jóvenes y niños Indígenas.
El Constante asedio de los grupos armados contra las mujeres Indígenas, debido a que cuando las mujeres van al río a realizar diferentes actividades económicas y domésticas, son acechadas e intimidadas por miembros del Ejército Nacional, quienes instalan sus campamentos al interior de las comunidades.
Todo lo anterior evidencia la difícil situación a la que están siendo sometidas las comunidades Indígenas a causa del conflicto armado y los “proyectos de desarrollo” que se adelantan en nuestros territorios.
Se tiene como antecedentes que la comunidad Indígena Embera Katío del Resguardo de Abejero, en jurisdicción de Carmen de Atrato fue reconocida en el año 2000, se encuentra conformada en este momento por 15 familias de las cuales 4 familias a cargo de madres solteras. Han padecido diferentes hechos de violencia tales como:
El primer Gobernador José Belarmino Domicó tramitó ante el Incora el reconocimiento legal de territorio ancestral de la comunidad, había sido amenazado por grupos paramilitares que posteriormente lo asesinaron en 22 de agosto de 2000.
Este hecho y las continuas amenazas de grupos paramilitares con presencia en la zona generó el desplazamiento forzado de todas las familias de la comunidad de Abejero que en ese momento eran aproximadamente 45, quienes se vieron obligados a asentarse temporalmente en el municipio de Urrao, Antioquia, perdiendo cultivos, enseres y animales de cría.
En enero 2003, 27 de las familias iniciaron proceso de retorno, sin las garantías institucionales a pesar de las denuncias ante las instituciones. Ante el inicio del proceso de retorno de la comunidad los paramilitares asediaron a la comunidad e incursionaron en el asentamiento torturando a las mujeres y hombres que se encontraban en proceso de retorno.
Los paramilitares desnudaban a mujeres y hombre y luego de amarrarlos los golpeaban con palos, asimismo obligaron a niños y jóvenes a presenciar la tortura de sus padres forzándolos a manifestar que en la comunidad había hecho presencia la guerrilla de las FARC y como estrategia de terror para que la comunidad no denunciara los hechos de tortura y de desplazamiento forzado.
Ante esto, los miembros de la comunidad huyeron de sus casas, tomadas por los paramilitares y se salvaguardaron en la selva intentando asentarse en la cabecera del río Abejero, por cuanto la carretera se encontraba militarizada.
Allí estuvieron aproximadamente 4 meses, al notar que los paramilitares habían abandonado las casas retornaron, pero sin la posibilidad de sembrar o acceder a alimentos por cuanto se encontraban en confinamiento dada la alta presencia de los grupos armados (legales e ilegales) alrededor de la comunidad.
Sin embargo, al percibir la cercanía de los grupos armados las familias huían permanentemente hacia la cabecera del río para resguardarse, en esta situación algunas mujeres embarazadas dieron a luz en la selva, por ello una bebé recién nacida murió por falta de atención.
Como resultado de esta situación muchas de las familias se desplazaron para otras zonas (Urrao, Medellín, Dabeiba, Carmen de Atrato) hasta quedar solamente 4 familias en el resguardo. En 2005 algunas familias comenzaron a retornar nuevamente de manera dispersa.
En abril de 2010 durante la semana santa, la comunidad organizó una minga para ir a cazar y pescar colectivamente en las cabeceras de los ríos, el domingo la mayoría de los adultos salieron para el monte, el lunes a las 4 am el Ejército ingresó al territorio del resguardo, tomándose las casas de las familias y robando alimentos y animales.
Las unidades del Ejército cercaron la comunidad restringiendo a los jóvenes que se encontraban en el asentamiento a no salir de la comunidad. Los adultos regresaron el jueves se encontraron con que los miembros del Ejército habían hurtado el mercado y las gallinas que tenían y que habían utilizado sus viviendas para cocinar y dormir.
Una semana después la guerrilla llamó a uno de los jóvenes de la comunidad acusando a quienes se habían quedado en el asentamiento, en su mayoría jóvenes, de colaborar con el Ejército y manifestando que reclutarían por lo menos a 3 de los jóvenes de Abejero.
Esto produjo el desplazamiento forzado de 4 jóvenes de la comunidad quienes aún se encuentran en municipios cercanos dado el riesgo de reclutamiento forzado del cual pudieran ser víctimas.
Durante todo este tiempo la comunidad de Abejero ha vivido el asedio de los grupos armados con presencia en la zona, que restringen la movilidad hacia las zonas de caza, siembra y pesca, además corren el permanente riesgo de reclutamiento forzado de jóvenes y niños y algunas mujeres han sido asediadas por miembros de grupos armados en la zona, pues cuando las mujeres van al río son acechadas por miembros del Ejército que instalan campamentos al interior del resguardo.
El 7 agosto de 2011 fue desaparecida la joven María Cecilia Bailarín Domicó cuando se encontraba cocinando sola en su casa. Su familia se encontraba en el río y al regresar al medio día notaron que no se encontraban y al iniciar la búsqueda hallaron el rastro de huellas y de alguien que había sido arrastrado hacia el río.
