Human Rights Watch cree que la reforma de Uribe amenaza investigación "parapolítica"
Por Caracol Radio

La reforma constitucional que impulsa el presidente colombiano, Alvaro Uribe, atenta contra la obligación de rendir cuentas y favorece a los parlamentarios aliados del mandatario investigados por la "parapolítica", afirmó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

El grupo humanitario criticó en un comunicado una propuesta en particular que, a su juicio, le quitaría a la Corte Suprema en ese país la función de investigar a políticos involucrados en el escándalo de la "parapolítica".

"Es evidente que la intención de Uribe es retirarle a la institución que más ha hecho por descubrir y confrontar la influencia paramilitar en el Congreso la facultad de investigar a congresistas", dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW.

"Esta propuesta no tiene un propósito distinto que el de ayudar a los miembros de la coalición de Uribe a librarse de la justicia", agregó.

La propuesta indica que los procesos penales serían llevados por un tribunal local, el Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema solo conocería de las apelaciones.

Pero el texto de esa reforma "no es claro con respecto a quién estará a cargo de las investigaciones: si los fiscales de la Fiscalía General de la Nación o los jueces del tribunal de Bogotá", precisó HRW.

De esta forma, la reforma propuesta afectaría las investigaciones "sin precedentes" que adelanta la sala penal de la Corte Suprema acerca de la infiltración de paramilitares en el Congreso colombiano, indicó la organización.

El grupo recordó que más de 60 congresistas de la coalición de Uribe son objeto de investigación, y más de 30 de ellos están detenidos por colaboración con los paramilitares.

Entre los políticos encarcelados como producto de las investigaciones figura el senador Mario Uribe, primo del presidente y uno de sus aliados políticos más cercanos durante muchos años.

También se encuentra el senador Carlos García, presidente del partido "la U", afín a Uribe, cuya captura la corte ordenó el 25 de julio de este año.

La organización destacó que Uribe y varios miembros de su gabinete han atacado en reiteradas ocasiones a la Corte Suprema, "haciendo acusaciones cuestionables e incluso llamando a los magistrados por teléfono para indagar acerca de investigaciones en curso".

HRW reconoció que existen problemas en torno al debido proceso judicial, en particular el hecho de que la sala penal de la Corte Suprema está a cargo tanto de las investigaciones como del juicio de los congresistas, y no hay ningún recurso para apelar sus decisiones.

Sin embargo, añadió, existen otras soluciones a esos problemas que no perjudicarían las investigaciones de la parapolítica y para las cuales "no sería necesario retirarle a la Corte Suprema la competencia sobre las investigaciones a congresistas".

"Esta invocación orwelliana del debido proceso que hace el Gobierno pareciera apuntar, principalmente, a encubrir su intención de darles un golpe fatal a las investigaciones de la parapolítica", agregó Vivanco.

El 20 por ciento de los miembros del Congreso están bajo investigación o están detenidos, y el Gobierno de Uribe tiene una amplia mayoría en el Congreso.

Ante ese escenario, es poco probable que las reformas propuestas afronten gran resistencia, y si finalmente son aprobadas, "probablemente afectarían no solo casos futuros, sino también investigaciones ya iniciadas por la Corte Suprema", lamentó Vivanco.

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