Terrorismo de Estado
Acusados ocho presuntos terroristas del Ejército por secuestro, desaparición forzada y asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La Fiscalía informó que ocho presuntos criminales del
Ejército, entre los que se encuentran, un mayor, un sargento y seis soldados
profesionales, fueron acusados por el
homicidio del labriego Wilson Vicente
Monroy Galindo, perpetrado en agosto de 2006 en Vista Hermosa, Meta.
Los agentes represores del régimen fueron llamados a
juicio como presuntos autores de la desaparición forzada agravada, asesinato en
persona protegida, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de
armas.
Según la Fiscalía los implicados son: el mayor del
Ejército Germán Enrique Bermúdez Olaya, el sargento viceprimero Evelio Muñoz
Duarte y los soldados profesionales Henry de Jesús Gallego Castaño, Oliverio
José Ríos, Luis Carlos Batero Manzo, Diego Fernando Oviedo Gutiérrez, José
Reinel Rodallega Arboleda y Freddy Antonio Rivera Riaño.
De acuerdo al ente investigador, “los hechos quedaron
consignados en un informe sin número y fechado el 17 de agosto de 2006,
elaborado por el entonces suboficial Muñoz Duarte, como comandante de sección,
mediante el cual dio cuenta de que hacia las 7:30 de la mañana, cuando se
encontraban en desplazamiento por un sector de la vereda Palmeras,-
del poblado de Santo Domingo, Vistahermosa, en desarrollo
de la operación Jericó, misión táctica Atalaya, fueron atacados por un número
plural de bandoleros de las Farc que operan en la región y en respuesta de la
agresión, respondieron al fuego con sus armas de dotación oficial”.
En otro de los apartes, el informe dejó constancia de que
al cesar el ataque y proceder al registro del terreno, fue hallado el cuerpo
sin vida de uno de los insurgentes que vestía camuflado y portaba en su poder
un fusil AK-47.
En contraposición al informe, algunos delegados de
derechos humanos, vecinos de la región, allegados y familiares aseguraron que
la víctima, Wilson Vicente Monroy, quien se dedicaba a cuidar un predio rural
en la zona en el que cultivaba coca,-
fue sacado de allí por los militares, que lo retuvieron
por un tiempo considerable hasta que finalmente apareció vestido con prendas
militares y con varios impactos de armas de fuego de largo alcance.
Según el testimonio de uno de los soldados presentes en
la escena del crimen, la víctima estaba cocinando alimentos en su vivienda, de
donde fue sacado por los militares, quienes durante tres días lo retuvieron
para, posteriormente, asesinarle y registrar en el informe de operaciones una
supuesta muerte en combates con la guerrilla.
El pasado 30 de diciembre el presidente Santos firmó una
ley que obliga a costearle la defensa jurídica a los militares y policía
implicados en procesos jurídicos como el anteriormente descrito, con el dinero que
los colombianos pagan en impuestos, en un aberrante intento decubrir con
impunidad estos actos criminales.
