Los favores oficialesHacia la mayor iniquidad
Por Helena Villamizar García-Herreros. El Nuevo Siglo
"En mi familia hay tres millones desplazados, 3.200 secuestrados, 10.000 desaparecidos” rezaba uno de los carteles exhibidos en la marcha del 6 de marzo en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado y de rechazo a estos actores armados.
Esta frase y muchas otras que se repetían en la masiva movilización ciudadana, al igual que en la multitudinaria marcha contra las Farc, revelan el terror y el inmenso dolor vivido en Colombia sobre el cual se hizo memoria. Pero infortunadamente éstos no sólo son parte del pasado. Ni las Farc, no obstante la muerte de Raúl Reyes, ni el Eln han sido derrotados, ni los grupos paramilitares han desaparecido.
Tampoco los factores de miseria y la profunda desigualdad del ingreso, que se encuentran en la base del conflicto interno han sido superados, y cuya solución es imperativa para alcanzar la paz; por el contrario exhiben una gran persistencia a la cual el aporte de la política económica es innegable.
Sin duda el premio Nobel en iniquidad social le corresponde a las políticas con los desplazados. Ninguna otra medida ha tenido un efecto tan directo como el caso Carimagua, en el cual se despojó de tierra a las víctimas de la violencia.
Insólito pero cierto. Según Mauricio Cabrera, no sólo menos del 1% de los desplazados reconocidos por el propio gobierno ha recibido tierras, que corresponden a menos del 1% de los seis millones de hectáreas que se apropiaron a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes, sino que el Ministro de Agricultura modificó la política de subsidios e impuso requisitos para acceder a la tierra que en la práctica son imposibles de cumplir para un campesino.
Entre ellos: hacer un Estudio de Mercado que incluya "Descripción del producto y sus usos, productos sustitutos y complementarios. -Análisis de la oferta y la demanda, tamaño del mercado local, regional, nacional e internacional. -Frecuencia de compra, precios y lugares de venta…, un presupuesto detallado, el cronograma de obras y desembolsos, y el flujo de caja del proyecto…el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, TIR", etc.
Después de hacer una relación de la larga lista de requisitos exigidos, Cabrera concluye: “Es de suponer que estos campesinos están muy contentos con la posibilidad de recibir plata, pero tienen dos pequeños inconvenientes: encontrar tierra en el Valle del Cauca que valga menos de 4 millones de pesos por hectárea, y ponerse de acuerdo con sus banqueros de inversión en la tasa de descuento que deben utilizar para calcular la TIR que les exige el Gobierno”.
En síntesis, el cambio en los subsidios con el que con tanto cinismo se hace propaganda el ministro Arias en televisión, es una expresión más del espíritu burlón de este funcionario con los más pobres y desposeídos de la población colombiana.
En múltiples ámbitos la política ha contribuido al deterioro distributivo; entre éstas merece mención la reforma laboral -ley 789 de 2002, cuyo cuantioso recorte de derechos fundamentales de los trabajadores y cuya ineficacia en generación de empleo ha sido demostrada por diversos estudios y la tienen en riesgo de ser derogada por la Corte Constitucional. Ya el Procurador le había hecho serios cuestionamientos.
¡Y qué decir de los subsidios y exenciones en la política tributaria! Como ha revelado el ex ministro Juan Camilo Restrepo, las innumerables gabelas y privilegios otorgados a unos pocos ha tenido un altísimo costo social. Ellos han quebrado los principios de equidad y progresividad que deben regir la tributación; tan escandaloso ha sido el traslado de rentas que mientras los recaudos fiscales crecieron 14,4% en el 2007, en el presupuesto del 2008, que debería atender dichos principios, el impuesto de renta sólo aumentó 3%.
Más grave aún, dichas gabelas y privilegios, consagrados además mediante la ley de estabilidad jurídica, impedirán la posibilidad de efectuar reformas estructurales futuras.El gobierno ha sido particularmente pródigo en iniciativas que implican un masivo traslado de rentas de los colombianos a extranjeros.
