Catatumbo, Norte de Santander
Crisis humanitaria por terrorismo de Estado
Brutal persecución del régimen contra el campesinado y sus organizaciones sociales. 18 labriegos han sido encarcelados de una lista de al menos 78 personas donde aparecen dirigentes de Ascamcat
Por Camilo Raigozo. Voz

Al menos 18 campesinos han sido detenidos desde el pasado 6 de febrero cuando se inició por parte de la Fiscalía, la Sijin y un comando especial del Ejército, una brutal cacería humana de campesinos de la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Según denunciaron las comunidades la mayoría de víctimas de estas detenciones masivas fueron sacados de sus viviendas y trasladaos en helicóptero a Cúcuta acusados de rebelión.

VOZ conoció una lista de otras 78 órdenes de captura, aunque fuentes de la región advirtieron que los mismos miembros del ejército les hicieron saber que el número podría pasar de 170.

En las listas de personas que serán privadas de la libertad figuran líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y del Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca.

De la primera organización aparecen los nombres de su presidente José del Carmen Abril y el fiscal de la misma, Jhonny Abril, quién también es el director del Campamento de Refugio Humanitario.

Los campesinos fueron detenidos en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención y de los corregimientos El Aserrío, San Pablo, San Juancito y La Cecilia, del municipio de Teorama.

Entre el 13 y 15 del presente mes, organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, prensa alternativa, colectivos estudiantiles, ONGs internacionales y representantes de otras organizaciones sociales, realizaron una Comisión de Verificación del respeto a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la zona afectada, encontrando un panorama desolador.

Más de un centenar de denuncias de violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al DIH por parte de la Fuerza Pública contra las comunidades fueron receptadas por la Comisión.

Ocupación de viviendas, fincas, centros educativos y otras áreas civiles, así como amedrentamientos, empadronamientos, fotografías, filmaciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras arbitrariedades de la Fuerza Pública fueron denunciadas por los campesinos.

También denunciaron el azote paramilitar, principalmente en Campo Dos, municipio de Tibú, donde establecen retenes las 24 horas en los que extorsionan a los conductores con peajes de 20 y 50 mil pesos por vehículo. Según las denuncias los retenes de los ‘paras’ están a 50 metros de un puesto de Policía.

El Ejército y la Fiscalía se han valido de supuestos desertores que trabajan a sueldo como informantes los cuales acusan a inocentes campesinos de pertenecer o de ser colaboradores de la guerrilla.

Según pudo establecer Voz, en la mayoría de las detenciones le fueron violados a las personas detenidas los derechos en los procedimientos y se hicieron de forma arbitraria.

El 14 de febrero parte de la Comisión se desplazó para verificar las denuncias de la ocupación ilegal por parte del Ejercito, de predios de la finca Villa María de propiedad de Adelaida Sierra, ubicada en el corregimiento-

El Aserrío, municipio de Teorama, comprobando que efectivamente allí se encuentran establecidas tropas del Ejército Nacional desde hace cuatro años, las cuales dijeron pertenecer al Batallón Vial y Energético 10.

Igualmente se pudo constatar que tropas pertenecientes al Batallón Ricaurte del la V Brigada de Bucaramanga, acampaban en las instalaciones de la escuela rural de la Cristalina.

“Estos casos son solo una pequeña muestra de las permanentes infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército Nacional de Colombia”, le dijo un campesino a Voz. Fotos Camilo Raigozo.

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