Arauquita, Arauca
El pueblo denunció a sus verdugos
La Fuerza Pública y los paramilitares fueron acusados de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la región
Por Camilo Raigozo. Enviado especial Voz

En la imagen la senadora Gloria Inés Ramírez, fustiga a los agentes del Estado incluyendo al paramilitarismo, por ser los máximos violadores de los derechos humanos de forma persistente. Foto Camilo Raigozo

El pasado 31 de julio, se realizó en el municipio de Arauquita, Arauca, la Primera Audiencia Pública, por los derechos humanos en esta zona del país, terriblemente azotada por la violencia del régimen uribista contra la población civil inerme, agudizada por la mal llamada “seguridad democrática”, que desde el año 2002 ejecuta en este departamento petrolero el denominado laboratorio de guerra.

Asistieron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Germán Navas Talero, Germán Reyes, Rosmery García, Gullermo Santos y Juan Manuel Hernández, lo mismo que la presidenta de la Comisión de Paz del senado de la República, Gloria Inés Ramírez, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y las organizaciones sociales del departamento de Arauca.

La cita se cumplió en la Institución Educativa Liceo del Llano, donde la comunidad denunció ante la opinión pública nacional y extranjera las constantes detenciones masivas ilegales, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción administrativa, la persecución y estigmatización contra el movimiento sindical y las organizaciones sociales, las amenazas, las fumigaciones indiscriminadas, el desempleo y los abusos de las transnacionales petroleras.

Dos casos

Vista parcial de la comunidad araucana en la Primera Audiencia por los derechos humanos. Foto Camilo Raigozo.

El 23 de junio de 2004 fue detenido el joven campesino Tilzón Barrera Acosta, en la vereda Aguachica, municipio de Arauquita, por miembros de la Brigada 18 del Ejército Nacional. En la guarnición militar fue sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos por varios días. Luego lo trasladaron al Batallón Rafael Navas Pardo en Tame, donde permaneció 10 días en las mismas circunstancias.

El 10 de julio siguiente, nuevamente desde la Brigada 18, Barrera Acosta le dijo telefónicamente a su esposa que debido a las presiones, amenazas y torturas a las que lo habían sometido, fue obligado a acogerse al programa de desmovilización del gobierno. Los militares amenazaron a Barrera con hacerle daño a su familia sí no accedía a “desmovilizarse”.

Hasta el día en que lo asesinaron el labriego fue obligado a patrullar al lado del ejército como informante, recorriendo varias poblaciones, entre ellas, El Oasis y Santa Ana, municipio de Arauquita.

Finamente el 5 de agosto de 2004 el comandante de la Brigada 18, general Gustavo Matamoros Camacho, declaró que Tilzón Barrera, había sido “dado de baja”, cuando intentaba huir luego de un combate. El cuerpo del trabajador agrario presentó signos de tortura y varios disparos.

El 12 de agosto de 2006 fueron detenidas de forma masiva e ilegalmente en Fortul, Arauca, Abdón Goyeneche, presidente de la Asociación de Educadores de Arauca; Nubia Chacón, fiscal de la Asociación de Juntas; Javier Francisco Hinestroza, conductor del colegio Alejandro Humbolt; Esaud Montero Triana, integrante de Misión Médica;

Pedro Bueno, dirigente comunal y de la Fundación Comité de Derechos Humanos Joel Sierra; Luz Marina Rodríguez, líder comunitaria; Wilmer Hinestroza Pacheco, líder de la Cooperativa del Transporte; Ignacio Vega Talero, comerciante; William Sáenz, líder sindical del magisterio; Ulises Arciniegas, líder juvenil;

Hernando Moreno, comerciante; Luís Jesús Pérez Ascanio y Edwin Hinestroza Pacheco, sindicados falsamente de rebelión. Siendo inocentes, los 13 líderes sindicales y sociales, permanecieron detenidos por más de 18 meses víctimas de los montajes judiciales.

Como los anteriores, fueron más de 300 los casos denunciados por la comunidad araucana, de los cuales casi su totalidad esta en la impunidad y no se vislumbra que las violaciones vayan a disminuir en el futuro mientras persista el guerrerismo del presidente Uribe.

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