Diálogos de paz“Resueltos los problemas del pueblo, resueltos los de las FARC”. Los delegados plenipotenciarios de las FARC, desde La Habana, señalan que los planes para aniquilarlos han fracasado
Por: El Telégrafo
Los comandantes Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús
Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París responden a un cuestionario de este
diario. Aquí algunas pistas del futuro del proceso Diálogo con el Gobierno de
Juan Manuel Santos.
El 18 de octubre de 2012 inició, en Oslo, Noruega, uno de
los procesos más importantes para buscar la paz en Colombia.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de
largas y secretas conversaciones, decidieron sentarse para dialogar sobre los
problemas más acuciantes de su país.
Ese día el mundo pudo ver, en directo, como cada
delegación respondía al reto de la historia desde sus demandas políticas. Los
diálogos continuarán el 15 de noviembre en La Habana, Cuba.
El Telégrafo quiere propiciar el análisis que tal proceso
ha generado y contribuir a la discusión pública de las tesis de ambos actores.
En ese contexto, contactamos a los Delegados
Plenipotenciarios de la Paz de las FARC-EP en La Habana, vía electrónica. Aquí
se revelan algunos aspectos que ahondan la posición de las FARC respecto al
momento histórico en el que se dan estos nuevos diálogos.
Las respuestas fueron escritas por Iván Márquez, Ricardo
Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París.
¿Cuáles fueron los
principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en
Colombia?
Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al
conflicto social y armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen
al pueblo y somos parte sustancial del mismo.
Tras más de 50 años de continuos fracasos del Estado y
los sucesivos gobiernos en la lucha contrainsurgente, ahora dan muestras de
realismo político y militar.
Nos buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor
dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la
contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.
¿En qué momento y
cuáles son los elementos que incidieron para que Juan Manuel Santos decida
tratarlos como fuerza beligerante y no como terroristas?
Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El
cumplimiento del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el
gobierno anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los
programas impuestos:
el Plan Colombia y sus variantes el Plan Patriota y el
Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en cabeza de Juan
Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto social y armado que
afronta el país.
Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro
carácter de fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través
del derecho, pese a que tengamos todos los requisitos:
somos una organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos desplegados en todo el territorio nacional;-
nuestros combatientes visten uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el programa revolucionario de la Nueva Colombia, la Patria Grande y Socialismo.
La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos
que nos la han achacado. Usted puede ver a los señores del gobierno reunidos
con nosotros, a representantes de prestigiosos gobiernos aportando al proceso
que se inicia y puede leer el alud de pronunciamientos hechos a diario.
En ninguna parte aparece el término al que usted refiere.
Muchos analistas, de tendencia liberal, dicen que ustedes se sientan a dialogar
porque están en una situación de “derrota estratégica”.
Con vencidos o derrotados no se dialoga. Se impone la
voluntad del vencedor. Esa es la esencia de la guerra.
¿Es legítimo
sentarse a negociar con un Estado que muchas veces ha actuado de acuerdo a los
lineamientos de EE.UU. de considerar a Latinoamérica como un patio trasero de
experimentos bélicos para apropiarse de recursos naturales?
Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene
que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política
al conflicto social y armado.
La permanente injerencia de los EE.UU. y otras potencias
en Colombia es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro
pueblo.
Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es
el tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de
asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el área de
la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado hace rato.
El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington,
declara la guerra y la desarrolla. Son ellos, EE.UU., quienes tienen que
pararla. Es con ellos que debemos entendernos.
Los vietnamitas mientras enfrentaban la guerra de
agresión de Francia y luego de los EE.UU. dialogaron con sus agresores sin
abandonar los principios. Es una enseñanza que hay que tener en cuenta.
¿Saben ustedes
cuál es la postura oficial -pero no pública- del gobierno de Barak Obama sobre
estas nuevas negociaciones de paz? ¿Trataron este asunto con el gobierno
colombiano antes de las conversaciones?