Así lo evidencia el crecimiento de los giros de utilidades y dividendos al exterior, quintuplicados durante el mandato Uribe (de US$ 1070 millones en 2002 a entre 5.500 y 6.000 millones en 2007 al extrapolar el comportamiento de dichos giros entre enero y septiembre, US$ 4411 millones, al último trimestre).
Al gobierno le pareció que dicha dinámica de las utilidades giradas, adicionadas en la insignificante suma de mil millones anuales, merecía mayores estímulos y le obsequió el impuesto a las remesas en la última reforma tributaria. A la tasa de 7%, para el 2007 el obsequio superará los 400 millones de dólares, monto considerable y cuya contribución a solucionar urgentes problemas en Colombia nadie pondría en duda, en contraste con la efectividad de dicha exención, la cual ha sido seriamente cuestionada por múltiples estudios.
Capítulo aparte merece la privatización y el despojo de grandes rentas que eran de colombianos para transferirlas total o parcialmente a privados y particularmente a multinacionales del exterior. Durante este gobierno las principales empresas públicas fueron feriadas sin contemplación.
Su venta por debajo del valor real ha quedado fehacientemente demostrada con las exorbitantes valorizaciones que han experimentado en el corto plazo. A nadie escapa el pésimo negocio que representó para los colombianos la venta por ejemplo de Isagén con utilidades de 21% en el 2007, o Ecopetrol cuyos ingresos crecieron 41,5% y las utilidades, ¡atención! 53%. ¡Y que tal las utilidades de $233.838 millones de Telecom! Escandaloso traspaso de rentas públicas a unos cuantos favorecidos por la política oficial.
Todas estas son simples ilustraciones de una política cuya esencia distributiva es inocultable: el favoritismo hacia los más poderosos en desmedro de la mayoría del pueblo colombiano.
Con tales políticas es difícil imaginar que todo el dolor y el terror que en estos días hemos recordado los colombianos en solidaridad con las víctimas pueda de verdad ser enterrado para siempre.
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Esta frase y muchas otras que se repetían en la masiva movilización ciudadana, al igual que en la multitudinaria marcha contra las Farc, revelan el terror y el inmenso dolor vivido en Colombia sobre el cual se hizo memoria. Pero infortunadamente éstos no sólo son parte del pasado. Ni las Farc, no obstante la muerte de Raúl Reyes, ni el Eln han sido derrotados, ni los grupos paramilitares han desaparecido.
Tampoco los factores de miseria y la profunda desigualdad del ingreso, que se encuentran en la base del conflicto interno han sido superados, y cuya solución es imperativa para alcanzar la paz; por el contrario exhiben una gran persistencia a la cual el aporte de la política económica es innegable.
Sin duda el premio Nobel en iniquidad social le corresponde a las políticas con los desplazados. Ninguna otra medida ha tenido un efecto tan directo como el caso Carimagua, en el cual se despojó de tierra a las víctimas de la violencia.
Insólito pero cierto. Según Mauricio Cabrera, no sólo menos del 1% de los desplazados reconocidos por el propio gobierno ha recibido tierras, que corresponden a menos del 1% de los seis millones de hectáreas que se apropiaron a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes, sino que el Ministro de Agricultura modificó la política de subsidios e impuso requisitos para acceder a la tierra que en la práctica son imposibles de cumplir para un campesino.
Entre ellos: hacer un Estudio de Mercado que incluya "Descripción del producto y sus usos, productos sustitutos y complementarios. -Análisis de la oferta y la demanda, tamaño del mercado local, regional, nacional e internacional. -Frecuencia de compra, precios y lugares de venta…, un presupuesto detallado, el cronograma de obras y desembolsos, y el flujo de caja del proyecto…el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, TIR", etc.
