Piden respeto y garantías de los derechos de la población en situación de desplazamiento
Por Organizaciones sociales

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa de Seguimiento del Auto 092, realizamos el 27 de Mayo, una misión de verificación sobre las condiciones en que se encuentran las familias en situación de desplazamiento que desde hace 76 días, ocuparon la Plaza de Bolívar y, posteriormente, fueron trasladadas voluntariamente, al parque Tercer Milenio de Bogotá.

Esta ocupación pacífica busca conseguir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno nacional y distrital respecto a la garantía de sus derechos económicos y sociales como víctimas del desplazamiento por el conflicto armado.

Las organizaciones integrantes de la misión encontraron que aunque este grupo de población en situación de desplazamiento se encuentra en conversación con el Gobierno Distrital, hasta el momento, no han recibido la asistencia humanitaria que su situación amerita, ni la presencia y actuación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Los testimonios recogidos, en su mayoría mujeres, coincidieron en haber demandado al Estado, en diferentes ocasiones, protección, orientación y ayuda con el fin de obtener la restitución integral de sus derechos, tal como lo ordena la Ley 387 de 1997, la sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento.

A pesar de ello, las respuestas institucionales obtenidas hasta el momento han sido insuficientes e ineficaces para alcanzar el goce efectivo de sus derechos. Su insostenible situación de sobrevivencia los llevó a ocupar pacíficamente el espacio público como forma de reclamar vivienda digna, una solución laboral digna y estable para sus familias y la prórroga de la ayuda humanitaria mientras no consigan su estabilidad social y económica.

Todos ellos derechos jurídicamente inherentes a ellos por ser víctimas del desplazamiento y del conflicto armado.

Este grupo de personas en protesta pacífica está compuesto, en su mayoría, niños y niñas, y mujeres que representan más de la mitad de la población allí concentrada (algunas en estado de embarazo).

Estas mayoritariamente, son las que asumen las cargas del cuidado y la atención de quienes ocupan el lugar. También se encuentra un número minoritario de personas de tercera edad y de personas discapacitadas.

Estas provienen de diferentes lugares del país, ya que se vieron obligadas a dejar sus territorios por amenazas y hechos de violencia por parte de actores armados ilegales y legales, violencia sexual ejercida por actores armados legales e ilegales, y la necesidad de evitar el reclutamiento forzado de integrantes jóvenes de las comunidades.

Los testimonios y voces de las personas entrevistadas, en su mayoría mujeres dan cuenta del impacto del desplazamiento: la ruptura del tejido familiar y social, la pérdida de sus tierras, viviendas, del trabajo y de unas condiciones que les permitían vivir dignamente.

Situación que les ha llevado a vivir la experiencia de desarraigo, pobreza, discriminación y exclusión social.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos constatamos las condiciones insalubres del lugar, la improvisación de espacios para bañarse, lavar ropa y los utensilios de cocina, las dificultades para el acceso a agua potable, etc., que ponen en riesgo la salud, en particular de niñas, niños, mujeres embarazadas, personas mayores y en situación de discapacidad que ya empiezan a mostrar infecciones y cuadros de desnutrición.

La alimentación proviene, actualmente, del rebusque y de las donaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas. Las unidades sanitarias ubicadas en el lugar no son suficientes para el número de personas concentradas en el parque y, aunque han dispuesto mecanismos para el manejo de las basuras, tienden a acumularse; los cambuches autoconstruidos son muy frágiles ante el frío, el viento y la lluvia.

Adicionalmente, muchas madres temen acciones jurídicas por parte del Icbf, en las que les quiten a sus hijos e hijas menores por las condiciones de precariedad que se viven en el parque.

Este grupo se encuentra en negociaciones con la Alcaldía Distrital sin haber logrado aún acuerdos concretos, aunque facilitó la instalación de un número insuficiente de sanitarios y garantizó la presencia de fuerza pública para su seguridad.

El gobierno Distrital ofreció como albergue transitorio las instalaciones de la UPJ, que funcionan como centros temporales de reclusión para personas infractoras de la ley. Según esta misión de verificación que visitó las instalaciones, estas no cuentan con condiciones mínimas para ser habitadas por las personas desplazadas, razón por la cual la misma población finalmente, rechazó dicha propuesta.

La Defensoría del Pueblo y la Personería se han hecho presentes, y acompañan el proceso de negociación entre las partes. Hasta el momento, no se ha activado ninguna respuesta humanitaria integral que facilite unas condiciones mínimas de supervivencia a este grupo de personas, mientras estas están en conversaciones en aras de una solución concreta y definitiva a su problemática.

Frente a esta situación las organizaciones de la Mesa de Seguimiento al Auto 092 que participamos en esta misión de verificación solicitamos:

A la Alcaldía de Bogotá, dar respuesta pronta y con garantías a las demandas de las personas en situación de desplazamiento que participan en esta acción legítima ateniéndose a la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento.

A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional instar a desempeñar su corresponsabilidad, ateniéndose a los principios de coordinación y subsidiariedad (Ley 1190 de 2008), en ofrecer una respuesta con garantías a las demandas de este grupo de personas y a garantizar la existencia de una ruta efectiva de realización de los derechos de la población en situación de desplazamiento ateniéndose a la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento

A la Secretaría de Salud, brindar la atención a las personas que lo necesiten y la vigilancia sanitaria a los niños, niñas, mujeres embarazadas, de la tercera edad, discapacitadas y todas aquellas que lo requieran.

A los organismos de Control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería Distrital la protección, seguridad e integridad de estas personas, evitando que se de un desalojo violento que atente contra la vida estas personas.

A la Oficina de la Alta Comisionada, el CICR, otras instancias ejercer sus buenos oficios frente al gobierno Nacional y Distrital y este grupo de personas en situación de desplazamiento, para una salida negociada que dé respuesta a sus demandas de forma integral y permanente, tal como lo consagran la Ley 387, la Sentencia T 025, los Autos de seguimiento ordenados por la Corte Constitucional y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

A la Alcaldía de Bogotá, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a los entes de asistencia humanitaria existentes en el país, que garanticen unas condiciones mínimas humanitarias a este grupo de personas (mayoritariamente mujeres, niños y niñas, y algunas personas ancianas y discapacitadas) mientras duren las negociaciones.

Firman: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa); Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (Ciase); Iniciativa de Mujeres por la Paz (Imp); Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados; Red Nacional de Mujeres Desplazadas; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Este comunicado fue enviado también al Cicr, Acnur Undp, Msf, Defensoría del pueblo, Procuraduría, Alcaldía y Acción Social.

Vea también:
Drama de familias desplazadas en Bogotá. Video

Volver a la página principal