ONU criticó la situación de derechos humanos en Colombia
Por Comisión Colombiana de Juristas. Viernes 12 de diciembre de 2008

En Ginebra, Suiza, tuvo lugar el 10 de diciembre la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. 43 países de Europa, América, Asia y África participaron en este debate, que duró tres horas.

En medio de este diálogo, generalmente caracterizado por un lenguaje diplomático de reconocimientos entre los gobiernos, se expresaron serias preocupaciones por la persistencia de una grave situación de derechos humanos en Colombia.

Entre las problemáticas que de manera reiterada suscitaron preocupación de los Estados se destacan las numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en gran escala por la fuerza pública, las desapariciones forzadas, y el reclutamiento forzado de niños y niñas y su uso para tareas de inteligencia militar.

También se expresó preocupación por la práctica de la tortura. Pidieron tomar medidas significativas para que cesen estas prácticas, que no tienen cabida en una sociedad democrática.

Asimismo, varios Estados recomendaron al Estado colombiano que ratifique la Convención contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Los diferentes gobiernos fueron muy críticos por las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, e instaron al Gobierno a respetar la independencia del poder judicial y garantizar la integridad de los funcionarios judiciales.

Recomendaron en particular al Gobierno abstenerse de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos e insistieron en la necesidad de hacer declaraciones públicas al más alto nivel reconociendo la legitimidad de su labor y de garantizar su protección.

Muchos países manifestaron su preocupación por el incremento del desplazamiento forzado, la deficiente atención a esta población y la falta de medidas para garantizar la restitución de las tierras y el retorno.

También recibió fuerte atención la situación de particular vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, y se recomendó garantizar su derecho a la vida y a la consulta previa sobre proyectos que afectan sus territorios.

Así mismo recomendaron implementar las recomendaciones de 2004 del Relator Especial sobre pueblos indígenas e integrar en todas las políticas públicas la Declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Varios Estados se mostraron preocupados por la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, y el impacto del reclutamiento de niños y niñas y del desplazamiento en sus vidas, haciendo especial énfasis en la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas, requiriendo medidas urgentes y concretas para su atención de conformidad con la reciente decisión de la Corte Constitucional.

También se mencionó la necesidad de garantizar la protección y no discriminación de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (Lgbt).

Llamaron la atención sobre la persistencia de grupos paramilitares con distintos «disfraces» y la necesidad de apoyar al poder judicial en sus investigaciones sobre los nexos entre estos grupos y agentes del Estado, al tiempo que pidieron la aplicación de los estándares internacionales para garantizar los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, y la reparación, en particular mediante la adopción de una Ley de Víctimas que permita un acceso a la reparación en términos de igualdad para todas las víctimas del conflicto armado, incluso las víctimas de agentes del Estado.

En varias intervenciones, se resaltaron la necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, haciendo referencia en particular a la salud, la educación y a situaciones críticas de pobreza y desigualdad, especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población desplazada, mientras otros insistieron en la urgencia de llegar a acuerdos con las guerrillas para poner fin al conflicto armado interno.

Varios países se ofrecieron para facilitar la búsqueda de la paz.

En todos los niveles de violación de los derechos humanos mencionados, los Estados expresaron preocupación por los altos niveles de impunidad, incluyendo sobre la violencia sexual contra las mujeres, y urgieron al Estado colombiano a que tome medidas judiciales más efectivas para combatirla, investigando y sancionando a los responsables. Pidieron expresamente no aplicar amnistías a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La generalidad de los países reconocieron la actitud abierta y de cooperación del Gobierno colombiano hacia la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y frente al Examen Periódico Universal así como la ratificación de gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos.

Así mismo algunos Estados resaltaron como positiva la disminución presentada por el Gobierno de varios índices de violencia y la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros y paramilitares en los últimos años.

Igualmente apoyaron al Estado en sus esfuerzos por garantizar la seguridad insistiendo en que se dé siempre en el marco del respeto del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del Estado de derecho.

Rechazaron la comisión por las guerrillas de graves infracciones al derecho humanitario, particularmente el reclutamiento forzado de menores y el uso de minas antipersona.

Esperamos que la apertura del Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos, reconocida por varios Estados, se refleje en la aceptación de todas las recomendaciones formuladas sobre todas las problemáticas arriba mencionados.

De la misma manera, para ser coherente con su expresada intención de colaborar con las Naciones Unidas, el Gobierno colombiano debería presentar periódicamente ante el Consejo avances efectivos en la implementación de estas recomendaciones.

Asimismo, debería hacer efectiva la invitación abierta a los procedimientos especiales mediante la aceptación de las solicitudes de visita pendientes por parte de varios Relatores y Grupos de Trabajo.

Constatamos que las inquietudes y consideraciones hechas por los Estados son las mismas que las organizaciones de Derechos Humanos y Paz han venido denunciando reiteradamente.

Finalmente, para mejorar la situación de derechos humanos, superar la crisis humanitaria y avanzar hacia una salida política y negociada al conflicto armado interno, reiteramos la importancia que se implementen todas las recomendaciones anteriormente emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, los órganos de tratados y los procedimientos especiales de Naciones Unidas.

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