Crónica e interrogantes sobre una protesta estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional
Por Camilo E. Jiménez Camargo. Profesor U.P.N.

El pasado 21 de septiembre, un grupo numeroso de estudiantes de la universidad realizó un “pupitrazo” después de la 1 p.m. del día del martes.

La protesta consistió en ocupar la vía vehicular en la Calle 72, al frente de la puerta de la Universidad, sacando pupitres y sentándose en ellos o en el pavimento, interrumpiendo el tráfico vehicular. La reacción del Esmad y el comando motorizado “Águila” de la policía no se hizo esperar.

El grupo de manifestantes fue disuelto con gases lacrimógenos y chorros de agua. Unos buscaron reingresar a la Universidad, pupitres en mano, otros se dispersaron por las calles aledañas a la universidad, en unos casos simplemente huyendo, en otros también respondiendo con piedras.

Mientras se desalojaba la universidad unos decían que la protesta se hizo en contra de la brutalidad policial en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Antioquía, mientras que otros afirmaron que se busca que el Ministerio de Educación revoque las Resoluciones 5443 y 6966.

Al interior de la universidad la situación fue de encerramiento y pánico, puesto que la mayoría de estudiantes trataban de evacuar, junto con los profesores, administrativos y visitantes, mientras que otros intentaban ingresar.

No solamente los que estaban protestando, trataban de entrar, sino los que apenas llegaban, por una u otra entrada, procurando protegerse porque se disparaban gases, se lanzaba agua y se hostigaba de afuera hacia adentro.

Ante esta agresión muchos, que inicialmente no participaron de la protesta, respondieron con gritos y piedras. Al menos 4 tanquetas, varios comandos del Esmad y no menos de 22 efectivos del comando motorizado, rodearon las calles y carreras, llegaron hasta la Quince y la Caracas, haciendo inclusive y disparos de “balas inofensivas”.

En esta ocasión, como se ha ido volviendo habitual, la reacción de la fuerza pública es intimidante, desproporcionada e indiscriminada, puesto que se arremete, física y psicológicamente contra toda persona que esté cerca de la Pedagógica. Inclusive los establecimientos comerciales cerraban las puertas al sentirlos pasar disparando. La situación se prolongó hasta después de las cinco de la tarde.

Los estudiantes Mateo Martínez, Jonatan Cárdenas y Sergio Trujillo fueron detenidos cuando trataron de irse del sector por el callejón de la 12 donde habitualmente parquean la tanqueta y las busetas del Esmad.

Se supo que por lo menos otros tres estudiantes sufrieron heridas y golpes por el impacto de los gases lacrimógenos y de acuerdo con informaciones de la Personería un muchacho fue escalabrado.

El hecho más grave fue la fractura de tabique que sufrió un estudiante debido al golpe del chorro de agua que lanzó una de las tanquetas contra su cara. Se informó que este joven fue trasladado a un centro de atención por una ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá y que en la enfermería de la Universidad se atendió a algunos estudiantes.

Se sabe también que por lo menos tres estudiantes sufrieron desmayos en la vía pública después de inhalar los gases.

Los estudiantes detenidos fueron subidos en una patrulla van de la policía metropolitana y conducidos hacia la UPJ (Unidad de Policía Judicial -carrera 32 con calle 13-) hacia las 5: 00 p.m., pero no llegaron allá hasta pasadas las 7: 30 de la noche. (En dónde estuvieron y qué ocurrió con los detenidos durante este tiempo).

Cuando se le preguntó a los policías y al Mayor Gómez, encargado del operativo, cuál era la razón del arresto de los jóvenes contestaron: -“por seguridad”. - ¿Por la seguridad de quién? –se les preguntó. La respuesta fue: -“por la seguridad del orden público”.

En presencia de funcionarios de la Personería Distrital y de la Defensoría del Pueblo quedó muy claro que no había cargos concretos que les fueran imputados a los estudiantes. En este contexto, grupos de estudiantes buscaban condiscípulos que momentos antes estuvieron en su compañía y que ahora no sabían en dónde estaban.

Estos hechos recuerdan los de semestres atras: la imagen de un miembro del ESMAD, con una de sus botas sobre la cabeza de un estudiante de la universidad que está sometido en el piso de la plazoleta Darío Betancourt y el caso de la estudiante que sufrió fracturas en la mano después de evitar que un gas lacrimógeno le golpeara la cara, entre otras.

A las 5:30 p.m. en la Universidad estaban los celadores y el Señor Ducuara, jefe de vigilancia, quién autorizó el ingreso de tres profesores. En el parqueadero encontramos al Doctor John Jairo Chaparro, Secretario General de la Universidad; se hallaba sentado en el asiento de atrás del carro institucional y a punto de que uno de los conductores de la universidad lo condujera a su destino inmediato. Logramos persuadirlo para que nos prestara atención.

Le hicimos –palabras más, palabras menos– el balance de la situación que hemos hecho hasta aquí para que se informara de lo ocurrido. Se comunicó con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Personería para confirmar lo que le decíamos.

Él, no sabemos el porqué, creía que la policía está vez se había comportado muy suavemente. Después de unos minutos decidió que iba a ir directamente hasta la UPJ para saber sobre la suerte de los detenidos. (Esperamos que lo haya hecho).

Hay que decir con toda claridad que la protesta de ayer, con las razones o las sinrazones que la motivaron, fue una acción pacífica por parte de los estudiantes. Debemos preguntar si la interrupción de la sacrosanta movilidad vehicular es un bien más apreciado que la vida y la integridad física, no solo de quienes protestan, sino de todos los que no lo hacen.

¿Por qué se le dio un tratamiento de orden público o de guerra? También hay que interrogar: ¿por qué la universidad queda a la deriva en manos del Sr. Ducuara, cuando estas situaciones ocurren? ¿Qué planes de emergencia están previstos para realizar evacuaciones, sin que se ponga en riesgo la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad educativa?

¿En qué estamos en relación con el trabajo interinstitucional con la Defensoría y la Personería, la Alcaldía, y las organizaciones de derechos humanos, entre otros organismos? ¿Qué medidas hay previstas en primeros auxilios y atención en salud en casos como estos?

¿Por qué no existe en la universidad una política de promoción, defensa y educación en derechos humanos? ¿Hay voluntad política de parte de la administración, los Consejos Superior y Académico –y por supuesto, de los estudiantes y de la comunidad universitaria– para asumir el malestar acumulado que hay en la universidad y tramitarlo por cauces diferentes a la violencia?

Estas y otras preguntas quedan, las venimos haciendo ha ya tiempo. Pensamos que debieran ser abordadas por todos y con prontitud –ojalá cuando no sea demasiado tarde. Foto tomada de la Web.

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