Parauribismo/Están asesinando y amenazando a campesinos despojados de sus tierras por paramilitares
La Comisión Colombiana de Juristas urge actuar frente a amenazas y asesinatos de víctimas relacionadas con la Ley de Justicia y Paz en el caso de Blanquicet, Urabá antioqueño
En horas de la mañana del domingo 20 de julio de 2008, en el corregimiento de El Reposo, ubicado entre Apartadó y el municipio de Carepa (Urabá antioqueño), fue muerto a tiros por un sicario que iba en moto Juan Agustín Jímenez Vertel.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) tuvo conocimiento de este asesinato porque Jímenez era vecino de varias personas que esta entidad representa en la región en el marco de la ley 975 de 2005.
Son 51 víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por paramilitares que incluyen asesinatos, tortura, desaparición forzada, usurpación y despojo de tierras, así como desplazamiento forzado.
Dentro de las 51 personas, 11 son socios de la Cooperativa de Medianos y Pequeños Agricultores de Blanquicet y Macondo (Cootragroblan), a quienes les fue arrebatada la finca “La Esperanza” en el corregimiento de Blanquicet, municipio de Turbo, Antioquia.
Además han sido objeto del asesinato de sus familiares, amenazados y desplazados forzadamente.
Los demás poderdantes son también víctimas de los crímenes mencionados que ocurrieron en corregimientos y veredas aledañas a Blanquicet.
Por ello lo denominamos genéricamente caso Blanquicet. La violencia desatada por los grupos paramilitares contra estas comunidades campesinas tiene como punto de inicio el año 1996.
Uno de los poderdantes de la CCJ, José María Calle Sánchez, campesino de la región, fue demandado en julio de 2007 por José Vicente Cantero Ibáñez, quien busca la prescripción agraria ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, Antioquia, del predio “Bonaire”, ubicado en el paraje La Eugenia, inspección de Nuevo Oriente, municipio de Turbo, Antioquia.
El señor Calle Sánchez había adquirido la propiedad de dicho predio por adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), desde el año 1985.
En 1997 fue obligado a vender dicho bien a un precio irrisorio y fue despojado del mismo por personas afiliadas al paramilitarismo que estaban dedicadas a la usurpación, despojo y compra a precios lesivos de grandes extensiones de tierras, obligando al desplazamiento de familias enteras de campesinos de la región.
El 3 de junio de 2008, la CCJ contestó la demanda de prescripción agraria a nombre de José María Calle Sánchez y a la vez presentó contrademanda reivindicatoria o demanda de reconvención para que José Vicente Cantero Ibáñez restituyera el predio “Bonaire” a Calle Sánchez.
Paralelamente al anterior proceso, Ledys Sierra Flórez, esposa de José Vicente Cantero, figura demandando la prescripción agraria de otro predio de la misma zona en el mismo Juzgado Civil del Circuito de Apartadó contra Juan Agustín Jiménez Vertel y Rafael Enrique Jiménez Padilla, campesinos de la región y conocidos vecinos de José María Calle Sánchez.
A principios de la semana del 23 de junio de 2008, José Vicente Cantero Ibáñez, en compañía de Fabián Roldán, quienes residen en el municipio de Chigorodó, Antioquia, visitaron a otro de los poderdantes de la CCJ.
A Pedro Padilla, quien vive en ese mismo municipio, y quien también había sido obligado a negociar a menor precio con Cantero.
Le dejaron fotocopias de los poderes que por escritura pública las 51 víctimas representadas por la CCJ habían suscrito ante la notaría única de Chigorodó y le advirtieron en tono amenazante sobre los riesgos que corrían quienes los estaban tildando de paramilitares, manifestándole que ellos sólo eran empresarios.
El 25 de junio de 2008, cuando varios miembros de la CCJ (abogados representantes de víctimas en el procedimiento de la ley 975 de 2005 y una psicóloga), se encontraban realizando entrevistas previamente concertadas con las víctimas del caso Blanquicet para valoración de daños y perjuicios, en el centro vacacional “Simona del Mar”, cerca del casco urbano del municipio de Turbo vía Necoclí, arribaron a media mañana Cantero Ibáñez y Roldán, junto con Marino Ortiz. Este último dijo ser el abogado de los anteriores.