Voceros del Departamento de Estado de los EE.UU. han felicitado
públicamente al señor Santos por iniciar las conversaciones.
Antes del viaje de la delegación de las FARC-EP a Oslo, Noruega, hubo una inusual declaración del mismo Departamento, y con posterioridad a Oslo, un tercer pronunciamiento bastante prudente.
Hubiera sido bueno que en la última comparecencia de los
candidatos en la Tv, Obama se hubiese ocupado de América Latina y fijado la
posición de su próximo gobierno frente al conflicto colombiano.
No obstante, en una desacostumbrada entrevista Obama
habló de sus deseos de paz para Colombia y formuló su propósito, como es lógico
sin consultar los intereses de la mayoría,-
exponiendo que para él el conflicto se resuelve simplemente con que las FARC-EP dejen las armas. Una visión desafortunadamente irreal y unilateral.
¿En qué medida la
presencia de delegados ex militares en la mesa de negociación cambia
positivamente las condiciones para llegar a un acuerdo de paz? ¿Conocen mejor
los militares las sinuosidades no políticas de la lucha armada?
En procesos de diálogos anteriores también participaron
algunos generales retirados, como es el caso del general Forero Delgadillo, o
del general Joaquín Matallana, quien siendo coronel encabezó el ataque contra
la región de Marquetalia.
Hoy hacen presencia en la mesa dos de los hombres que
apostaron por la derrota militar de nuestra organización guerrillera.
Es deseable que generales en servicio activo también se
vinculen, muchos de ellos han sido asaltados en su buena fe para adelantar una
guerra en contra de su propio pueblo.
Por otra parte, la Fiscalía dice que hay más de 15.000
militares investigados por diversos delitos: los homicidios fuera de combate
(falsos positivos), los vínculos con el paramilitarismo, las desapariciones,
torturas, abusos de poder son lastres que avergüenzan a militares honestos.
El fantasma de lo que ocurrió a los generales en
Argentina, Uruguay, Guatemala, el Salvador ronda hoy en los salones dorados de
los clubes de oficiales de las FF.MM. y de Policía. Esperamos que los militares
por fin aporten a la paz del país.
Antes de continuar
con los puntos a tratarse en la agenda de los diálogos, quisiéramos saber dos
cosas: 1.- ¿Hay consenso al interior de las FARC de que es la hora de negociar
la paz y abandonar las armas?
La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes
hemos planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea
política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el gobierno,
de eso que no quepa la menor duda.
Este es un proceso que apenas comienza. Cada punto de la
agenda contempla unos sub-puntos que habrá que desarrollar con creatividad para
ir encontrando fórmulas de acuerdos que deben comenzar a plasmarse en la vida
práctica de la sociedad colombiana.
Si en la refrendación e implementación de los acuerdos se
van obteniendo resultados concretos, se transitará hacia un país que ataca las
causas que han dado origen al conflicto; seguramente esto hará innecesario el
uso de las armas que legítimamente hemos empuñado hasta el momento.
La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y
las guerrilleras de las FARC-EP, por tanto, si dejan de existir las causas que
hicieron tronar las armas, estas se silenciarán y no tendrán ninguna utilidad.
Y dos: ¿Aún
consideran a la lucha armada como una alternativa militar y política mientras
en la mayoría de países, sobre todo en el Sur de América, hay procesos
políticos que los más optimistas han calificado de progresistas? ¿Cómo miran
ustedes esos procesos?
Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho
a luchar por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y
riquezas.
La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada específicamente, esta no surge por decreto de nadie.
Obedece a factores muy específicos de cada sociedad. Como
revolucionarios nos solidarizamos con todas las luchas de los pobres de la
tierra.
En Colombia no se permite hacer política de otra manera.
El carácter violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales,
plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza el
terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman.
Una larga lista de otros factores hace que nuestro país
sea tierra fértil para la expresión armada de la lucha, sin ir más lejos, la
desigualdad social. Nuestro país ocupa el vergonzoso cuarto lugar sobre la
lista a nivel mundial... y ¿qué decir de la corrupción?
