Organizaciones españolas constataron “terrible” situación de los derechos humanos en Colombia
Por Camilo Raigozo. Voz
De izquierda a derecha, Elena Vásquez, Javier Arjona, Rafael Palacios y Enrique Alcalde. Foto Camilo Raigozo
En rueda de prensa realizada el pasado 1 de agosto, una delegación de diferentes organizaciones sociales provenientes de varias provincias españolas, denunciaron la grave situación de derechos humanos en las tres regiones que habían visitado previamente.
“La Universidad del Atlántico en Barranquilla, no parece un centro de educación superior, sino una penitenciaría. En nuestra visita, nos hostigó palmo a palmo mucha gente de seguridad privada fuertemente armada. Además hay cualquier cantidad de videocámaras que te vigilan en todo momento”, observó Rafael Palacios, miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Unida por Asturias.
También dijo que allí no hay libertad de cátedra y que ni estudiantes ni docentes pueden opinar ni debatir libremente sin correr el riesgo de pagar con su vida la osadía.
Admitió que los directivos de la universidad costera son uribistas y tienen al estudiantado dividido en dos grupos: estudiante buenos y estudiantes malos. Los buenos no opinan, no critican, no debaten, no exigen y menos protestan y se movilizan.
Sí lo hacen son señalados de ser guerrilleros y pasan a ser “objetivos militares” de los paramilitares. “Lo mismo pasa en las universidades del Valle, Cauca, Industrial de Santander y Antioquia, entre otras”, dijo Palacios.
En el municipio de El Castillo, Meta, otro de los sitios visitados, las mismas tropas del ejército les dicen a los pobladores “detrás de nosotros vienen los paramilitares”. El paramilitar alias “Muelas”, patrulla el casco urbano conjuntamente con el ejército y en presencia de la Comisión, seis sujetos fuertemente armados que se movilizaban en una camioneta blanca amedrentaron a la población diciendo que eran del Gaula.
En un área totalmente militarizada, al preguntarle al ejército sobre dichos sujetos respondieron que no sabían quienes eran.
Mientras tanto en Palmira, Valle, coincidencialmente con la llegada de las trasnacionales españolas, como Unión Fenosa, se prolifera el paramilitarismo y con ellos, las masacres, los desplazamientos, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
En Corinto, Cauca, las fuerzas militares bombardean indiscriminadamente zonas civiles. “Se pudo constatar que el 97% de las violaciones y crímenes son cometidos por la Fuerza Pública y paramilitares, mientras que en el 3% es cometido por las guerrillas”, denunciaron los españoles.
A mediados de septiembre saldrá a la luz pública el documento completo, el cual será conocido por el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, de la OEA, de la OIT, del Parlamento Europeo, del español y del asturiano, entre otros organismos internacionales.