Terrorismo de Estado
Paramilitares amenazan a líderes sociales en Cartagena
del Chairá, Caquetá
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Luego de los señalamientos temerarios del presidente
Santos, su ministro de represión y guerra contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón
y de otras autoridades civiles y militares, contra los manifestantes del Paro
Nacional Agrario, ahora vienen las amenazas de las fuerzas oscuras del régimen.
Las comunidades agrarias de este municipio, como las de todo el departamento, participaron
en el paro desde el mismo 19 de agosto pasado y se desplazaron hasta Florencia,
donde convergieron más de 10 mil personas que reclamaron sus derechos ante las
diferentes esferas del gobierno.
En el marco del paro las fuerzas represoras del régimen (fuerza
pública) cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, tales como
restricción al derecho de locomoción y movilidad de los participantes, señalamientos,
empadronamientos, pillaje, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e
inhumanos y otros actos criminales contra los manifestantes.
Esta denuncia fue hecha por la Corporación para la Defensa
de los Derechos Humanos Caguán Vive, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha
Patriótica-Caquetá y la Comisión de Derechos Humanos de Coordosac.
En la estrategia de guerra sucia contra las
organizaciones sociales y sus dirigentes, el siguiente paso del libreto se
inició el pasado 28 de septiembre, cuando criminales del paramilitarismo autodenominados
“águilas negras de Colombia guerreros del yarí”, regaron panfletos amenazantes en
Cartagena del Chaira.
Según la denuncia los ‘paras’ señalaron como “objetivos
militares” a los siguientes dirigentes sociales, activistas por la paz,
miembros de Coordosac y de Marcha Patriótica:
Jaider Galindo, dirigente popular, expresidente, de
juntas de acción comunal vereda Banderas, ex coordinador núcleo comunal N 9,
expresidente de aso juntas, exfuncionario de la secretaria de asuntos
comunitarios de la alcaldía municipal, responsable de movimiento político y
social marcha patriótica Caquetá, en la actualidad vocero principal del paro
nacional agrario y popular.
Misael Caro Pacheco, presidente asociación de juntas
Cartagena del chaira.
Jorge Londoño, expresidente Asojuntas Cartagena del
Chaira.
Yesid Doncel, actual secretario de organización de la
Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas
del Caquetá, Coordosac, exconcejal y expresidente de la Asojuntas.
Doncel también ha desempeñados cargos públicos, promotor
de acción comunal, inspector de Policía en Remolino del Caguán y San José de
Risaralda, secretario del Concejo Municipal, secretario de Asuntos Comunitarios
y Tesorero.
De igual manera se desempeñó como Secretario de Gobierno
en la Montañita Caquetá, ha sido presidente de la Unión Patriótica y del Polo
Democrático.
Alfonso Garzón, presidente junta acción comunal barrio
Divino Niño. Alirio Rojas. Isaac Páez, dirigente popular y comunal, directivo
del movimiento político y social marcha patriótica en el departamento del
Caquetá, integrante de la comisión de organización comunal de Coordosac del Caquetá y en la actualidad es vocero por
el departamento de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA.
Páez fue víctima de un montaje jurídico perpetrado por miembros
de la Sijin y la Fiscalía, donde fue acusado de ser ideólogo de la guerrilla.
También ha sido víctima de dos intentos
de asesinato, en el 2006 y 2007,en la ciudad de Florencia, siendo candidato a
la alcaldía de Cartagena del Chaira.
Así mismo fue víctima
de otro montaje judicial que lo llevo a la cárcel el 11 de octubre, 14 días
antes de las elecciones y que fue liberado el 22 de diciembre del mismo año 55
días después a las elecciones.
Arturo Izasa, motorista de Asotaxis del Caguán. José
Hincapé. Salomón Martínez, comerciante de ganado y Pedro Garzón Molina, comerciante
de queso.
La presencia del paramilitarismo en la región ha sido
negada por los comandantes del Ejército y la Policía, así como también por el
gobernador del departamento y otras autoridades locales, desentendiéndose de
sus obligaciones constitucionales de proteger a la población civil.