Nuestros gobernantes, metidos hasta los tuétanos en
negocios sucios, no respetan ninguna norma moral, mucho menos una carta ética.
Y como corolario, el hecho real de que en nuestro país
aquel que disienta del sistema y sus políticas se convierte automáticamente en
objetivo militar.
En otros países de la Patria Grande se dan procesos en
los cuales hay gobiernos que consultan y representan los intereses populares,
toda nuestra admiración y solidaridad para con ellos.
Entre otras cosas esa realidad influye positivamente en
este nuevo intento de salida dialogada al conflicto.
Uno de los puntos
básicos de la agenda de diálogos es el tema agrario. Si consideramos que ningún
país latinoamericano ha hecho una reforma agraria,-
¿Qué les lleva a
pensar y plantear que el Programa Agrario de las FARC puede encontrar eco en el
gobierno de Santos que ha propuesto una ley de desarrollo rural?
¿Cuáles serían los
puntos que harían avanzar un acuerdo básico en este tema?
No es sólo el Programa Agrario de los Guerrilleros,
aprobado en 1964 y que sigue absolutamente vigente, sino que además nos
adecuamos a las nuevas realidades,-
abocándonos a construir soluciones que garanticen los derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, generando condiciones de vida digna producto del trabajo.
Consultando los conceptos de tierra, territorio y
espacialidad, desarrollo amigable con la tierra se resalta, por cierto, que el
capitalismo amenaza la propia existencia del planeta; lo que reivindicamos es
una explotación racional de los recursos, acorde a una existencia digna del ser
humano.
Por otra parte, el discurso pronunciado en Oslo por el
Comandante Iván Márquez a nombre de las FARC-EP y firmado por el Secretariado
Nacional de la organización,-
denuncia la trampa de la llamada ley de restitución de tierra, por medio de la cual se pretende legitimar el despojo de miles de hectáreas.
El ardid: la "venta" o
"arrendamiento" de la tierra a los campesinos, comunidades indígenas
y afro-descendientes de manera legal. Una vez legalizadas las transacciones,
los terrenos son despojados o "confiscados" por necesidad del Estado.
Frente a las
dificultades jurídicas que pueden derivarse si ustedes se desmovilizan, como
producto de estas conversaciones,-
¿qué salidas
concretas proponen para cambiar la percepción de una opinión pública formada en
la desconfianza y en la idea de que muchas de sus acciones fueron criminales y
que deben pagar por ellas antes de pensar en una abierta participación
política?
Ya tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos
a acuerdos sobre la dejación de las armas, en el sentido en que estas pierdan
su razón de ser al resolver las causas de la guerra. No es posible mirar la
institucionalidad de una manera estática.
Si estamos levantados contra ella actualmente no es con
esa misma institucionalidad que se construirán los caminos de la paz.
Se deben hacer cambios y es la mesa de conversaciones la
encargada de proponerlos, y de construir los acuerdos necesarios para atender
las situaciones derivadas de los mismos.
De llegar a un
acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de desmovilización que asegure a los
guerrilleros no solo una situación jurídica segura sino una reintegración
social paulatina? ¿Y una reintegración económica?
Desafortunadamente la desinformación es la cuarta arma en
la guerra. Los medios de comunicación hacen mella.
Pensamos que lo positivo es mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia.
Nos preguntas sobre la reintegración nuestra a la
sociedad, a la economía y nuestra respuesta no puede ser que otra pregunta: ¿Y
en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?.
El proceso de construcción de la paz con justicia social
resolverá los problemas de la población colombiana en general.
Los guerrilleros y las guerrilleras nos incluimos ahí. En
otras palabras, resueltos los problemas de pueblo, del cual somos parte
esencial, estarán resueltos también los problemas de la guerrillerada.