Después de hacer una relación de la larga lista de requisitos exigidos, Cabrera concluye: “Es de suponer que estos campesinos están muy contentos con la posibilidad de recibir plata, pero tienen dos pequeños inconvenientes: encontrar tierra en el Valle del Cauca que valga menos de 4 millones de pesos por hectárea, y ponerse de acuerdo con sus banqueros de inversión en la tasa de descuento que deben utilizar para calcular la TIR que les exige el Gobierno”.
En síntesis, el cambio en los subsidios con el que con tanto cinismo se hace propaganda el ministro Arias en televisión, es una expresión más del espíritu burlón de este funcionario con los más pobres y desposeídos de la población colombiana.
En múltiples ámbitos la política ha contribuido al deterioro distributivo; entre éstas merece mención la reforma laboral -ley 789 de 2002, cuyo cuantioso recorte de derechos fundamentales de los trabajadores y cuya ineficacia en generación de empleo ha sido demostrada por diversos estudios y la tienen en riesgo de ser derogada por la Corte Constitucional. Ya el Procurador le había hecho serios cuestionamientos.
¡Y qué decir de los subsidios y exenciones en la política tributaria! Como ha revelado el ex ministro Juan Camilo Restrepo, las innumerables gabelas y privilegios otorgados a unos pocos ha tenido un altísimo costo social. Ellos han quebrado los principios de equidad y progresividad que deben regir la tributación; tan escandaloso ha sido el traslado de rentas que mientras los recaudos fiscales crecieron 14,4% en el 2007, en el presupuesto del 2008, que debería atender dichos principios, el impuesto de renta sólo aumentó 3%.
Más grave aún, dichas gabelas y privilegios, consagrados además mediante la ley de estabilidad jurídica, impedirán la posibilidad de efectuar reformas estructurales futuras.El gobierno ha sido particularmente pródigo en iniciativas que implican un masivo traslado de rentas de los colombianos a extranjeros.
Así lo evidencia el crecimiento de los giros de utilidades y dividendos al exterior, quintuplicados durante el mandato Uribe (de US$ 1070 millones en 2002 a entre 5.500 y 6.000 millones en 2007 al extrapolar el comportamiento de dichos giros entre enero y septiembre, US$ 4411 millones, al último trimestre).
Al gobierno le pareció que dicha dinámica de las utilidades giradas, adicionadas en la insignificante suma de mil millones anuales, merecía mayores estímulos y le obsequió el impuesto a las remesas en la última reforma tributaria. A la tasa de 7%, para el 2007 el obsequio superará los 400 millones de dólares, monto considerable y cuya contribución a solucionar urgentes problemas en Colombia nadie pondría en duda, en contraste con la efectividad de dicha exención, la cual ha sido seriamente cuestionada por múltiples estudios.
Capítulo aparte merece la privatización y el despojo de grandes rentas que eran de colombianos para transferirlas total o parcialmente a privados y particularmente a multinacionales del exterior. Durante este gobierno las principales empresas públicas fueron feriadas sin contemplación.
Su venta por debajo del valor real ha quedado fehacientemente demostrada con las exorbitantes valorizaciones que han experimentado en el corto plazo. A nadie escapa el pésimo negocio que representó para los colombianos la venta por ejemplo de Isagén con utilidades de 21% en el 2007, o Ecopetrol cuyos ingresos crecieron 41,5% y las utilidades, ¡atención! 53%. ¡Y que tal las utilidades de $233.838 millones de Telecom! Escandaloso traspaso de rentas públicas a unos cuantos favorecidos por la política oficial.
Todas estas son simples ilustraciones de una política cuya esencia distributiva es inocultable: el favoritismo hacia los más poderosos en desmedro de la mayoría del pueblo colombiano.
Con tales políticas es difícil imaginar que todo el dolor y el terror que en estos días hemos recordado los colombianos en solidaridad con las víctimas pueda de verdad ser enterrado para siempre.
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