Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, fueron afectados por la Fiscalía un oficial y un soldado profesional investigados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un agricultor en jurisdicción de Támara (Casanare), informó la Fiscalía.
El fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso sindicó a Marco Fabián García Céspedes, subteniente, y John Henry Alzate, soldado profesional, por los delitos de homicidio en persona protegida, fraude procesal y falsedad, para el primero, y homicidio en persona protegida, para el segundo.
El crimen fue perpetrado el 17 de diciembre de 2006, cuando el campesino José Cayetano Mendivelso Rabelo salió de su vivienda en la vereda Ariporo para hacer el mercado semanal. Los criminales pertenecientes a la Brigada 16 del Ejército Nacional lo interceptaron, le dieron muerte a sangre fría y lo presentaron como guerrillero del ELN dado de baja en combate.
La familia de la víctima encontró su cuerpo en las instalaciones de la Brigada 16 del Ejército en Yopal (Casanare). Según el informe de los asesinos, el labriego “llevaba en un canguro dos granadas de fragmentación y unas cuantas municiones para diferentes armas”.
El crimen fue perpetrado el 17 de diciembre de 2006, cuando el campesino José Cayetano Mendivelso Rabelo salió de su vivienda en la vereda Ariporo para hacer el mercado semanal. Los criminales pertenecientes a la Brigada 16 del Ejército Nacional lo interceptaron, le dieron muerte a sangre fría y lo presentaron como guerrillero del ELN dado de baja en combate.
La familia de la víctima encontró su cuerpo en las instalaciones de la Brigada 16 del Ejército en Yopal (Casanare). Según el informe de los asesinos, el labriego “llevaba en un canguro dos granadas de fragmentación y unas cuantas municiones para diferentes armas”.
Este tipo de criminales pagan sus condenas en las supuestas cárceles castrenses, que como en el caso de “Tolemaida Resort”, son centros vacacionales.
En una acción vergonzosa para la justicia y de burla para las víctimas, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera logró comprometer a la bancada del Partido Liberal, a agilizar el proyecto de ley que fortalece la defensa técnica de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública inmersos en crímenes, que busca crear mecanismos para la defensa de los militares y lograr su impunidad.
Sin ninguna vergüenza Rivera señaló que se evalúa la posibilidad de crear un fondo para que los colombianos aporten recursos para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública que están siendo investigados.
La Fiscalía investiga más de 3.000 casos de asesinatos a sangre fría conocidos como falsos positivos cometidos por militares del Ejército Nacional, casi todos en la más aberrante impunidad. Sin embargo el ministro de Defensa, el gobierno y la oligarquía, se preocupan por los victimarios y no por las víctimas.
