Desafuero penal militar/Por: Notimundo
A las peticiones de la ONU y de la ONG internacional
Human Rights Watch al presidente Santos, para que impida la ampliación del
fuero penal militar vía reforma a la Constitución, se sumaron al menos otras
150 ONGs defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras.
Entre estas están las organizaciones que confluyen
alrededor de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), quienes le
dirigieron una carta al presidente Santos y al Congreso de la República,
pidiéndoles evitar la ampliación del fuero militar.
La ONU, HRW y Cceeu, coinciden en que la ampliación del
fuero penal militar “garantizará la impunidad judicial a agentes del Estado
incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario”.
A continuación la carta enviada por las organizaciones
sociales al presidente Juan Manuel Santos, al Senado y a la Cámara de
Representantes:
Señor
Presidente de la República de ColombiaSeñores
Miembros del Congreso de la República de Colombia (Senado y Cámara de Representantes)
Asunto: Solicitud de retiro de reforma constitucional que
amplía el fuero penal militar a graves violaciones de Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Reforma a los artículos 116,
152 y 221 de la Constitución Nacional).
Honorables Presidente de Colombia y Congresistas:
Las organizaciones y personas abajo firmantes, nos
permitimos expresar nuestras preocupaciones por la previsible impunidad de
graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al-
Derecho
Internacional Humanitario que se auspiciará de aprobarse la reforma
constitucional que actualmente se debate en el Congreso de Colombia para
fortalecer el fuero penal militar.
Respaldamos el reciente llamado de alerta al Gobierno
Nacional y al Congreso de la República proferido por 11 Relatores y Grupos de
Trabajo de Naciones Unidas -inédito en la historia de las Naciones Unidas- para
que reconsideren-
la inconveniente aprobación del más grave artificio jurídico
concebido en Colombia que garantizará la impunidad judicial a agentes del
Estado incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, ampliando por medio de una reforma constitucional el
fuero militar a graves violaciones de Derechos Humanos.
Esta reforma es un alarmante retroceso pues pasa por
encima de avances en favor de la exclusión de los crímenes contra los Derechos
Humanos del ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar, logrados en
la legislación y en la jurisprudencia colombiana en las dos últimas décadas.
La larga historia de violaciones de derechos humanos e
infracciones al DIH cometidos por agentes del Estado y la persistencia hoy día
en Colombia de ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones-
forzadas,
reclutamientos forzados, violencia sexual, detenciones arbitrarias y
desplazamientos forzados, constatados en los recientes informes y visitas
internacionales de relatores y grupos-
de trabajo de Naciones Unidas y de la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deberían ser la razón
principal para asegurar que por la naturaleza de estos delitos,-
su conocimiento
judicial sea siempre asumido por la justicia ordinaria y en ningún caso por
tribunales militares para definir o tipificar si se cometió o no una violación
de derechos humanos.
Con esta reforma, el Estado colombiano, lejos de
fortalecer la labor de la justicia ordinaria y de la Fiscalía General de la
Nación, para avanzar en líneas de investigación que permitan el esclarecimiento
de los crímenes,-
el juzgamiento y sanción a los responsables conforme a
estándares constitucionales e internacionales, está promoviendo cambios que
beneficiaran a militares y policías implicados en-
graves violaciones de los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria y permitirá que la
jurisdicción penal militar,-
carente de independencia e imparcialidad -por su
rol en el conflicto armado y en la represión de asuntos de orden público-, sea
facultada para que agentes del Estado, activos o en retiro, sean a la vez Juez
y Parte en estas investigaciones penales.
La ponencia presentada para debate del Proyecto de Acto
Legislativo 192 de 2012 de la Cámara de Representantes establece que “De los
delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo,-
y
en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales
militares (…) Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los
crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, ni de los delitos
que de manera (…) taxativa defina una ley estatutaria.
(…) las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública
serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.
Estos cambios contravienen la jurisprudencia
constitucional y los tratados y resoluciones internacionales que han limitado
la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la
disciplina interna de la fuerza pública-
y pone en cuestión la autonomía e
independencia del poder judicial cuando el parlamento se abroga la facultad de
establecer los criterios de interpretación del Derecho Internacional
Humanitario en las investigaciones judiciales.
Dicha normativa tiene la finalidad de proteger a la población
civil y a combatientes que han quedado fuera de las hostilidades, y los
criterios de interpretación hacen parte de un consenso
internacional ya
establecido, que no puede ser modificado por autoridades nacionales y que
constituye el núcleo básico del derecho de gentes de imperativo cumplimiento.
La independencia e imparcialidad de la justicia, también
resulta afectada porque se crean instancias ajenas a cualquier proceso penal,
entregando funciones jurisdiccionales a los militares-
tales como una Comisión
Mixta y un Tribunal Militar de Garantías, conformados entre otros, por
militares activos o retirados, paralelamente a los Tribunales de Garantías ya
existentes.
De este modo como lo han resaltado los 11 expertos de
Naciones Unidas, crímenes tan graves como las desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado,-
la violencia sexual
contra las mujeres, formas de reclutamiento de niños y niñas, entre otros,
quedarían bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.
Nos preocupa también que los mecanismos que permiten la
impunidad contribuyan a la estigmatización de las víctimas pues se identifica
su búsqueda de justicia con acciones ilegítimas que van contra el orden
establecido.
El ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que
tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los
procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido-
los
diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se
aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e
indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y
reparación integral.
Finalmente, resulta indignante que recursos públicos del
Estado se destinen para la defensa de militares y policías acusados de
violaciones graves de los derechos humanos, delitos sexuales, narcotráfico,
corrupción, etc.,-
máxime cuando –con la presente reforma- a las víctimas de
estos crímenes se les coarta el derecho a ser tratados como iguales ante la ley
y el derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e
imparcialidad.
