Seguridad
narcocrática/Por Camilo Raigozo
La petición fue
hecha por el representante Iván Cepeda, tras conocerse el pedido en extradición
por parte de la justicia de Estados Unidos del exjefe de seguridad de alias “El
número uno de ‘La Casa de Nari’”, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según Cepeda, el
presunto narcoterrorista, alto oficial de la Policía, pudo haber sido retirado
a tiempo del servicio por potestad del presidente de la República, ante las
graves denuncias y procesos que pesaban en su contra por violaciones a los
derechos humanos.
“La solicitud
de extradición del general (r) Mauricio Santoyo es una nueva vergüenza para el
país y el expresidente Álvaro Uribe debe asumir su responsabilidad política en
este caso”, advirtió el congresista del Polo.
A continuación
expresó que “El expresidente no sólo omitió retirar a Santoyo del servicio,
sino que estimuló la impunidad al permitir que el oficial ascendiera en su
carrera y luego ocupara un cargo diplomático, cuando eran de conocimiento
público las denuncias que lo vinculaban con graves violaciones a los derechos
humanos durante su gestión como comandante del Gaula en Medellín”.
Cepeda además le
exigió al expresidente Uribe, explicarle al país si sabía de alguna relación
entre el presunto narcoterrorista, general Santoyo y los hermanos Gallón Henao,
socios comerciales del exmandatario vinculados con el Bloque Metro de los
paramilitares.
Según el
congresista los Gallón Henao fueron coopropietarios de la hacienda Guacharacas,
de la familia Uribe, y pidió que se divulgue hasta qué punto el oficial accedió a información
privilegiada siendo jefe de seguridad en la Presidencia.
Iván Cepeda también
le exigió al actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que
explique su actuación como Magistrado de la sala penal del Consejo de Estado que
anuló la sanción impuesta al general Mauricio Santoyo en 2003, por la
interceptación ilegal de comunicaciones a varias ONG y defensores de derechos
humanos en Medellín.
“Por esta razón Ordóñez
debe declararse impedido para aspirar a una eventual reelección como Procurador”,
aseveró Cepeda Castro.
Para el
representante, el escándalo Santoyo – Uribe, compromete de manera deshonrosa a
los miembros de la Comisión Segunda del Senado, que aprobaron el ascenso del
oficial, en un momento en el que estaba severamente cuestionado.
“Esta situación no
sólo compromete seriamente la carrera política del expresidente Uribe, sino que
devela los inmensos problemas de la política antidrogas en Colombia, y es un
profundo golpe a la credibilidad de la misma”, dijo el representante a la
Cámara.
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