PutumayoPor Camilo Raigozo
El pasado 4 diciembre la Representante a la Cámara Ángela
María Robledo realizó un debate en el
Congreso en el que denunció los brutales abusos que sufren los pobladores del
Putumayo por parte del Ejército Nacional.
Tan dolorosos y contundentes fueron las denuncias que
hasta el coronel Juan Carlos Gómez, director de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, se avergonzó. Por lo menos
eso fue lo que dijo públicamente.
El Espectador publicó una muestra de las denuncias de las
comunidades, las cuales presentará ante la Fiscalía próximamente. La fuente se
reservó la identidad de las víctimas para proteger su vida y su integridad.
A continuación reproducimos dichas muestras:
Las niñas como ‘damas de compañía’
“[A los niños] sus papas los internan, precisamente, para
evitar que sean abusados. [Los militares] abusan de las niñas, las llevan al
‘cambuche’ o al lugar donde ellos están. Vienen 5, 6, 7 u 8 militares, las
llevan y están con ellas, luego las regresan a la casa o, a veces, no las
llevan directamente a la casa, sino a una intersección para que ellas sigan.
“Las tienen de damas de compañía. Y luego vienen los
grupos armados ilegales y se dan cuenta de que esa niña estuvo con un militar y
entonces la torturan porque dicen que está con el enemigo”.
‘La Fuerza Pública debe respetar el sentido ético de su
profesión’
“La Fuerza Pública debe respetar el sentido ético de su
profesión. Este año, 12 estudiantes menores de edad, del Colegio Industrial,
resultaron embarazadas. Todas ellas por soldados. Ellos les conversan mientras
van camino a la casa. Les dan bolsas de comida para conquistarlas.
“Tiempo después, les dicen déjeme tocarle los senos y yo
le doy $2 mil. Y las niñas se dejan tocar, que es lo más complicado. Si se
dejan tocar la vagina son $5 mil, $10 mil. Son muchas las necesidades de estas
peladas, viven en condiciones deplorables: no hay acueducto, no hay
alcantarillado, no hay energía. Por tener cualquier peso en la mano acceden a
estas cosas”.
‘Me da rabia cuando dicen que son casos aislados’
“Ninguna entidad del Gobierno tiene realmente una
panorámica de lo que está pasando en el país, porque uno muchas veces está
frente a un televisor y se sorprende de la cantidad de mentiras que dicen. A mí
me da rabia cuando un coronel del Ejército dice que esos son casos aislados.
“Cuando uno está en el medio, uno sabe que eso no son
casos aislados, que eso es un común denominador. Yo he tenido contacto con el
batallón. Como también me ha tocado estar con la guerrilla y me sorprende como
muchas veces hay mejor trato de parte de la guerrilla que del Ejército”.
Si le ocurriera a un civil...
“Cuando se accedió a hablar con el comandante del
batallón, ¿cómo lo solucionó él? Lo único que hizo fue cambiar el pelotón y
mandó la explotación a otro lado. ¿De qué sirve que haya inversión social si
los mismos miembros de la Fuerza Pública que tienen que respetar y evitar la
vulneración de los derechos de los niños son los primeros que los están
violando?
“Si eso ocurriera con un civil, seguro que le aplicarían
el peso de la ley, pero pasa con un soldado profesional y todo el mundo evade
la responsabilidad”.
‘Si hablo, a mi hija la violan’
“Los campesinos cuentan que van a mercar y cuando vuelven
el Ejército se les mete a las casas y les quitan la poca comida que tienen, y,
¿quién los defiende? No podemos decir
que son casos aislados, pero a la gente le da miedo denunciar porque Putumayo
es uno de los departamentos donde más casos de falsos positivos se han
presentado. Si hablo, a mi hija la violan. Si hablo, me ponen una mina
quiebrapatas. Si hablo, no me siento respaldado”.
¿Dónde está la voz de protesta de quienes se rasgan las
vestiduras hipócritamente acusando
falsamente a la insurgencia de violar los derechos de la niñez?
¿Dónde está la vehemencia de la congresista Gilma Jiménez,
que usa los derechos de la niñez para ganar votos, pero que en los casos de
abuso del Ejército prefiere mirar para otro lado?
Recientemente el
presidente Santos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzó, altos mandos
militares y congresistas inescrupulosos, participaron en la aprobación de la
ampliación del fuero penal militar, con lo cual los crímenes cometidos por
miembros de la Fuerza Pública quedan en la impunidad.
