sábado, octubre 05, 2013

Terrorismo de Estado
Paramilitares amenazan a líderes sociales en Cartagena del Chairá, Caquetá
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de los señalamientos temerarios del presidente Santos, su ministro de represión y guerra contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón y de otras autoridades civiles y militares, contra los manifestantes del Paro Nacional Agrario, ahora vienen las amenazas de las fuerzas oscuras del régimen.

Las comunidades agrarias de este municipio,  como las de todo el departamento, participaron en el paro desde el mismo 19 de agosto pasado y se desplazaron hasta Florencia, donde convergieron más de 10 mil personas que reclamaron sus derechos ante las diferentes esferas del gobierno.

En el marco del paro las fuerzas represoras del régimen (fuerza pública) cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, tales como restricción al derecho de locomoción y movilidad de los participantes, señalamientos, empadronamientos, pillaje, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y otros actos criminales contra los manifestantes.

Esta denuncia fue hecha por la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica-Caquetá y la Comisión de Derechos Humanos de Coordosac.

En la estrategia de guerra sucia contra las organizaciones sociales y sus dirigentes, el siguiente paso del libreto se inició el pasado 28 de septiembre, cuando criminales del paramilitarismo autodenominados “águilas negras de Colombia guerreros del yarí”, regaron panfletos amenazantes en  Cartagena del Chaira.

Según la denuncia los ‘paras’ señalaron como “objetivos militares” a los siguientes dirigentes sociales, activistas por la paz, miembros de Coordosac y de Marcha Patriótica:

Jaider Galindo, dirigente popular, expresidente, de juntas de acción comunal vereda Banderas, ex coordinador núcleo comunal N 9, expresidente de aso juntas, exfuncionario de la secretaria de asuntos comunitarios de la alcaldía municipal, responsable de movimiento político y social marcha patriótica Caquetá, en la actualidad vocero principal del paro nacional agrario y popular.

Misael Caro Pacheco, presidente asociación de juntas Cartagena del chaira.
Jorge Londoño, expresidente Asojuntas Cartagena del Chaira.

Yesid Doncel, actual secretario de organización de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac, exconcejal y expresidente de la Asojuntas.

Doncel también ha desempeñados cargos públicos, promotor de acción comunal, inspector de Policía en Remolino del Caguán y San José de Risaralda, secretario del Concejo Municipal, secretario de Asuntos Comunitarios y Tesorero.

De igual manera se desempeñó como Secretario de Gobierno en la Montañita Caquetá, ha sido presidente de la Unión Patriótica y del Polo Democrático.

Alfonso Garzón, presidente junta acción comunal barrio Divino Niño. Alirio Rojas. Isaac Páez, dirigente popular y comunal, directivo del movimiento político y social marcha patriótica en el departamento del Caquetá, integrante de la comisión de organización comunal de Coordosac  del Caquetá y en la actualidad es vocero por el departamento de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA.

Páez fue víctima de un montaje jurídico perpetrado por miembros de la Sijin y la Fiscalía, donde fue acusado de ser ideólogo de la guerrilla. También ha sido  víctima de dos intentos de asesinato, en el 2006 y 2007,en la ciudad de Florencia, siendo candidato a la alcaldía de Cartagena del Chaira.

Así mismo fue  víctima de otro montaje judicial que lo llevo a la cárcel el 11 de octubre, 14 días antes de las elecciones y que fue liberado el 22 de diciembre del mismo año 55 días después a las elecciones.

Arturo Izasa, motorista de Asotaxis del Caguán. José Hincapé. Salomón Martínez, comerciante de ganado y Pedro Garzón Molina, comerciante de queso.

La presencia del paramilitarismo en la región ha sido negada por los comandantes del Ejército y la Policía, así como también por el gobernador del departamento y otras autoridades locales, desentendiéndose de sus obligaciones constitucionales de proteger a la población civil.


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