Para garantizar los derechos de las víctimas
Comisión Colombiana de Juristas insiste ante la Corte Constitucional para que revise tutela que buscaba impedir la extrdición de “Macaco”
De esta manera, asegura la organización no gubernamental, se establecería una interpretación constitucional sobre los alcances y límites de los derechos de las víctimas y se resolvería jurídicamente el debate sobre las extradiciones de los paramilitares
Por Brújula Comunicaciones
Bogotá D.C., agosto 8 de 2008. En marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado interpuso una acción de tutela para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, pues dicha extradición afectaría los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en Colombia.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela, pero posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura revocó la sentencia y autorizó la extradición del líder paramilitar.
Este último fallo del Consejo Superior sirvió también como fundamento para la extradición a Estados Unidos de ocho jefes paramilitares, 6 días después del pronunciamiento judicial.
Como organismo defensor de víctimas de los paramilitares, en el marco de la ley 975, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- solicitó a la Corte Constitucional la revisión de la tutela para que dirima las tensiones surgidas entre la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que deben garantizarse primero los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, antes de realizar la extradición.
La CCJ también insiste en la revisión de la tutela pues, sin importar que alias “Macaco” ya fue extraditado, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura está generando efectos prácticos sobre otras extradiciones de paramilitares, pues la decisión ha sido usada, y puede continuar siéndolo, como justificación para extradiciones futuras.
Es el caso del paramilitar Ever Veloza, “alias H.H”, ya anunciada por el gobierno, y las de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, y Edgar Cobo Téllez alias “Diego Vecino”, que se encuentran en trámite.
“Este caso es fundamental para estudiar las obligaciones del Estado en relación con la investigación, juzgamiento y sanción a personas acusadas de graves y sistemáticos crímenes de lesa humanidad.
Este caso constituye una oportunidad única para que la Corte Constitucional fije y aplique estándares de derechos humanos en la lucha contra la impunidad y los derechos de los las víctimas, en contextos de procesos de extradición por delitos menos graves por los cuales se investiga a los extraditados en Colombia.
El futuro de la administración de justicia por estos casos se encuentra en grave riesgo a causa de la actuación de una autoridad del Estado que autorizó la extradición de los jefes paramilitares, con el efecto cierto de la violación y amenaza de los derechos fundamentales de las víctimas, incluso del derecho de la sociedad colombiana a conocer la verdad como un eventual inicio de garantías de no repetición.”, aseguró la Comisión Colombiana de Juristas.
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