Por las consideraciones expuestas, con todo respeto,
exhortamos al Presidente de la República y a los miembros del Congreso, a
retirar y abstenerse de continuar el trámite de aprobación-
del acto legislativo
de la referencia, y en cambio, acoger la
oferta de asesoría para superar la impunidad propuesta a ustedes por los 11 Relatores y Grupos de Trabajo de
Naciones Unidas.
Firmas,
Organizaciones de la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos:
Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC)
Asamblea por la Paz de La Unión Sindical Obrera (Uso – Paz)
Asociación Campesina de Antioquia (ACA)
Asociación Campesina de Arauca (ACA)
Asociación Campesina de Inza Tierra Dentro (ACIT)
Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO)
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)
Asociación Colombiana de Estudiante (ASEU)
Asociación Comunitaria Tejedores de Paz (ASOCTEJAZ)Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)
Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA)
Asociación de desplazados del Salado (ASODESBOL)
Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos
(ASFADDES)Asociación de Familias Unidas por un solo Dolor (AFUSODO)
Asociación de Grupos Juveniles, Libertad (ASOLIBERTAD)
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de
Guamoco (Aheramigua)
Asociación de Mujeres de Ituango AmiiAsociación de Mujeres Olla Colombiana
Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)
Asociación Motilón Barí
Asociación Nacional Afrocolombiana Cimarrón
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)
Asociación Nacional de desplazados Colombianos (ANDESCOL)Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (ANUC – UR)
Asociación Nacional para el Bienestar (SEMILLAS)
Asociación para el desarrollo Social e Integral (Ecate)
Asociación para la Promoción Alternativa (Minga)
Asociación Prodesarrollo de Familias desplazadas y no
desplazadas del Suroccidente de Barranquilla (Aprodefa)Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en El Magdalena Medio (ASORVIM)
Benposta Nación de Muchachos
Cabildo Camèntsa Biya
Central Cooperativa de Servicios (CENCOOSER)
Central Unitaria de TrabajadoresCentro Cristiano para la Justicia, La Paz y la Acción No Violenta (JUSTAPAZ)
Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN)
Centro de Cultura Popular “José Antonio Galán” (Jag)
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Centro de Promoción Ecuménica y Social (CEPECS)
Centro de Promoción Integral para la Mujer y La Familia
(TALLER Abierto)Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Colectivo Informativo Susurro (UIS)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comisión Intereclesial de Justicia y PazComisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia en la Creación (antes Franciscans International)
Comisión Vida Justicia y Paz
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
(CPDH)
Comité Permanente por la defensa de los derechos Humanos
Demetrio PrietoComité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez
Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra
Comunidades Eclesiales de Base (CEBS)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES)
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la
Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)Corporación Avre - Apoyo a Víctimas Pro Recuperación Emocional
Corporación Casa de La Mujer
Corporación Centro de Estudios y Desarrollo de los
Derechos Humanos (CEDERHNOS)
Corporación Claretiana Norman Pérez BelloCorporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda
Corporación Comité Universitario de DDHH “GUSTAVO Marulanda”
Corporación Con–Vivamos
Corporación de Coordinación Metropolitana de Asociaciones
de Desplazados
Corporación de desarrollo Rural del Valle del Cauca
(CORDESAL)Corporación en Derechos Humanos (CONTRACORRENTE)
Corporación Fondo de Solidaridad Con Los Jueces Colombianos (FASOL)
Corporación Guayacán
Corporación Juan Bosco
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Yira CastroCorporación Nación
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES)
Corporación para el desarrollo Comunitario y la Integración Social (CEDECIS)
Corporación para el desarrollo del Oriente Compromiso
Corporación para el desarrollo Regional (CDR)
Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos
(REINICIAR)
Corporación por la Vida La Justicia y La EquidadCorporación Región
Corporación Regional Para La defensa de Los derechos Humanos (CREDHOS)
Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (Sembrar)
Corporación Viva La Ciudadanía
Cristianas y Cristianos Por La Paz
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)
Diócesis de QuibdóDiócesis de Tibú
Escuela Nacional Sindical (ENS)
Familiares Colombia
Federación de Estudiantes Universitario (FEU)
Fundación Amilcar Guido “Vida Digna”
Fundación Casa de La Juventud, Comuna 16
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(FCSPP)Fundación Foro Costa Atlántica
Fundación Franciscana Santo Tomas Moro
Fundación Infancia Feliz (FIF)
Fundación La Guagua
Fundación Manuel Cepeda
Fundación Menonita Colombiana Para El desarrollo
(MENCOLDES)
Fundación Nidya Erika BautistaFundación para La Educación y el desarrollo (FEDES)
Fundación para la Participación Comunitaria (Parcomún)
Fundación para la Promoción de la Cultura y La Educación Popular (FUNPROCEP)
Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP)
Fundación Social Colombiana (CEDAVIDA)
Fundación SumapazFunfedin
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH)
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Iglesia Prebisteriana de la Costa Norte
Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA)
Instituto María Cano (ISMAC)
Instituto Nacional Sindical (CED – INS)
Instituto Popular de Capacitación (IPC)Jóvenes Rastros
Organización de Mujeres del Suroccidente de Montería
Organización Femenina Popular (OFP)
Organización Indígena de Antioquia (OIA)
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
(ORIVAC)
Proceso de Comunidades Negras (PCN)Promoción para la Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PROMOPAZ)
Proyecto Agenda de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas.
Proyecto Colombia Diversa
Proyecto Justicia y Vida
Red Juvenil de MedellínSantamaría Fundación
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
Otras organizaciones nacionales e internacionales:
Colectivo Jurídico AbogarCarta de HRW
Santos y Pinzón pretenden engañar a la ONU sobre la ampliación del fuero militar
