Paramilitares amenazan a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Con información de la Corporación Caguán Vive
La Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos, Caguán Vive, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que entre el 21 y 23 de febrero pasado, circuló en el departamento del Caquetá un panfleto en el que paramilitares denominados estratégicamente por la gran prensa y por el establecimiento, “Águilas Negras”, amenazan de muerte a un listado de líderes, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.
Los criminales, como es su costumbre, señalan a sus futuras víctimas, entre las que se encuentra Caguán Vive, de ser fachada de acciones de milicias y miembros del PC3 vinculados a la guerrilla de las FARC.
La estrategia paramilitar del régimen amenaza esta vez que habrá “un proceso de limpieza y ajusticiamiento por parte de paramilitares que operan en la región”.
Las hordas asesinan tienen en la mira a Eduardo Franco Jojoa, directivo de la Corporación Caguán Vive, el cual ejerce como concejal del municipio de San Vicente del Caguán, es dirigente del Polo Democrático Alternativo y además es un líder comunitario cuyo trabajo ha sido reconocido por la población tanto de San Vicente del Caguán como de La Macarena, Meta.
Según la Caguán Vive, en octubre de 2007, en plena actividad electoral, salió a circulación departamental un panfleto titulado “La maquinaria oculta de las Farc para la toma del poder”, cuya autoría era la “Corporación Nación Libre”, la cual, para ese entonces, tenían un sitio en internet en el que decía que dicha Corporación estaba conformada por desmovilizados del paramilitarismo.
En ese panfleto se acusaba a Domingo Pérez quien oficio durante los años 2008, 2009 y 2010 como presidente de Caguán Vive, de formar parte de la supuesta maquinaria oculta de la FARC para la toma del poder.
El 8 de diciembre de 2008 fue asesinado el primer presidente de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, Joel Pérez Cárdenas, quien después de ser torturado fue incinerado y abandonado en la vía principal que une a San Vicente del Caguán con Florencia. El crimen continúa en la impunidad.
En mayo de 2009, durante la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad realizada en Florencia, se denunció públicamente la existencia de un informe de inteligencia militar en el cual se acusaba a varios miembros de la directiva de Caguán Vive, junto con otros líderes comunales, de formar parte de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC.
Dicho informe de inteligencia militar, fechado del 12 de febrero de 2008 e identificado con la referencia MD-EJC-CIME-RIME6-53.1, fue enviado por el director regional inteligencia militar No. 6, el teniente coronel Rafael Eduardo Gutiérrez Hortúa, al comandante de la Brigada Móvil 22 en Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá.
En varias oportunidades el coronel Carlos Herrán Robles, comandante del Brigada Móvil 9, solicito abierta y públicamente, a la población de no tramitar ninguna queja de violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ante la Corporación Caguán Vive, aduciendo manipulación de la información. Esto lo realizó inclusive ante el Concejo Municipal de San Vicente del Caguán.
El 26 de enero pasado, Álvaro Castelblanco Cardozo, defensor del pueblo regional Caquetá, en reportaje publicado por RCN radio afirmo que las “Bandas Criminales” en el departamento del Caquetá son una Realidad. Cosa que es confirmada por este panfleto intimidatorio.
Las comunidades, organizaciones y personas, víctimas de la demencial estrategia solicitaron a la comunidad nacional, internacional y defensores de derechos humanos a estar alertas frente a cualquier hecho criminal que las ponga en riesgo.
También instaron al Gobierno a que garantice el respeto de los derechos humanos fundamentales, entre estos la vida y la integridad de quienes optan por la defensa de los Derechos Humanos y construyen procesos dirigidos a superar las difíciles condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias campesinas en el marco del conflicto armado.
Por último exigen a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas pertinentes, para impedir cualquier hecho criminal contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos del Caquetá.