Desde diversas
esferas siempre se ha relacionado a las FARC con el narcotráfico; pero es el
Estado el principal responsable de no controlar la producción y el tráfico de
alcaloides.
¿Cuál es la
posición de ustedes respecto a un tema que no solo le concierne a toda la
sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este
negocio?
Estamos de acuerdo con ustedes sobre la responsabilidad
del Estado en ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los
pobres del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto
usado por los gringos para agredir a los pueblos.
Citemos sólo tres ejemplos: la invasión a Panamá; el
Irangate, para financiar actividades encubiertas (como llaman a los delitos de
los organismos de inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su
descarado intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.
Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y
no lo hemos sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos
laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína.
Lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos a las
actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos
influencia, incluyendo el mercado de la hoja de coca.
Eso es lo que llaman participación en el narcotráfico.
Muestra palmaria son nuestras propuestas de soluciones posibles a este nefasto
problema.
En 1993 propusimos atacar el fenómeno del narcotráfico
como un problema social y de salud y no con soluciones represivas y medidas de
policía.
Después, en el 2000 propusimos la legalización del
consumo de sicotrópicos, nos miraron con desdén y sin embargo esa realidad se
abre paso actualmente como forma de solución.
Igualmente, en el mismo año, en el marco de los diálogos
desarrollados con el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó una audiencia
pública internacional sobre el tema.
Allí propusimos un plan elaborado por el comandante
Manuel Marulanda, para erradicar los llamados cultivos ilícitos.
El plan fue visto con buenos ojos y recibió comentarios positivos, pero a la hora de ponerlo en práctica ningún país, ninguna organización, ninguna personalidad dijo nada y allí quedó, en el olvido.
Otro elemento para
sus conclusiones: ¿Por qué las recientes avalanchas de declaraciones, denuncias
y confesiones hechas por los narcotraficantes siempre vinculan a políticos en
ejercicio, militares en ascenso, ganaderos vinculados con paramilitares, y
empresarios?
¿Quiénes son lo que verdaderamente se lucran de este negocio? ¿Cuáles son los mea culpa de las FARC luego de tantos años de lucha y dolor para quienes están dentro y fuera de la guerrilla en Colombia?
No es posible abordar la tarea de la construcción de la
paz pensando únicamente en las responsabilidades de la guerrilla, desconociendo
la realidad, olvidando quiénes son los verdaderos causantes de la violencia y
viendo como única salida la claudicación del pueblo que lucha por sus derechos.
Nunca nuestro Ejército ha realizado operativos contra
objetivos civiles, está en nuestros lineamientos éticos proteger a la
población, sus bienes. Es más, hace parte de nuestra esencia como Ejército del
Pueblo.
Preguntémonos más bien ¿quién se esconde tras la
población civil?, ¿quiénes tienen los cuarteles e instalaciones en medio de los
poblados desconociendo la normatividad internacional?,-
¿quiénes se atrincheran en las escuelas?, ¿quiénes se
hacen transportar por civiles? Y un largo etcétera de violaciones a las leyes
que rigen la guerra.
Si por situaciones de la confrontación hemos hecho algún
daño a la población civil, esa no ha sido nunca nuestra intención y estamos
dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido.
¿Qué posición
tienen acerca de la frase del negociador De la Calle cuando dijo que “... no
serían rehenes de la mesa de diálogo...”?
De la Calle muestra la posición y urgencias del gobierno
de Santos. Ellos están presionados por las transnacionales para continuar el
inmisericorde saqueo de nuestras riquezas.
Acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, de
acuerdo a sus intereses y en medio de su prepotencia, no entienden cómo el
pueblo en armas exige participación en las decisiones del país, para las
mayorías.
No queremos considerar las palabras de Santos como una
amenaza al proceso. El compromiso firmado es trabajar en los acuerdos de manera
eficaz.
Aprendimos de nuestro Comandante en Jefe, Manuel
Marulanda Vélez, que el trabajo para lograr la paz de nuestro pueblo se debe
hacer “lento pero seguro”.
