Terror del régimen en el GuaviareLos habitantes de este departamento denuncian ante la opinión pública nacional y extranjera el régimen de terror y exterminio de la fuerza pública y paramilitares
Por Camilo Raigozo. Voz
Desde el mismo momento en que se posesionó Uribe en agosto de 2002, el terror y la muerte se apoderaron del departamento del Guaviare, especialmente en su capital, San José del Guaviare y en los municipios, Calamar, Miraflores y El Retorno. De ser un territorio relativamente tranquilo y pacífico, pasó a ser un infierno para los guaviarenses.
La militarización trajo consigo la estrategia paramilitar. Se dieron inicio a las detenciones masivas arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos selectivos, la restricción a la movilidad de personas, productos, medicinas, remesas y combustibles, lo que ha devenido en múltiples desplazamientos forzados.
“En el año 2002, fuimos hechos prisioneros de forma masiva y arbitraria, víctimas de un montaje de las fuerzas militares, el alcalde, el personero, los diputados y toda la dirigencia campesina de Calamar. Permanecimos año y tres meses privados de la libertad injustamente, hasta que logramos demostrarle al régimen terrorista que éramos inocentes”, le dijo a VOZ Germán Castro, dirigente comunal de ese municipio.
Policía y Ejército
El 10 de abril de 2004, miembros de la Policía y el Ejército sacaron de una finca de Calamar, donde trabajaba, al campesino Edgar Agudelo, a quién torturaron y asesinaron. Como Agudelo, centenares de personas han corrido la misma suerte. Según Castro, en el último año ha habido 276 víctimas mortales.
El 16 de febrero de 2007, agarraron a dos muchachos que iban a comprar arroz. Les pusieron uniformes, los montaron en caballos y los asesinaron. Nunca entregaron los cuerpos sus familiares. En el mismo año, la Brigada Móvil 7 se llevó a un montón de gente.
A un joven que trató de denunciar los abusos, lo golpearon, lo torturaron hasta que lo dejaron inconciente. Ese mismo día los uniformados violaron a una muchacha.
“Mi odisea empezó en el 2003 cuando llegó el ejército a Calamar y ofreció 50 millones de pesos a quién diera información acerca de mi paradero, porque según los mandos castrenses, yo era guerrillero”, le denunció a VOZ un líder campesino de la región.
Esta persona fue cotero y dirigente de ese gremio por más de 10 años, presidente y líder de la junta de acción comunal de su vereda y copropietario de una importante empresa de transporte fluvial. Todo su capital lo perdió por el acoso del ejército.
Brigada Móvil 7 asesina campesinos
El 10 de agosto de 2005 en la vereda Puerto Palma, militares de la Brigada Móvil 7 asesinaron a los campesinos Ericelio García Gutiérrez, Ángel Alberto Sánchez y Arnobio de Jesús García. Los presentó como guerrilleros dados de baja en combate.
De la misma finca los militares robaron 42 cabezas de ganado y varios caballos, que le vendieron a los paramilitares acantonados en Calamar. El dueño de la finca tuvo que abandonarla de inmediato para salvar su vida.
El 2 de agosto de 2007 en la vereda La Cristalina, de El Retorno, miembros del ejército asesinaron a los comerciantes Eider Leandro Rodríguez Guerrero, Omar Gustavo Perilla Bueno, José de Jesús Giraldo Aguirre y a Luís Serrano Rayo, quienes se dirigían de la vereda La Paz a Tomachipán a comprar ganado.
Los militares les robaron a los comerciantes 230 millones de pesos y los presentaron como guerrilleros abatidos en un supuesto combate.
“Vamos a traer a los paramilitares”
Otro campesino quién pidió omitir su nombre, le contó a este medio, que el 23 de diciembre del año pasado, cuando se dirigía a su casa montado en su caballo luego de sus faena diaria, se encontró con tropas del ejercito, quienes lo torturaron y lo golpearon con brutalidad, supuestamente por que era colaborador de la guerrilla.
“Sí no nos dice donde está la guerrilla vamos a traer a los paramilitares para que los maten”, lo amenazaron los uniformados. Por la golpiza que recibió quedó postrado en una cama por más de seis meses.
Los habitantes del Guaviare, claman a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que insten al gobierno de Uribe a que termine con su política de terror contra las comunidades inermes y a que se haga justicia por todos los atropellos y crímenes cometidos por la fuerza pública en connivencia con paramilitares ahora autodenominados “Águilas Negras”.
