jueves, noviembre 10, 2011

Continúa falso positivo jurídico contra campesino defensor de los derechos humanos de La Macarena, Meta
Por Camilo Raigozo

El pasado 10 de noviembre a las 8:30 de la mañana, en el Juzgado Cuarto Penal de Villavicencio, Meta, se dio inicio a la audiencia de juicio oral en el proceso que adelanta la Fiscalía 43 contra el campesino José Wilson Escamilla Sogamoso, capturado el 18 de noviembre de 2010.

En el momento de la captura Escamilla era el presidente del Comité de Derechos Humanos del centro poblado La Catalina, jurisdicción de La Macarena, Meta.

José Wilson Escamilla y otros 12 campesinos de La Macarena fueron víctimas de montajes judiciales de la Dijin, cimentados en testimonios de supuestos desmovilizados de las FARC, desde el 25 de noviembre de 2009.

Las diligencias fueron enviadas a la Fiscalía 43 de Villavicencio, quien solicitó al Juzgado Primero de Control de Garantías  que se expidiera órdenes de captura contra los 13 campesinos por el delito de rebelión.

Es así como el 10 de septiembre de 2010 fue capturado el líder campesino José Samuel Rojas Mora (foto 2), vicepresidente de Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos del Guayabero y la Macarena, Meta.

Víctima del falso positivo judicial, Rojas Mora fue puesto a disposición del Juzgado Segundo Penal del Circuito, quien sin tener en cuenta la parte social, laboral, antecedentes penales, presunción de inocencia y aptitud para vivir en sociedad, le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.

Después de haber permanecido 156 días privado de libertad arbitrariamente y ante la evidente falta de pruebas en su contra, el campesino y defensor de derechos humanos José Samuel Rojas Mora, fue absuelto de toda culpa.

Las órdenes de captura contra los restantes 11 campesinos fueron canceladas por solicitud del fiscal en audiencia el 18 de febrero de 2011. Ante la evidente carencia de pruebas el fiscal le solicitó al juez de control de garantías la cancelación de las 11 órdenes de captura.

El fiscal en esa ocasión exigió que las investigaciones contra los trabajadores agrícolas fueran coherentes, serias, con fundamentos y bases sólidas, donde se pudiera llegar a una audiencia no solo con el testimonio de uno o varios reinsertados.

Cuestionó estos últimos testimonios porque ellos, los reinsertados, reciben prebendas del Estado, al recibir dinero mensualmente por haberse reinsertado y por las informaciones  que entregan a las autoridades, que generalmente son contra personas inocentes.

Según Samuel Rojas Mora, el fiscal advirtió en esa ocasión que hubo prisa por la fiscal que lo antecedió por atender las presiones de gobierno central en ese momento en manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El juicio de José Wilson Escamilla fue aplazado para el 25 de enero de 2012 por ausencia de los testigos de la Fiscalía. Sin embargo, según la defensa, “aunque la Fiscalía no tiene pruebas contra la inocencia del campesino, este tendrá que continuar injustamente privado de libertad”.


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