Paruribismo/Por Patricia Simón
“Se decapitaron y desmembraron muchas personas. Era una
práctica utilizada para generar terror y zozobra en las comunidades”.
Quien habla no es un activista de derechos humanos, un
periodista o el familiar de una víctima del conflicto colombiano, a quienes el
expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 a 2008,-
llegó a tildar
públicamente como “traficantes de derechos humanos“, señalándolos así como
enemigos de la patria y, por tanto, objetivo a eliminar por los paramilitares.
Quien identifica una de las fórmulas más despiadas de las
empleadas por los paramilitares en Colombia es uno de sus jefes más
importantes, Hebert Veloza García,-
conocido como ‘Hache Hache’, y lo hace ante
los familiares que le están preguntando por el paradero de sus maridos,
hermanos, hijos… desaparecidos.
El documental ‘Impunity’, dirigido por los periodistas
colombianos Juan José Lozano y Hollman Morris, radiografía la Ley de Justicia y
Paz, el procedimiento por el que se regló en 2005 la-
desactivación de un
Ejército de decenas de miles de mercenarios creado por los terratenientes del
país en los años 60 para enfrentarse a las guerrillas FARC y ELN, y que a
finales de los 90 terminó de-
consumarse como un Ejército paralelo al oficial
que ha sembrado Colombia de cientos de fosas comunes que albergan, en su
mayoría, no los cuerpos de guerrilleros sino de campesinos y pobres a-
los que,
en muchas ocasiones, se descuartizaba y decapitaba -en ocasiones llegaron a
entrenarse con víctimas vivas- para reducir el espacio necesario para su
enterramiento,-
según algunos testimonios, y para atemorizar a la población y
eliminar toda resistencia a abandonar sus tierras.
Cartel de Impunity Colombia es el segundo país con mayor número de personas
refugiadas internas (solo por detrás de Sudán): más de 4,5 millones tuvieron
que salir huyendo de sus hogares para salvar sus vidas y aún no han podido
volver.
Es decir, el 12% de la población fue desterrada a las
periferias de ciudades como Bogotá o Medellín, donde los barrios de chabolas de
víctimas de la guerra cuelgan de los montes donde han tenido que aprender a
sobrevivir de la economía sumergida y de la indigencia.
Se calcula que unos 7 millones de hectáreas se encuentran
en poder de sus verdugos, las élites de un país que encontraron en el Congreso
a sus mejores aliados:
un tercio de los parlamentarios colombianos durante el
gobierno de Uribe fueron imputados por vínculos con el paramilitarismo.
La crueldad del conflicto colombiano es tal que con pocas
imágenes y testimonios de sus víctimas, ‘Impunity’ es capaz de resumir cómo
miles de personas fueron asesinadas en nombre de la guerra aunque realmente
eran sacrificadas por la avaricia desde los años 60 hasta nuestros días.
El documental comienza con el testimonio de una mujer que
cuenta cómo asesinaron a su hermano pequeño cuando jugaba en el río.
“No matan solo al niño sino a toda la familia (…) ¿Con
qué se repara eso?” pregunta directamente a la cámara, exhausta doce años
después del crímen, pero reposadamente, mientras las lágrimas descienden por su
mejilla.
Poco después, asistimos a la llegada de un destacamento
de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), como se llamaron los
paramilitares, a un pueblo.
Vestidos con uniforme de camuflaje, los rostros ocultos y
con sus armas bien a la vista, reúnen en la plaza a los vecinos, cabizbajos,
con los brazos cruzados, mientras escuchan las advertencias del jefe: “todo
aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir
porque ya cayó”.
Lo que viene después son las imágenes de los cadáveres de
una de las más de 3.500 carnicerías o masacres que acabaron con la vida de, al
menos, los 50.000 desaparecidos que el gobierno tiene registrados.
Organizaciones de derechos humanos apuntan a que esta
cifra es sólo la punta del iceberg. Lo mismo ocurre con los llamados falsos
positivos, civiles asesinados y contabilizados como bajas en combate de la
guerrilla.
O, como cuenta el jefe paramlitar Hache Hache en el
documental, generales del Ejército que mandaban a sus tropas “patrullar con
nosotros y el capitán patrullaba con nosotros como un miembro más de las AUC
(…)
"Nosotros matábamos a un guerrillero y entonces llegaba un teniente a cargo
del capitán Carvajal y le disparaba con su fusil por los huecos que nosotros le
habíamos hecho. Y eso lo reportaron como muerto en combate. Eso también son
falsos positivos”.
