Crisis humanitaria en la inspección Piñuña Nergro
La única presencia del Estado es la militarización y por lo tanto las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Por Camilo Raigozo
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011 una comisión humanitaria liderada por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y afro del Putumayo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh,-
y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, realizaron una visita a zonas rurales de cuatro municipios de Putumayo con el fin de constatar y documentar las continuas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Notimundo acompañó a la comisión en las diferentes travesías y constató en el terreno el grado de postración en que se encuentran los derechos fundamentales de las comunidades y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
El primer sitio visitado por la Comisión fue la inspección Piñuña Negro en el municipio de Puerto Leguízamo, a la cual se llegó desde Puerto Asís en algo más de dos horas en lancha rápida por el río Putumayo.
Lo primero que nota el visitante es el alto grado de abandono en que se encuentran las comunidades por parte del Estado.
Los pobladores carecen de agua potable, electrificación, alcantarillado, vías de acceso, centros de enseñanza para los niños y hospitales básicos, entre otras necesidades. Casi todos los moradores habitan en casuchas de madera.
Todo lo anterior en medio del saqueo de la gran riqueza mineral y petrolera del departamento por parte de empresas transnacionales que se enriquecen inconmensurablemente con la complicidad de las diferentes esferas del gobierno.
La única presencia del Estado es la fuerte militarización, que se traduce en represión y en continuas violaciones e infracciones sistemáticas de los derechos humanos y el Derecho internacional Humanitario respectivamente.
Entre Puerto Asís y Piñuña Negro la Infantería de Marina tiene puestos de control en los que además de empadronar, fotografiar y filmar a los pobladores, les restringe la movilización, el tránsito de mercancías, medicinas, herramientas y otros productos necesarios en la cotidianidad campesina.
Hostigamientos, estigmatizaciones, falsas acusaciones, retenciones, amenazas y malos tratos, son entre otros, los atropellos que tienen que soportar los labriegos y comerciantes de parte de las fuerzas militares del Estado, según denunciaron a Notimundo y a la Comisión.
También denunciaron las fumigaciones aéreas indiscriminadas que siguen afectando los cultivos de pancoger, el medio ambiente, el ganado y la salud humana.
En varias ocasiones el gobierno ha firmado compromisos con los campesinos para la sustitución concertada de cultivos ilícitos a cambio de programas y proyectos productivos alternos, sin que hasta la fecha les haya cumplido el más mínimo acuerdo.
“Yo no voy a ayudar a guerrilleros”, les dijo el general Delvasto, quién fuera comandante de la Brigada 27 del Ejército a los campesinos, dijeron estos en sus denuncias.
En la Inspección La Ospina, del mismo municipio, sobre un camino que intercomunica a varias veredas, el Ejército instaló un puesto de control y ahora les prohibieron a los campesinos transitar por ese lugar.
En la misma inspección, el pasado 28 de octubre, después de un bombardeo aéreo, el Ejército retuvo ilegalmente a una niña de 12 años y a un niño de 13, hijos del labriego Luis Fajardo.
Cuando este fue a reclamarlos los uniformados le dijeron que los habían retenido por seguridad para que no fueran a avisarle a la guerrilla.
Varios líderes han sido sistemáticamente capturados y encarcelados de manera arbitraria con montajes judiciales acusados de los delitos de rebelión y terrorismo entre otras falsas acusaciones.
Entre las víctimas detenidas recientemente se encuentran el joven Carlos Iván Riascos, Clímaco de la Cruz Rodríguez, Manuel Antonio Márquez, Alexis Antonio Arroyo, Telmo Cuero, Faustino Carabalí y Eugenio Tapiero.
Otro de los flagelos que padecen los habitantes de esta zona limítrofe con Ecuador son los abusos der la Fuerza Pública de ese país vecino con las comunidades colombianas.
Detenciones arbitrarias, malos tratos, estigmatizaciones, robo de gas y gasolina, persecución y otras restricciones, figuran entre los atropellos de la fuerza pública ecuatoriana contra los pobladores colombianos de la zona limítrofe.
Como las anteriores la Comisión Humanitaria recibió más de 20 denuncias de manera pública y privada las cuales serán debidamente documentadas y puestas en conocimiento de la comunidad internacional, especialmente al grupo de países que conforman el G24.
Como las anteriores la Comisión Humanitaria recibió más de 20 denuncias de manera pública y privada las cuales serán debidamente documentadas y puestas en conocimiento de la comunidad internacional, especialmente al grupo de países que conforman el G24.