Parauribismo/Por calumnias contra sindicalistas deberán responder Francisco Santos y José Obdulio Gaviria
Por organizaciones sindicales y de derechos humanos
El ex - vicepresidente de la república Francisco Santos Calderón y el asesor de presidencia de Álvaro Uribe Vélez: José Obdulio Gaviria, deberán responder el próximo 20 de septiembre en audiencia de imputación de cargos por calumnias-
lanzadas contra dirigentes sindicales de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos, organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que en mayo de 2010 reportó que durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 527 dirigentes obreros.
Pese a las recomendaciones de organismos multilaterales de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-OEA, para frenar declaraciones temerarias contra-
organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos cuyo objetivo era estigmatizarlas y situarlas en posiciones proclives al terrorismo, el Ex presidente Álvaro Uribe su Vicepresidente Francisco Santos, entre otros altos miembros del-
gobierno, continuaron con las aseveraciones injuriosas y calumniosas que pusieron a dichas organizaciones en punto de mira de los grupos paramilitares.
Francisco Santos debe declararse impedido
Los abajo firmantes, organizaciones sindicales, sociales, políticas, indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos, han solicitado que mientras el ex presidente Francisco Santos, públicamente debe reconocer su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director,-
no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República.
El proceso que lleva 3 años inicio el 19 de julio de 2007, cuando el entonces Vicepresidente Francisco Santos Calderón, convocó una rueda de prensa en la que hizo señalamientos temerarios e irresponsables en contra de los integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.
Atacó a sus directivos, les estigmatizó y asoció sus actividades con “una apología del terrorismo”, “apoyo a la lucha armada”, refiriendo “o estoy en la lucha armada o en la lucha democrática”.
Lo mismo hizo el Ex Asesor Presidencial José Obdulio Gaviria quien dijo de los dirigentes “pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo”.
Estas declaraciones se hicieron luego de la realización del “XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina”, celebrado en la Universidad Central de Ecuador (Quito), convocado por el Movimiento Popular Democrático, durante los días 9 a 13 de julio de 2007, en el que se trató el tema “La Izquierda en América Latina, Problemas y Perspectivas”.
Como resultado de estas declaraciones públicas se incrementaron las amenazas, persecuciones, hostigamientos y ataques en contra de integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.
El primero de ellos ocurrió el 9 de agosto de 2007, 21 días después de las expresiones de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, cuando en la cuenta sintratelefonos1938@yahoo.com, fue recibido un correo electrónico titulado “Póngase el camuflado o se van o los matamos” y firmado por quienes se identificaron como “Águilas Negra somos Nueva Generación”.
El día 31 de agosto de 2010, el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá fijó la fecha para la Audiencia de Imputación de Cargos. Extrañamente horas después, fue expedida la Resolución 0–1964, por medio de la cual se reasigna la actuación “relacionada con la-
conducta del ex Vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, en aras de propender por la continuidad de las mismas, y por la eficacia, eficiencia y celeridad de la administración de justicia”.
Y al día siguiente, 1 de septiembre, fue aceptada la renuncia que le fuera solicitada a la entonces Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Doctora Ángela María Buitrago.
El cargo criminal del delito de calumnia a Francisco Santos Calderón está referido a los agravios cometidos en contra de Organizaciones Sindicales, cuya existencia es legal y legítima, en su condición de Vicepresidente de la República y no tiene nada que ver con la actividad de periodista que el doctor Santos Calderón, desempeña en la actualidad al ser el director de noticias de la cadena radial Radio Cadena Nacional-RCN.
Teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Nacional, establece el derecho de “toda persona a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial” y que, a su vez, los artículos 20 del-
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos donde establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
Resaltando que la Corte Constitucional en Sentencia C-087/98, del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, precisó que: “Muchas personas de conducta intachable, cumplidoras celosas de sus deberes, no han abierto en su vida un código y hay, en cambio, quienes los estudian minuciosamente para adiestrarse en la técnica de transgredirlos.
La ética, ciertamente, no es cosa de poca monta, pero su observancia cabal no es asunto de especialistas”,
Como garantías para el normal desarrollo de la actuación judicial en contra de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, demandamos:
1. Que el doctor Francisco Santos Calderón, atendiendo los principios universalmente aceptados de la ética periodística, públicamente reconozca su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director, no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los-
sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República, , teniendo en cuenta el el derecho de todo ciudadano a contar con una información veraz e imparcial.