Se hace necesario resaltar que la comunidad de Abejero se encuentra en la orilla de la carretera Quibdó – Medellín y que esta vía se encuentra militarizada por cuanto se están llevando a cabo labores de ampliación de la misma y el Ejército Nacional tiene la tarea de custodiar la maquinaria de la empresa a cargo de dichas tareas.
Por lo tanto, no es claro como en una de las zonas con mayor presencia de Fuerza Pública en el departamento del Chocó, se presente el rapto y desaparición forzada de una joven.
Zona norte - Bajo Atrato
En jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio se encuentran asentados desde tiempos milenarios comunidades de los pueblos indígenas Embera Dobida, Embera Eyabida y Wounaan. Por otro lado, en los municipios de Acandí y Unguía habitan comunidades Embera Dobida, Embera Eyabida y Tule.
Esta zona se ha caracterizado, desafortunadamente, por ser zona de refugio de grupos irregulares y de laboratorio de guerra de paramilitares y fuerza pública. El incremento en los cultivos de uso ilícito, la expansión de los potreros para la ganadería extensiva, la explotación irracional de madera sin el debido control por parte de las autoridades ambientales,-
la concesión inconsulta de títulos para explotación minera y proyectos de infraestructura como el proyecto Arquímedes, el canal seco Atrato – Truandó, la interconexión eléctrica binacional y la transversal de las Américas, han fomentado el incremento de las acciones de los grupos armados en la pugna por el control de los territorios.
Durante la crisis humanitaria de 1997 y 2001 los Embera y Wounaan se refugiaron en las cabeceras de los ríos y en territorios de otros resguardos, sin embargo la restricción a la movilidad de personas y alimentos, los señalamientos a autoridades y líderes indígenas,-
el despojo violento de los territorios, el reclutamiento forzado y las graves infracciones al DIH por parte de los grupos armados son situaciones permanentes en la vida de las comunidades indígenas en la zona.
En Riosucio, por ejemplo, las comunidades indígenas han sido víctimas de 2 bombardeos por parte de la Fuerza Aérea en menos de un año en territorios indígenas de las cuencas de los ríos Salaquí y Truandó, estos bombardeos son justificados en la supuesta presencia de miembros de las FARC en los asentamientos indígenas, en franca infracción a los principios del DIH de distinción y protección de la población civil y sus bienes.
Así mismo, en Carmen del Darién grupos paramilitares han amenazado y hostigado permanentemente a las autoridades indígenas que han denunciado la implementación inconsulta de megaproyectos como el de explotación minera y monocultivos de palma aceitera.
En el Darién Chocoano, a pesar de pronunciamientos de las altas Cortes, como la Sentencia T-129 de 2011, las instituciones del Estado no han respondido adecuadamente frente a las denuncias de graves amenazas contra Gobernadores Indígenas, incursiones armadas en los territorios y reclutamiento forzado de jóvenes.
En esta zona, el nivel de despojo violento ha sido el más acentuado del departamento, la expropiación ilegal de los territorios indígenas para la implementación de la ganadería extensiva ha despojado de miles de hectáreas a las comunidades Embera Dobida y Eyabida de Pescadito, Chidima (Acandí), Tanela, Cuti y comunidad Tule de Arquía (Unguía).
En noviembre de 2010, aproximadamente 140 hombres armados pertenecientes a las FARC incursionaron en la comunidad Tule de Arquía, donde buscaban esconderse de unidades del Ejército, ante el reclamo de la comunidad indígena para el retiro inmediato, instalaron varias minas antipersonales alrededor del resguardo, en los senderos que conducen a las parcelas comunitarias.
En los últimos tres meses la guerrilla de las FARC ha incursionado 7 veces en territorio indígena de la comunidad de Chidima, generando grave riesgo para los Embera, frente a esto el 3 de agosto del año en curso, un grupo armado postdesmovilización derivado del Bloque Elmer Cárdenas, incursionó de manera violenta en el asentamiento de Chidima registrando las viviendas y hostigando a mujeres y niños.
Ante estas graves situaciones, la respuesta estatal no puede ser el incremento en el pie de fuerza y presencia de las Fuerzas Armadas, puesto que está demostrado que lo que genera esta reacción en realidad es la acentuación de los factores de riesgo y el aumento en las violaciones a derechos humanos y las infracciones al DIH.
Por otro lado, para la superación de la crisis humanitaria, el Estado debe garantizar los derechos al territorio ancestral, la consulta previa, libre e informada y el Gobierno propio, como mecanismos de protección y pervivencia de los pueblos indígenas.
Contemplando que la implementación de megaproyectos de infraestructura, explotación de la naturaleza como recursos naturales y energéticos, se ha hecho de manera inconsulta violando abiertamente preceptos internacionales de protección a los pueblos indígenas.
Se debe diseñar e implementar de manera concertada una estrategia de protección a líderes y autoridades indígenas con un enfoque diferencial.
Se hace urgente el diseño de los Planes de Salvaguarda concertado con las autoridades indígenas y la aplicación de la aplicación de los mismos, no sólo para cumplir con lo preceptuado por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, sino para garantizar efectivamente la identidad cultural, la integridad territorial y la pervivencia de los habitantes ancestrales del departamento del Chocó, desde el principio de la memoria vivida para un futuro digno.
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