Desafuero penal
militarPor Camilo Raigozo
El esperpento
contra los derechos humanos aprobado en el Congreso por la aplanadora santista,
conocido como la ampliación del fuero penal militar, fue nuevamente criticado
por la ONU, quién advirtió una vez más que constituye un retroceso.
En "el año
2012 hubo varios avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, la
reforma del fuero militar constituye un retroceso", precisó en un
comunicado Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, informó la agencia Afp.
Howland reiteró
la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, y
otros expertos de la organización, de que la aprobación del fuero militar,
"contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en
materia de derechos humanos".
Según el
funcionario, "las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de
la competencia de la justicia penal militar. La competencia penal militar es
excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas
por personal en servicio activo”, informó la fuente.
Sin ninguna vergüenza
el “honorable” Congreso aprobó la reforma constitucional el pasado 11 de
diciembre, para dar vida al nuevo fuero militar, el cual, según la ONU y
organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales,
garantiza la impunidad a los crímenes cometidos por militares y policías.
Una de las
cortadas de la reforma con la que el Gobierno ha querido engañar a la ONU, a
las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública en general, es
que aparentemente crímenes como el genocidio, desaparición forzada, violencia
sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado, no
podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar.
Sin embargo será
la flamante Comisión Mixta, compuesta por militares en retiro y otros gérmenes
de la misma especie, y no la Fiscalía, la que primero llegue al sitio de los hechos
y quién realice la primeras investigaciones de los posibles crímenes.
También será ese
siniestro órgano quién decida si las investigaciones y procesos judiciales
serán de competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. Es
fácil deducir cuáles serán sus “justas” decisiones.
Pero como si lo
anterior fuera poco, existe otra figura previamente fabricada para complementar
el esperpento que les espera a los colombianos, el cual fue desnudado por Human
Rights Wach:
“De acuerdo con
el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de
casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la
violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como
delitos de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y
de acuerdo con la política de un Estado u organización”.
De acuerdo a lo
anterior, casos como el del oficial del Ejército que violó a dos niñas en Tame,
Arauca, y luego asesinó a una de ellas, junto a sus dos hermanitos, no podría
ser juzgado por la justicia ordinaria, porque tendría que demostrarse que dichos
crímenes eran parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población
civil efectuado con conocimiento del ataque como política del Ejército o del
Estado.
La justicia
ordinaria encontró culpable de los hechos al oficial y lo condenó a 60 años de
cárcel. Sin embargo con la ampliación del fuero militar, más sus complementos,
como el descrito anteriormente, este y el resto de casos similares o peores
podrían pasar a la justicia penal militar, la cual es sinónimo de impunidad.
Lo mismo puede
ocurrir con los más de 3.000 asesinatos a sangre fría cometidos por militares,
más conocidos como falsos positivos.
Igualmente los
miembros de la Fuerza Pública que resulten “condenados” por sus crímenes
pagarán sus castigos en centros de reclusión especiales, como el Tolemaida
Resort. Toda una ofensa contra las víctimas y la dignidad humana.
La reforma al
fuero militar es un mensaje claro a militares y policías de que pueden cometer
toda clase de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la población
civil, con la garantía de que sus delitos van a gozar de impunidad.
