Uribe Centro Narcocrático
Iván Cepeda denunció que Uribe destinó recursos para su
propio beneficio cuando era Presidente
El dirigente de Colombianos y Colombianas por la Paz,
Iván Cepeda, pidió este miércoles investigar al expresidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, por haber promovido durante su gobierno la ejecución de
obras públicas en predios agrícolas de su propiedad y, además, presuntamente
haber adquirido terrenos baldíos de manera irregular.
"Álvaro Uribe, siendo presidente, tuvo un interés
directo en la asignación de más de cinco mil 800 millones de pesos (casi tres millones
de dólares) de fondos del presupuesto nacional al distrito de riego Mocarí, que
abastece terrenos de su propiedad", denunció Cepeda en una rueda de
prensa.
De acuerdo con el defensor de los derechos humanos, Uribe
y su familia poseen en ese distrito del departamento de Córdoba (noroeste) 59
predios, equivalentes a mil 469 hectáreas, que se beneficiaron entre 2007 y
2009 con proyectos de adecuación por mil 410 millones de pesos (unos 705 mil
dólares).
Además, denunció que la familia de Uribe adquirió de
manera irregular cuatro predios baldíos en esa misma región, entre los años
1996 y 2003, y otro terreno que tenía una restricción para la venta, pues debía
destinarse a pequeños campesinos.
"En este segundo caso, se desconoce la cantidad
total de hectáreas, pero lo importante es que se trata de cuatro baldíos
adjudicados cuando esos terrenos no pueden acumularse", destacó.
Uribe, un dirigente de derecha que gobernó Colombia entre
2002 y 2010 y aspirará a un asiento en el Senado el próximo año, es un abogado
y hacendado de 61 años procedente de una familia de propietarios agrícolas.
En ese contexto, Cepeda afirmó que "el hoy candidato
al Congreso y su partido pregonan que una de sus grandes banderas para esta
campaña es buscar que el Estado sea austero y transparente. ¿Con qué autoridad
de carácter moral, el expresidente que se benefició de dineros públicos para
sus predios levanta semejante consigna?".
En las últimas semanas, otros parlamentarios y la ONG
británica Oxfam han denunciado la acumulación de miles de hectáreas de terrenos
baldíos por parte de grandes empresas agrícolas, entre estas la estadounidense
Cargill, en el departamento de Vichada (sureste, fronterizo con Venezuela).
La ley colombiana prevé que las tierras baldías tengan
una función social, por lo que deben otorgarse a pequeños y medianos campesinos
y no se permite que un solo propietario acumule más de un predio.
Colombia es uno de los países con mayor concentración en
la propiedad de la tierra. Según el informe de desarrollo humano del PNUD de
2011, 52 por ciento de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15 por
ciento de la población.