De hecho, una de las grandes aportaciones de este
documental es cómo son los testimonios de los propios jefes paramilitares los
que reconstruyen el proceso por el que se consolidó la impunidad de estos
crímenes.
La Ley de Justicia y Paz establecía el abandono de la
actividad criminal, la confesión de los crímenes ante una comisión judicial y
condenas como máximo de 8 años de prisión, tras lo cual, los paramilitares
podrían reincorporarse a la vida civil.
Una de las fórmulas más destacadas para confesar y gozar
de la amnistía fueron las llamadas versiones libres, declaraciones de los paramilitares
con el fin supuestamente de aclarar los crímenes cometidos. El primer paso de
los tres pilares de la ley: verdad, justicia y reparación.
Los familiares que cumplían una serie de requisitos y que
tenían medios para desplazarse hasta las sesiones podían preguntarles a los
asesinos por sus desaparecidos, no en la misma habitación, sino a través de
videoconferencia.
“Yo quiero que me entreguen los cuerpos, saber qué les
hicieron y dónde están” pregunta una mujer que perdió a su marido y su cuñado.
La
respuesta se repite una y otra vez con distintas palabras, distintas excusas
esbozadas por los distintos jefes paramilitares: “Este caso yo no lo ordené.
(…) Pero me comprometo a investigar (…) Pero no se me ha permitido reunirme con
mis muchachos”.
Sus muchachos son los mercenarios a su cargo. Los mismos
jefes de las Auc que en 2002 comparecían ante el Congreso para explicar su
propuesta de paz y que vemos en el documental como fueron aplaudidos
ensordecedoramente por buena parte de los representantes del pueblo.
Mientras,
una familiar de las víctimas que ha logrado colarse en el hemiciclo grita “No
más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido, que el Estado creador del
paramilitarismo responda por los crímenes”.
De los 31.600 paramilitares que supuestamente, según el
gobierno, se desmovilizaron, término empleado en Colombia para explicar el
abandono de las armas de los miembros de las Auc, solo se presentaron ante la
Fiscalía 3.600. De ellos, solo cien han comparecido ante una comisión judicial
por sus crímenes.
Mientras, organizaciones de derechos humanos y recientes
investigaciones periodísticas denuncian que muchos de estos paramilitares
siguen cometiendo crímenes bajo otros nombres de grupos terroristas como
Águilas Negras,-
dedicadas, por ejemplo, a impedir el retorno a sus tierras de
las personas desplazadas, amparadas aparentemente por el proceso de
‘Restitución de tierras’ del actual gobierno de Manuel Santos pero que carece
de los medios necesarios.
De hecho, desde la aprobación de esta ley en junio de
2011, ya han sido asesinados 17 campesinos que lideraban la vuelta a sus
parcelas. “Ahora me doy cuenta de que esta guerra tenía otros objetivos que
luchar contra la guerrilla.
Había otros intereses de otras personas (…) En Antioquia
el objetivo era reactivar la economía bananera (…) Prohibir que los
trabajadores hicieron paros (huelgas) y se logró.
Hay más de 100 sindicalistas
muertos…. Nosotros íbamos a donde teníamos apoyo de gente que tenía intereses
en esa región”, cuenta el comandante Hebert Veloza García, Hache Hache, uno de
los protagonistas del documental y de proceso de la Ley de Justicia y Paz en
Colombia.
Puso nombres y apellidos a políticos y militares que
colaboraron con las Auc durante sus declaraciones en las versiones libres, convirtiéndose
en la esperanza de las asociaciones de familiares de las víctimas para
desbrozar el aparato político-económico del paramilitarismo y de la impunidad.
Mientras, el gobierno colombiano decidía extraditar a la
mayoría de los jefes paramilitares a EE.UU., donde iban a ser juzgados por
narcotráfico, impidiendo así que la justicia colombiana les juzgara por los
crímenes de lesa humanidad cometidos y el esclarecimiento de sus vínculos con
otros estamentos de la sociedad.
Las críticas internacionales ante esta decisión del
gobierno son tan fuertes que en el documental vemos cómo el fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, y el juez español Baltasar
Garzón, consejero de la Ley de Justicia y Paz,-
viajan hasta Colombia y se trasladan
hasta una fosa común para desde ese escenario en medio de la selva declarar
ante los medios internacionales y nacionales que la comunidad internacional
vigilaba de cerca el proceso de desmovilización paramilitar.
Y vemos a Garzón advertir soterradamente: “Hache Hache
está desarrollando esas investigaciones, esas declaraciones y no lo van a
extraditar porque no lo puede dejar a medias.
