Amnistía Internacional señala fallas de la Justicia en reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexualEn el marco del conflicto armado interno que Colombia vive desde hace más de 50 años, los cuerpos de mujeres y niñas son usados como trofeos de guerra por grupos guerrilleros y paramilitares, que así pretenden "vengarse” de los opositores. En este escenario, aquellas que se atreven a denunciar las violaciones muchas veces no encuentran apoyo de la Justicia.
Acerca de las fallas en el sistema judicial colombiano y los motivos que inhiben las denuncias de mujeres violadas, trata el informe Esto es lo que nosotros exigimos. Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, publicado hoy (21) por Amnistía Internacional.
El documento es fruto de dos años de investigaciones de la organización, que escuchó a testigos, organizaciones civiles, redes de mujeres, grupos de derechos humanos, funcionarios del gobierno y del Estado, abogados, jueces, organizaciones indígenas y organismos internacionales.
En él, más de doce víctimas, bajo pseudónimos, obtienen voz a partir de la reproducción de sus declaraciones. Son historias como la de Angélica, diez años bajo el poder de un propietario de tierra a quien identifica como colaborador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La mujer fue esclavizada doméstica y sexualmente y años después, desamparada por el Estado, vio que su destino se repetía con su hija, violada dos veces a los 13 años, en 2008.
"Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia. Muchas de las niñas, mujeres y familias (…) dijeron que esta negación de justicia sigue siendo una herida abierta que intensifica su sufrimiento y las expone a otros abusos, como amenazas, acoso y más violencia”, se señala en el informe.
Entre los motivos que llevan a las mujeres y niñas a no denunciar las violaciones sexuales, Amnistía Internacional señala el sentimiento de vergüenza y miedo al estigma prejuicioso de la sociedad patriarcal; miedo de sufrir más violencia aún; falta de seguridad; ausencia de confianza en el sistema judicial y de que la policía tome la denuncia en serio, investigándola.
Además, falta de información y condiciones financieras para buscar apoyo, así como la no asistencia del Estado a las víctimas sobrevivientes.
"Las instituciones estatales colombianas —incluido el sistema de justicia penal— están fallando a las sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto en cada paso del camino al negarles protección, justicia y reparación, así como unos servicios de atención y apoyo muy necesarios.
Esto es especialmente cierto para las mujeres y niñas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las mujeres objeto de desplazamiento forzado y las mujeres que viven en la pobreza”, se declara en el informe.
Hasta las defensoras de los derechos humanos son afectadas. Enfrentan amenazas, ellas y sus familias, algunas fueron asesinadas y otras, porque defendieron a las víctimas de violencia sexual, sufrieron el mismo tipo de abuso.
Para Amnistía, la postura del Estado colombiano y de la sociedad frente a las violaciones cometidas en el marco del conflicto interno las convierte en un "delito más invisible”.
El informe cita, por ejemplo, que en 2009 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) realizó 21.288 exámenes de casos de violencia sexual, de los cuales más del 85% eran menores de 18 años. De acuerdo con el instituto, sólo 131 de los casos fueron clasificados como "sociopolíticos”.
Por otro lado, el documento se refiere a la Primera Investigación de Prevalencia de Violencia Sexual, realizada por la Casa de la Mujer, según la cual el 82,1% de las mujeres escuchadas no denunciaron la violencia sufrida como consecuencia del conflicto armado. Frente a esto, Amnistía concluye que es imposible saber con certeza la extensión del problema mientras no haya una base de datos unificada y completa.
Según el informe, la búsqueda de Justicia choca con obstáculos como la inexistencia de coordinación efectiva entre las instituciones colombianas que tienen competencia sobre la denuncia, registro e investigación.
Se suma a esto la burocracia, falta de recursos, sobrecarga de empleados, falta de formación adecuada de los funcionarios de la justicia, corrupción e infiltración de paramilitares, guerrilla y crimen organizado en las instituciones.
El informe completo está disponible en este enlace: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/018/2011/es/cd5a3a1c-6cdf-43a0-9ec7-2332c12187a7/amr230182011es.pdf
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