Los tres manifestaron que eran empresarios que han adquirido legalmente predios de la zona y, en forma intimidante, dijeron que no deseaban que se volviera a generar la violencia en Urabá por el problema de tierras.
A raíz de tal visita intempestiva, los miembros de la CCJ interrumpieron la actividad con los poderdantes y, por la falta de garantías de seguridad para todos los participantes, abandonaron inmediatamente el sitio y regresaron a Bogotá.
El 20 de julio de 2008 se produjo el asesinato de Jiménez Vertel. Según su hijo, Darío Jiménez, su padre ya había sido amenazado y habían corrido comentarios en la región en el sentido de que “los que reclamaran tierras iban a tener problemas y que ellos no se las iban a dejar quitar”.
Los anteriores hechos están enmarcados dentro de la expansión criminal de los paramilitares a partir de su estrategia de usurpación y despojo de tierras conocida como “la retoma de Urabá”, ocurrida desde el año 1996, y son consistentes con las declaraciones de los jefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, Éver Veloza, alias “HH”, y Raúl Hazbún alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, que han declarado sobre el despojo y el desplazamiento masivo ocasionado en la zona.
Estos hechos configuran una nueva y grave afectación a las víctimas del paramilitarismo y ponen en evidencia que los grupos armados criminales que lo integran no se han desmontado en esta violenta región de Urabá, donde lograron consolidar su generalizada y sistemática estrategia de usurpación y despojo de tierras y actualmente se proponen legitimar y legalizar sus adquisiciones violentas.
Así mismo, estos hechos demuestran los graves efectos de la impunidad y de la falta de investigación y procesamiento de los perpetradores que tienen en su poder grandes extensiones de tierra en todo el Urabá, particularmente en la zona de la carretera panamericana donde quedan el corregimiento de Blanquicet y otros corregimientos aledaños, donde habitaban las víctimas del caso Blanquicet que representa la CCJ.
Además, estos hechos ponen en grave riesgo el trabajo y la vida de las y los miembros de la CCJ que trabajan con víctimas en el marco de la ley 975 de 2005, en el proyecto apoyado por la Unión Europea.
Por todo lo anterior, la Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a todas las autoridades competentes, y en particular al Presidente de la República, al Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, al Alto Comisionado gubernamental para la Paz, al ministro del Interior, al ministro de la Defensa Nacional, al comandante general de las Fuerzas Militares, al director general de la Policía, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a todas las autoridades concernidas, para que adopten de manera urgente las medidas que les correspondan en relación con estos hechos.
En especial para que: (i) se investigue y sancione el asesinato del campesino Juan Agustín Jiménez Vertel, quien era titular de un predio en Macondo aledaño a Blanquicet.
Se neutralice a los agentes paramilitares que continúan actuando en Urabá y específicamente en el corregimiento de Blanquicet y sus alrededores y se desmantele el paramilitarismo persistente en esa región.
Se adopten a la mayor brevedad los dispositivos necesarios para proteger la vida de José María Calle Sánchez Marcos Iglesia, Pedro Padilla, y los demás propietarios que han sido despojados de sus tierras por los paramilitares en Blanquicet o han sido amenazados por estos grupos por haberle conferido poder a la Comisión Colombiana de Juristas para representarlos en los procesos de la ley 975 de 2005.
Se tomen igualmente las previsiones necesarias para proteger la vida y el trabajo de los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas que están realizando actividades con víctimas de crímenes objeto de la citada ley 975.
La Comisión Colombiana de Juristas urge igualmente a la comunidad internacional a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que las autoridades colombianas garanticen los derechos de estas personas y reparen los que han sido lesionados, llamado que se hace especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, sobre Defensores de Derechos Humanos, Independencia de Jueces y Abogados, al Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, al G-24, y a quienes apoyan financieramente este proyecto (la Unión Europea).
