¿Sólo el general Montoya?Por: Cecilia Orozco Tascón
Aunque la caída del general Montoya estaba cantada desde la semana pasada, no por eso deja de ser un gran descalabro para el Ejército, para el ministro Santos y, desde luego, para el presidente Uribe.
Su salida, en cambio, significa un mínimo respeto con los civiles inermes, la mayoría de ellos sin posibilidades de que su voz de auxilio sea escuchada por los funcionarios del Estado.
Porque, cosa rara de entender en otras latitudes, uno de los axiomas de la seguridad democrática ha sido el de que las víctimas y sus defensores pertenecen a grupos que subvierten la ley, mientras que los victimarios y sus causas merecen beneficios, olvidos, consideraciones y tratamiento de divas.
Artículos de prensa del fin de semana pasado ya daban cuenta de la precaria posición del general Montoya, puesto que la Casa de Nariño, que hasta hace poco lo alababa, empezó a ignorarlo. ¿Sus amigazos del alto Gobierno lo traicionaron después de que hizo lo que le exigieron tácitamente?
O bien, ¿él los traicionó ordenando, o permitiendo hacer, atrocidades a espaldas de sus jefes? Vaya uno a saber. El tiempo y la historia nos revelarán la verdad, hoy cubierta con el manto del poder omnímodo.
De cualquier manera, la gravedad de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres bajo su mando, explican su salida. No era para menos.
Ahora no nos pueden presentar su presunta renuncia como una demostración de “cero tolerancia” con los delitos de uniformados, como titula Santos cada vez que alguien de las Fuerzas Armadas se mete en un lío.
Por el contrario. Montoya se había demorado en irse o en que lo fuera, pues una cosa es lo que se le dice a la opinión y muy otra lo que debió pasar en las oficinas del Ministerio.
Pero no hay que equivocarse. La separación del cargo del general no surge del reconocimiento sincero de que se ha incurrido en una cadena de errores por el confuso mensaje de que había que acumular éxitos militares de gran espectacularidad para mostrarle al mundo de lo que era capaz un gobernante echado pa’lante.
Tampoco es producto de un clima interno de estupor frente a las centenares de ejecuciones extrajudiciales denunciadas, ni se trata del primer paso oficial para concederle la razón, por primera vez, a la oposición.
Es únicamente el resultado de las serias señales de advertencia hechas por las autoridades internacionales de Derechos Humanos que se cansaron de dejar constancias desde hace más de tres años por la multiplicación de las ejecuciones.
Pese a que no nos lo confirmen, se conoce que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, le dieron un cuasi ultimátum al Gobierno.
Incluso se sabe que oficiales de Estados Unidos tienen datos precisos sobre lo que ha venido sucediendo y se ha filtrado que expresaron serias objeciones —así sean hipócritas— por los procedimientos usados por un sector de las Fuerzas Militares.
Por eso no debe pensarse que el general Montoya, quien trabaja con el presidente Uribe desde cuando éste era gobernador de Antioquia, es el más alto responsable del exterminio.
Puede que Colombia quiera cerrar los ojos y siga creyendo; que se haga la loca y continúe discutiendo el referendo para la reelección. Tranquilos que, entre tanto, afuera nos observan con suma cautela.