2. Que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establezcan especiales mecanismos de-
seguimiento y observación de este caso en la perspectiva que sean garantizados los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, dado que no resultan convincentes ni satisfactorias las explicaciones del Fiscal General de la Nación, Doctor Guillermo Mendoza Diago en relación con la aceptación de la renuncia solicitada a la Doctora Ángela María Buitrago, sobre su supuesta ineficiencia.
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lanzadas contra dirigentes sindicales de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos, organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que en mayo de 2010 reportó que durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 527 dirigentes obreros.
Pese a las recomendaciones de organismos multilaterales de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-OEA, para frenar declaraciones temerarias contra-
organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos cuyo objetivo era estigmatizarlas y situarlas en posiciones proclives al terrorismo, el Ex presidente Álvaro Uribe su Vicepresidente Francisco Santos, entre otros altos miembros del-
gobierno, continuaron con las aseveraciones injuriosas y calumniosas que pusieron a dichas organizaciones en punto de mira de los grupos paramilitares.
Francisco Santos debe declararse impedidoLos abajo firmantes, organizaciones sindicales, sociales, políticas, indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos, han solicitado que mientras el ex presidente Francisco Santos, públicamente debe reconocer su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director,-
no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República.
El proceso que lleva 3 años inicio el 19 de julio de 2007, cuando el entonces Vicepresidente Francisco Santos Calderón, convocó una rueda de prensa en la que hizo señalamientos temerarios e irresponsables en contra de los integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.
Atacó a sus directivos, les estigmatizó y asoció sus actividades con “una apología del terrorismo”, “apoyo a la lucha armada”, refiriendo “o estoy en la lucha armada o en la lucha democrática”.
Lo mismo hizo el Ex Asesor Presidencial José Obdulio Gaviria quien dijo de los dirigentes “pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo”.
Estas declaraciones se hicieron luego de la realización del “XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina”, celebrado en la Universidad Central de Ecuador (Quito), convocado por el Movimiento Popular Democrático, durante los días 9 a 13 de julio de 2007, en el que se trató el tema “La Izquierda en América Latina, Problemas y Perspectivas”.
Como resultado de estas declaraciones públicas se incrementaron las amenazas, persecuciones, hostigamientos y ataques en contra de integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.
El primero de ellos ocurrió el 9 de agosto de 2007, 21 días después de las expresiones de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, cuando en la cuenta sintratelefonos1938@yahoo.com, fue recibido un correo electrónico titulado “Póngase el camuflado o se van o los matamos” y firmado por quienes se identificaron como “Águilas Negra somos Nueva Generación”.
El día 31 de agosto de 2010, el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá fijó la fecha para la Audiencia de Imputación de Cargos. Extrañamente horas después, fue expedida la Resolución 0–1964, por medio de la cual se reasigna la actuación “relacionada con la-
conducta del ex Vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, en aras de propender por la continuidad de las mismas, y por la eficacia, eficiencia y celeridad de la administración de justicia”.
Y al día siguiente, 1 de septiembre, fue aceptada la renuncia que le fuera solicitada a la entonces Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Doctora Ángela María Buitrago.
El cargo criminal del delito de calumnia a Francisco Santos Calderón está referido a los agravios cometidos en contra de Organizaciones Sindicales, cuya existencia es legal y legítima, en su condición de Vicepresidente de la República y no tiene nada que ver con la actividad de periodista que el doctor Santos Calderón, desempeña en la actualidad al ser el director de noticias de la cadena radial Radio Cadena Nacional-RCN.
Teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Nacional, establece el derecho de “toda persona a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial” y que, a su vez, los artículos 20 del-
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos donde establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
Resaltando que la Corte Constitucional en Sentencia C-087/98, del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, precisó que: “Muchas personas de conducta intachable, cumplidoras celosas de sus deberes, no han abierto en su vida un código y hay, en cambio, quienes los estudian minuciosamente para adiestrarse en la técnica de transgredirlos.
La ética, ciertamente, no es cosa de poca monta, pero su observancia cabal no es asunto de especialistas”,
Como garantías para el normal desarrollo de la actuación judicial en contra de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, demandamos:
1. Que el doctor Francisco Santos Calderón, atendiendo los principios universalmente aceptados de la ética periodística, públicamente reconozca su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director, no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los-
sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República, , teniendo en cuenta el el derecho de todo ciudadano a contar con una información veraz e imparcial.
2. Que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establezcan especiales mecanismos de-
seguimiento y observación de este caso en la perspectiva que sean garantizados los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, dado que no resultan convincentes ni satisfactorias las explicaciones del Fiscal General de la Nación, Doctor Guillermo Mendoza Diago en relación con la aceptación de la renuncia solicitada a la Doctora Ángela María Buitrago, sobre su supuesta ineficiencia.
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