Diferentes organizaciones sociales y personas* que trabajan en derechos humanos y derechos de las mujeres indican que, de aprobarse la iniciativa, tendría más costos que beneficios y graves consecuencias para la sociedad colombiana
Por Organizaciones sociales
Bogotá, agosto 3 de 2011.- La propuesta de acto legislativo presentado por el Partido Conservador, que busca reformar la Constitución Política para declarar que la vida es inviolable “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, no protege la vida, ni evita abortos, ni defiende la familia, aseguran diferentes organizaciones sociales colombianas.
NO protege la vida. La vida, de hecho, ya está protegida a través del artículo 11 de la Constitución que establece que “el derecho a la vida es inviolable”; y de la jurisprudencia constitucional que ha establecido que la vida del que está por nacer es un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado Colombiano.
NO evita abortos. Una prohibición absoluta del aborto no los evita. Por el contrario, hace que éstos se realicen en condiciones precarias de clandestinidad y que las mujeres que necesitan un aborto para salvar su vida o su integridad deban morirse y dejar niño/as huérfano/as.
NO defiende la familia. A las parejas que no pueden tener hijos y buscan ayuda a través de la fertilización in vitro se les estaría negando el derecho a formar una familia, tal como sucede actualmente en Costa Rica, en donde por cuenta de la “protección a la vida desde la concepción”, se prohibió la reproducción asistida en el año 2.000.
Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos sería garantizar la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que deciden tener hijos, niveles nutricionales adecuados para ellas y servicios de salud materna que aseguren el bienestar de la mujer y, por consiguiente, el de su hijo/a por nacer.
Las consecuencias de la reforma
Una propuesta como la del Partido Conservador tendría consecuencias negativas para la sociedad colombiana, en particular para las mujeres en edad reproductiva, así como para otras personas que tendrían que privarse del progreso científico, al no poder acceder a tratamientos con células madre, por ejemplo.
El Estado colombiano también tendría que asumir costos elevados en materia fiscal y el resquebrajamiento de su imagen internacional por cuenta de la ruptura de sus compromisos internacionales. Además, también supondría llegar a absurdos jurídicos como eliminar la figura de la legítima defensa del código penal.
Para las mujeres, esta iniciativa supone altísimos costos porque mueren y dejan huérfanos a sus hijos, al no poder acceder a un aborto legal para salvar su vida; ó porque son obligadas a llevar a término un embarazo que ha sido fruto de una violación o cuyo producto no sobrevivirá al parto.
Del progreso científico tendrían que privarse las parejas que no pueden tener hijos y desean un tratamiento de fertilización in Vitro, como se mencionó anteriormente. Así mismo, las personas con discapacidades o enfermedades graves que podrían curarse con células madre, tendrían que renunciar a su esperanza de vida porque una reforma tal implicaría la prohibición de este tipo de investigación.
Entre tanto, el Estado tendría que asumir los costos fiscales que supone dejar de atender 10 pacientes, en cualquier servicio, para tratar a una mujer con complicaciones relacionadas con abortos inseguros y clandestinos.
El Estado también podría verse abocado a asumir los costos diplomáticos de una condena internacional como la que recibió Perú, por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por someter a una menor de edad, con un embarazo de un feto anencefálico (sin parte de cerebro y cráneo),-
a tratos crueles, inhumanos y degradantes al negarle un aborto legal. También podría enfrentar costos financieros, como en el caso de Polonia que este año fue condenada a pagarle 60 mil euros a una mujer a la que se le obstaculizó el acceso a un aborto legal.
* Las organizaciones sociales y personas que suscriben esta posición son: Católicas por el Derecho a Decidir, DeJusticia, Women’s Link Worldwide, Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia Diversa, Fundación Mujer y Futuro, Fundación Sí Mujer, Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, regional Medellín; y Germán Humberto Rincón Perfetti.
Mayor información
Sandra Mazo
Católicas por el Derecho a DecidirCel. 311- 201 8440
Diana Guzmán
DeJusticia300- 564 5294
Brújula Comunicaciones
Cel. 320- 275 7653