Visita de Misión AsturianaDeplorable la situación de los derechos humanos en Colombia
Además de ser intimidada y amenazada por las Fuerzas Armadas, a la delegación le fue negada la entrada a la prisión de alta seguridad de Valledupar a verificar la situación de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz
Una delegación asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia encabezada por Rafael Palacios, visitó al país del 29 de enero al 12 de febrero pasado y recorrió los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Putumayo, Sur de Bolívar y Cundinamarca, además de Bogotá, sitios en los que encontró el respeto a los derechos humanos en estado deplorable.
“Denunciamos la actitud intimidatoria, hostil, amenazante, agresiva, irrespetuosa y grosera de Fuerzas Armadas colombianas con esta Misión Internacional”, dice el informe preliminar de la delegación asturiana conocido el pasado 12 de febrero.
La denuncia se refiere a los hechos que se presentaron el 2 de febrero en Piñuñanegro, Putumayo, cuando la delegación extranjera se encontraba investigando en el terreno las violaciones a los derechos humanos.
“Un helicóptero militar aterrizó junto a la escuela de la localidad y los generales Cabrera y Colón, al mando de varios oficiales y numerosa tropa que portaba armas de guerra, junto a civiles armados, se dirigieron de forma ofensiva, intimidatoria y grosera-
a los miembros de la Delegación del Principado de Asturias, fotografiándolos a todos ellos sin autorización”, dice el documento y a renglón seguido agrega, “expresaron que los civiles presentes en la zona éramos sospechosos de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla”. Sí eso ocurre con una delegación de derechos humanos europea ¿Cómo será el trato cotidiano que reciben los humildes campesinos?
Continúa terror paramilitar
Para Palacios el objetivo de los generales era impedir que la delegación constatara las múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en la zona por la tropa: “barcos militares con armamento de guerra atracados dentro de la localidad,-
requisas y registros por parte de militares a población civil, helicópteros aterrizando junto a la escuela, militares acampados dentro de las casas del pueblo poniendo en peligro la vida de la población y de los miembros de la Comisión al convertirlos en objetivo militar”.
La delegación expresó su preocupación por las denuncias de los crímenes de los paramilitares en las regiones visitadas.
“A pesar de que el Gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de estos grupos, las denuncias y testimonios constatan que siguen cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos, ejecuciones, desplazamientos forzosos, desapariciones, violencia sexual y son un factor de desestabilización de la paz pública”, advierte el informe que también critica el fuerte crecimiento de estas hordas criminales cuyo accionar se ve reflejado el aumento de asesinatos y desplazamiento forzado.
La delegación denunció la existencia de listas de personas amenazadas de muerte por los ‘paras’ como represalia por su actividad como dirigentes sociales del Putumayo.
“De la misma forma denunciamos la existencia de informes de inteligencia del Ejército Nacional sobre personas civiles a las que se sindica de guerrilleros y que contienen datos privados de una lista de personas y familias a “neutralizar” en el Caquetá”.
Que no se profane la gran fosa comúnLa Delegación Asturiana advirtió a las autoridades sobre la inmensa fosa común denunciada recientemente por una comisión británica en La Macarena, Meta, la cual contiene los restos mortales de al menos 2.000 personas desaparecidas víctimas del-
binomio militar-paramilitar según las denuncias de las comunidades, que se garantice la seguridad del área del cementerio con el fin de prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí reposa.
Los asturianos recomendaron crear un centro de identificación forense en La Macarena, con el fin de lograr la plena identificación de las víctimas sepultadas allí como NN.
El informe denuncia la falta de garantías para quienes defienden los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, especialmente de los prisioneros políticos y añade que a la comisión le fue impedido el ingreso a la cárcel de alta seguridad de Valledupar, considerada una de las reclusiones donde más se violan los derechos humanos, con la clara intención de ocultarle a la comunidad internacional las atrocidades que allí suceden.
Entre otras decenas de denuncias la Comisión instó al Gobierno a garantizar la vida y la integridad de las familias que están retornando a Argelia, Cauca, después de haber sido desplazadas por la estrategia paramilitar que dejó cientos de personas asesinadas o desaparecidas.
“Estas familias denunciaron la existencia de una fosa común, de un matadero, localizado entre Casa de Teja y El Roble, en la vereda Nuevo Horizonte, municipio de Argelia, Cauca”, cita un aparte del informe que será puesto a disposición de los parlamentos asturiano, español y europeo; de los gobiernos asturiano, español y colombiano, como también de la ONU, de la OIT, de la OEA y de distintos colectivos, movimientos sociales y ONG de derechos humanos.