Sería un caso muy grave que se
hiciera así (…) Lo que aquí se desvela viendo esta fosa es que esto es la
realidad, aquí hay unos 27 cadáveres que están pidiendo justicia y sus
familiares también, y eso no se puede defraudar. (…)
La Ley de Justicia y Paz
está en el límite de lo aceptable y lo legalmente asumible, por eso la Fiscalía
de la CPI va a estar atenta y, si tiene que intervenir, intervendrá”.
Hache Hache fue extraditado poco después. Con él se
esfumaba la expectativa de aclarar los 11.000 delitos con los que se le
vincula, 2.500 desplazamientos y 34 reclutamiento de menores de edad para el
combate.
‘Impunity’ es el resultado de un periodismo independiente
y comprometido con su función pública del que su codirector Hollman Morris es
un excepcional exponente.
Director del internacionalmente premiado programa
‘Contravía’, durante años ha documentado el conflicto colombiano desde el punto
de vista de las víctimas, mientras los grandes medios tradicionales colombianos
desatendían la cobertura de una de las crisis humanitarias más sangrantes del
mundo.
Como tantos otros compañeros de profesión, Morris vio
cómo su vida y la de su familia era amenazada por los distintos actores del
conflicto colombiano: guerrillas, paramilitares y el Estado, por el simple
hecho de ejercer su oficio de manera independiente.
Fue uno de los periodistas espiados por la agencia
estatal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), junto a otros
colegas y defensores de derechos humanos, a los que se les coaccionó y amenazó
y cuyos últimos responsables aún no han sido desvelados.
Uno de los últimos escándalos que sacudió el gobierno de
Álvaro Uribe y cuyos tentáculos llegaron hasta Europa, donde miembros de ONG
defensoras de los derechos humanos en Colombia con sede en Bruselas y en
Valencia,-
fueron espiados, unos hechos que llevan siendo denunciados en el
Parlamento Europeo desde hace meses y cuya investigación judicial belga está
siendo boicoteada por el gobierno colombiano.
Un periodista para el que el apoyo internacional ha sido
el mejor escudo protector, incluso cuando la Universidad de Harvard le concedió
una de sus becas más exclusivas por su labor en defensa de los derechos
humanos, y le gobierno estadounidense le negó a él y a su familia el visado
para poder estudiar en el país durante un curso.
El escándalo y la movilización
de profesionales de todo el mundo presionó a Estados Unidos para que cambiara
su decisión.
Poco antes, el realizador colombiano Juan José Lozano,
residente desde hace más de una década en Suiza, había realizado un documental
sobre Morris llamado ‘Testigo Indeseable’.
Durante el rodaje, Morris ya estaba
acompañando a víctimas en exhumaciones y a las versiones libres, y fue entonces
cuando decidieron unirse para la realización con todo ese material de un
documental sobre el proceso de Justicia y Paz.
“El documental que pensamos hacer acompañaba a Hache
Hache, a la fiscal que seguía su caso, a sus víctimas… porque era uno de los
paramilitares clave, de los que había sido más eficaz en términos de muertes,
de control de territorio y porque era el que más estaba colaborando con la
Justicia.
Una semana antes de que lo extraditaran, recibimos
amenazas de muerte por lo que no podíamos volver a Medellín a entrevistarle ni
a Urabá, donde estaban las víctimas que habíamos contactado”, cuenta a
CineAndCine por conversación telefónica Lozano.
“En un principio fue frustrante pero visto con
retrospectiva, nos volvimos más rigurosos al centrarnos en analizar las
audiencias de los paramilitares.
Darle voz a los victimarios (como se llama en Colombia a
los asesinos), nos sirvió para entender mejor qué pasó (..). Una de nuestras
preocupaciones es que se entendiera una historia que es muy árida y no sólo por
iniciados en la historia de Colombia”.
Y lo han conseguido. ‘Impunity’ ordena cronológicamente
el relato de un nuevo golpe a las víctimas, el de una sentencia que ningunea a
los familiares y su duelo, y que decreta el olvido.
En Colombia el documental solo ha sido proyectado una vez
en una televisión regional. “Es muy preocupante por el nivel de autocensura que
sigue habiendo en Colombia.
Muchos programadores nos dicen que están de acuerdo pero
que les da miedo entrar a difundir este tipo de documentos.
El documental ha sido distribuido en ONG, asociaciones y
universidades de Colombia y otros países. En Francia se está proyectando en
salas de cine en estos momentos, también se ha podido ver en Suiza y en otoño
está previsot que se difunda en Bélgica y Alemania.
En España ha sido
proyectado por organizaciones de derechos humanos en Barcelona y en Madrid.
