Catatumbo, Norte de SantanderFeroz ataque del régimen contra las comunidades campesinas
En detenciones masivas y arbitrarias van 18 campesinos encarcelados de una lista de al menos 78 personas con órdenes de captura entre las que se encuentran dirigentes de Ascamcat y Cisca
Por Camilo Raigozo
El pasado sábado 6 de febrero en horas de la mañana, en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención, miembros de La Fiscalía, CTI, Sijin y un comando especial del Ejercito, realizaron la detención de los campesinos José de Dios Benítez, Roimer Carrascal y Edison Márquez, miembros de la Junta de Acción comunal de su vereda.
A las fuerzas represivas del Estado la acompañaban los informantes de profesión Jair Ascaño, alias “Walter”; Jaider Claro y Diorgen Estevez, quienes se distinguían por ser vagos, araganes y maleantes. Luego se fueron a trabajar con el Ejército como informantes remunerados, según las denuncias.
Simultáneamente ocurrió lo mismo en los corregimientos El Aserrío, San Pablo y La Cecilia, del municipio de Teorama, donde fueron detenidos José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, inspector de Policía, Aleida Angarita, ex presidenta de la junta de acción comunal y-
Yorgen Acosta, fiscal de la junta de acción comunal. Allí las tropas utilizaron a los informantes alias”Sientero” y “Carlos Estévez”. El 7 de febrero fueron detenidos Dioscamel Galvis Vergel, en La Cecilia y Héctor Saúl Carrascal y su hijo Neider Carrascal, en el corregimiento de San Pablo.
El 6 de febrero, en el corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama, la Fiscalía y el Ejército estuvieron pidiendo la cédula a los habitantes donde las fotocopiaron, filmaron y fotografiaron a las personas.
El lunes 7 de febrero, el ejército rodeó el pueblo y argumentó que tenía 15 órdenes de captura. El 6 de febrero, en El Tarra fueron retenidas 150 personas, registradas las cédulas, fotografiadas y filmadas, lo mismo que las personas. Al día siguiente hicieron lo mismo con otros 100 pobladores.
Una Comisión de Verificación visitó las localidades afectadas los pasados 13, 14 y 15 de febrero recepcionando más de un centenar de denuncias contra la Fuerza Pública por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Por Camilo Raigozo
El pasado sábado 6 de febrero en horas de la mañana, en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención, miembros de La Fiscalía, CTI, Sijin y un comando especial del Ejercito, realizaron la detención de los campesinos José de Dios Benítez, Roimer Carrascal y Edison Márquez, miembros de la Junta de Acción comunal de su vereda.
A las fuerzas represivas del Estado la acompañaban los informantes de profesión Jair Ascaño, alias “Walter”; Jaider Claro y Diorgen Estevez, quienes se distinguían por ser vagos, araganes y maleantes. Luego se fueron a trabajar con el Ejército como informantes remunerados, según las denuncias.
Simultáneamente ocurrió lo mismo en los corregimientos El Aserrío, San Pablo y La Cecilia, del municipio de Teorama, donde fueron detenidos José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, inspector de Policía, Aleida Angarita, ex presidenta de la junta de acción comunal y-
Yorgen Acosta, fiscal de la junta de acción comunal. Allí las tropas utilizaron a los informantes alias”Sientero” y “Carlos Estévez”. El 7 de febrero fueron detenidos Dioscamel Galvis Vergel, en La Cecilia y Héctor Saúl Carrascal y su hijo Neider Carrascal, en el corregimiento de San Pablo.
El 6 de febrero, en el corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama, la Fiscalía y el Ejército estuvieron pidiendo la cédula a los habitantes donde las fotocopiaron, filmaron y fotografiaron a las personas.
El lunes 7 de febrero, el ejército rodeó el pueblo y argumentó que tenía 15 órdenes de captura. El 6 de febrero, en El Tarra fueron retenidas 150 personas, registradas las cédulas, fotografiadas y filmadas, lo mismo que las personas. Al día siguiente hicieron lo mismo con otros 100 pobladores.
Una Comisión de Verificación visitó las localidades afectadas los pasados 13, 14 y 15 de febrero recepcionando más de un centenar de denuncias contra la Fuerza Pública por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Notimundo conoció que el ejército posee una lista de 78 campesinos con órdenes de captura, entre ellos José del Carmen Abril, presidente de Ascamcat y Jhonny Abril, fiscal de la misma organización, quién también es el director del Campamento de Refugio Humanitario.
De ocupación de viviendas, fincas, centros educativos y otras áreas civiles, así como amedrentamientos, empadronamientos, fotografías, filmaciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras arbitrariedades, fue acusada la Fuerza Pública por los campesinos.
Las comunidades denunciaron que todas las personas detenidas en esta ocasión, habían sido previamente retenidas por el ejército desde hace dos meses, fotografiadas y filmadas, lo mismo que sus documentos de identidad.
Las 18 personas detenidas son acusadas de terrorismo y concierto para delinquir. La Asociación Campesina del Catatumbo y Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, hicieron un llamado urgente a la Defensoría, Personería y Procuraduría, para que cumplan con su deber constitucional de proteger a la población de los atropellos de los agentes del Estado.
También hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los medios de comunicación y a las organizaciones sindicales para que estuvieran vigilantes con el respeto de los derechos civiles de las víctimas.
Las 18 personas detenidas son acusadas de terrorismo y concierto para delinquir. La Asociación Campesina del Catatumbo y Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, hicieron un llamado urgente a la Defensoría, Personería y Procuraduría, para que cumplan con su deber constitucional de proteger a la población de los atropellos de los agentes del Estado.
También hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los medios de comunicación y a las organizaciones sindicales para que estuvieran vigilantes con el respeto de los derechos civiles de las víctimas.
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