Bogotá, 6 de agosto de 2008
Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, director CCJ. Tel. 376 8200, ext. 115
La Comisión Colombiana de Juristas urge actuar frente a amenazas y asesinatos de víctimas relacionadas con la Ley de Justicia y Paz en el caso de Blanquicet, Urabá antioqueño
En horas de la mañana del domingo 20 de julio de 2008, en el corregimiento de El Reposo, ubicado entre Apartadó y el municipio de Carepa (Urabá antioqueño), fue muerto a tiros por un sicario que iba en moto Juan Agustín Jímenez Vertel.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) tuvo conocimiento de este asesinato porque Jímenez era vecino de varias personas que esta entidad representa en la región en el marco de la ley 975 de 2005.
Son 51 víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por paramilitares que incluyen asesinatos, tortura, desaparición forzada, usurpación y despojo de tierras, así como desplazamiento forzado.
Dentro de las 51 personas, 11 son socios de la Cooperativa de Medianos y Pequeños Agricultores de Blanquicet y Macondo (Cootragroblan), a quienes les fue arrebatada la finca “La Esperanza” en el corregimiento de Blanquicet, municipio de Turbo, Antioquia.
Además han sido objeto del asesinato de sus familiares, amenazados y desplazados forzadamente.
Los demás poderdantes son también víctimas de los crímenes mencionados que ocurrieron en corregimientos y veredas aledañas a Blanquicet.
Por ello lo denominamos genéricamente caso Blanquicet. La violencia desatada por los grupos paramilitares contra estas comunidades campesinas tiene como punto de inicio el año 1996.
Uno de los poderdantes de la CCJ, José María Calle Sánchez, campesino de la región, fue demandado en julio de 2007 por José Vicente Cantero Ibáñez, quien busca la prescripción agraria ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, Antioquia, del predio “Bonaire”, ubicado en el paraje La Eugenia, inspección de Nuevo Oriente, municipio de Turbo, Antioquia.
El señor Calle Sánchez había adquirido la propiedad de dicho predio por adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), desde el año 1985.
En 1997 fue obligado a vender dicho bien a un precio irrisorio y fue despojado del mismo por personas afiliadas al paramilitarismo que estaban dedicadas a la usurpación, despojo y compra a precios lesivos de grandes extensiones de tierras, obligando al desplazamiento de familias enteras de campesinos de la región.
El 3 de junio de 2008, la CCJ contestó la demanda de prescripción agraria a nombre de José María Calle Sánchez y a la vez presentó contrademanda reivindicatoria o demanda de reconvención para que José Vicente Cantero Ibáñez restituyera el predio “Bonaire” a Calle Sánchez.
Paralelamente al anterior proceso, Ledys Sierra Flórez, esposa de José Vicente Cantero, figura demandando la prescripción agraria de otro predio de la misma zona en el mismo Juzgado Civil del Circuito de Apartadó contra Juan Agustín Jiménez Vertel y Rafael Enrique Jiménez Padilla, campesinos de la región y conocidos vecinos de José María Calle Sánchez.
A principios de la semana del 23 de junio de 2008, José Vicente Cantero Ibáñez, en compañía de Fabián Roldán, quienes residen en el municipio de Chigorodó, Antioquia, visitaron a otro de los poderdantes de la CCJ.
A Pedro Padilla, quien vive en ese mismo municipio, y quien también había sido obligado a negociar a menor precio con Cantero.
Le dejaron fotocopias de los poderes que por escritura pública las 51 víctimas representadas por la CCJ habían suscrito ante la notaría única de Chigorodó y le advirtieron en tono amenazante sobre los riesgos que corrían quienes los estaban tildando de paramilitares, manifestándole que ellos sólo eran empresarios.
El 25 de junio de 2008, cuando varios miembros de la CCJ (abogados representantes de víctimas en el procedimiento de la ley 975 de 2005 y una psicóloga), se encontraban realizando entrevistas previamente concertadas con las víctimas del caso Blanquicet para valoración de daños y perjuicios, en el centro vacacional “Simona del Mar”, cerca del casco urbano del municipio de Turbo vía Necoclí, arribaron a media mañana Cantero Ibáñez y Roldán, junto con Marino Ortiz. Este último dijo ser el abogado de los anteriores.
