Refugio Humanitario del CatatumboPor Camilo Raigozo
Miriam Teresa Cruz, Albeiro Ortiz y Erika Tatiana Ortiz Cruz, lloran la muerte de su hijo y hermano, José Albeiro Ortiz Cruz, de 17 meses de vida. Foto Camilo Raigozo.
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Desde el pasado 29 de abril, centenares de campesinos de las veredas La India y Morro Frío, del municipio de Tibú; Caño Azul y Cooperativa Sapadhana, de Convención, y Caño Mariela, Caño Escondido, Caño Tomás y El Suspiro del municipio de Teorama, decidieron iniciar un Campamento de Refugio Humanitario, localizado en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras, municipio de Teorama, N.de Santander.
El Campamento de Refugio es una acción desesperada de resistencia pacífica de los pobladores contra las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, las constantes violaciones a los derechos humanos, las constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la falta de voluntad política del presidente Álvaro Uribe Vélez para concertar una solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos, y la ausencia de una política económica y social que resuelva los problemas del campesinado.
En rueda de prensa ofrecida por las comunidades en el Campamento el sábado 23 de de mayo de 2009, ante medios de comunicación locales y alternativos de otros lugares del país, los campesinos denunciaron los diferentes problemas que los aquejan.
El líder agrario de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, José del Carmen Abril, señaló a este medio que el campesinado está dispuesto a sustituir los cultivos ilícitos voluntariamente, pero para eso se necesita la cooperación del Estado, que es lo que la comunidad ha venido pidiendo desde hace tiempo sin conseguir que este le haya prestado atención.
"No queremos más expropiaciones de tierras a los campesinos, no queremos más desplazamientos forzados por causas de las fumigaciones con glifosato y las erradicaciones manuales", dijo entre otras cosas Abril.
Por su parte Pablo Antonio Téllez Carrascal, otro líder campesino, pidió "que el Gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales de garantizar educación, salud, vivienda digna, vías de penetración, electrificación rural y nos brinde facilidades para la comercialización de los productos que en esta región se producen".
"El Campamento de Refugio es una respuesta de nuestra comunidad en el legitimo derecho a la resistencia pacífica para evitar el desplazamiento de cientos de campesinas y campesinos que dependemos de los cultivos de uso ilícito para subsistir", argumentaron otros habitantes.
Los periodistas que partieron desde Cúcuta al lugar de la rueda de prensa, constaron el mal estado de las trochas que tienen los campesinos para sacar sus productos al mercado, cuya travesía dura todo un día, cuando hay "buen buen tiempo".
Primer martir del Campamento
José Albeiro Ortiz Cruz, se conviertió en el primer martir fallecido en el Campamento de Refugio el 23 de mayo, solo un día despues de haber cumplido sus 17 meses de vida. Un absurdo accidente le cegó la vida al ser atropellado por uno de los vehículos que prestó sus servicios hasta el sitio.
El niño quedó en grave estado de salud y no resistió el duro trayacto hasta Machique, Venezuela, lugar más próximo al Campamento donde se logró encontrar un médico, a seis horas de camino. Tanto Miriam Teresa Cruz Péres y Albeiro Ortiz, padres del niño, como la comunidad, culparon al Estado de la muerte del pequeño por no suministrar servicio médico a la población en esa extensa zona del Catatumbo.
"Falsos positivos" y paramilitares
Este medio pudo constatar también el dominio que tienen los paramilitares en el municipio de Tibú, La Cuatro, La 44, El 60, Campo 2 y El Tablazo, entre otras localidades, a pesar de la fuerte presencia del Ejército y la Policia.
Las comunidades recordaron con dolor la matanza en el corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, el 21 de agosto de 1999 ejecutada por ordenes de Salvatore Mancuso.
En esa ocasión los paramilitares, lista en mano, sacaron a al menos 26 personas de sus viviendas y las ejecutaron a sangre fria. Según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el mayor del ejército, Luís Fernando Campuzano, ordenó retirar el retén militar que estaba a la entrada de La Gabarra, para facilitar la comisión de la masacre.
Además fue comprobado que el ejército no auxilió a las victimas ni tampoco adelantó operaciones de persecución de los criminales.
Según denuncias de los pobladores, más de 400 líderes y al menos 11.200 personas han sido asesinadas, mientras que otras 600 personas fueron desaparecidas bajo la estrategias paramilitar del régimen. Entre el 2006 y el 2008, el ejército asesinó en los mal llamados "falsos positivos" a 68 personas.
Los paramilitares han continuado su orgía de sangre extorsionando y asesinando a personas inermes. La última víctima, según testimonios, fue un joven humilde que se dedicaba a la venta de gasolina y al no pagarles a tiempo el valor de la extorsión a los 'paras', estos lo descuartizaron, en hechos que ocurrieron hace un mes.