Los tres manifestaron que eran empresarios que han adquirido legalmente predios de la zona y, en forma intimidante, dijeron que no deseaban que se volviera a generar la violencia en Urabá por el problema de tierras.
A raíz de tal visita intempestiva, los miembros de la CCJ interrumpieron la actividad con los poderdantes y, por la falta de garantías de seguridad para todos los participantes, abandonaron inmediatamente el sitio y regresaron a Bogotá.
El 20 de julio de 2008 se produjo el asesinato de Jiménez Vertel. Según su hijo, Darío Jiménez, su padre ya había sido amenazado y habían corrido comentarios en la región en el sentido de que “los que reclamaran tierras iban a tener problemas y que ellos no se las iban a dejar quitar”.
Los anteriores hechos están enmarcados dentro de la expansión criminal de los paramilitares a partir de su estrategia de usurpación y despojo de tierras conocida como “la retoma de Urabá”, ocurrida desde el año 1996, y son consistentes con las declaraciones de los jefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, Éver Veloza, alias “HH”, y Raúl Hazbún alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, que han declarado sobre el despojo y el desplazamiento masivo ocasionado en la zona.
Estos hechos configuran una nueva y grave afectación a las víctimas del paramilitarismo y ponen en evidencia que los grupos armados criminales que lo integran no se han desmontado en esta violenta región de Urabá, donde lograron consolidar su generalizada y sistemática estrategia de usurpación y despojo de tierras y actualmente se proponen legitimar y legalizar sus adquisiciones violentas.
Así mismo, estos hechos demuestran los graves efectos de la impunidad y de la falta de investigación y procesamiento de los perpetradores que tienen en su poder grandes extensiones de tierra en todo el Urabá, particularmente en la zona de la carretera panamericana donde quedan el corregimiento de Blanquicet y otros corregimientos aledaños, donde habitaban las víctimas del caso Blanquicet que representa la CCJ.
Además, estos hechos ponen en grave riesgo el trabajo y la vida de las y los miembros de la CCJ que trabajan con víctimas en el marco de la ley 975 de 2005, en el proyecto apoyado por la Unión Europea.
Por todo lo anterior, la Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a todas las autoridades competentes, y en particular al Presidente de la República, al Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, al Alto Comisionado gubernamental para la Paz, al ministro del Interior, al ministro de la Defensa Nacional, al comandante general de las Fuerzas Militares, al director general de la Policía, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a todas las autoridades concernidas, para que adopten de manera urgente las medidas que les correspondan en relación con estos hechos.
En especial para que: (i) se investigue y sancione el asesinato del campesino Juan Agustín Jiménez Vertel, quien era titular de un predio en Macondo aledaño a Blanquicet.
Se neutralice a los agentes paramilitares que continúan actuando en Urabá y específicamente en el corregimiento de Blanquicet y sus alrededores y se desmantele el paramilitarismo persistente en esa región.
Se adopten a la mayor brevedad los dispositivos necesarios para proteger la vida de José María Calle Sánchez Marcos Iglesia, Pedro Padilla, y los demás propietarios que han sido despojados de sus tierras por los paramilitares en Blanquicet o han sido amenazados por estos grupos por haberle conferido poder a la Comisión Colombiana de Juristas para representarlos en los procesos de la ley 975 de 2005.
Se tomen igualmente las previsiones necesarias para proteger la vida y el trabajo de los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas que están realizando actividades con víctimas de crímenes objeto de la citada ley 975.
La Comisión Colombiana de Juristas urge igualmente a la comunidad internacional a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que las autoridades colombianas garanticen los derechos de estas personas y reparen los que han sido lesionados, llamado que se hace especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, sobre Defensores de Derechos Humanos, Independencia de Jueces y Abogados, al Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, al G-24, y a quienes apoyan financieramente este proyecto (la Unión Europea).
Bogotá, 6 de agosto de 2008
Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, director CCJ. Tel. 376 8200, ext. 115
