Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudicialesEl cáncer es todo el régimen uribista
Ante la indignación internacional y nacional Uribe se la jugó destituyendo a 27 militares, entre ellos tres generales, tratando de evitar la hecatombe de su gobierno y la intervención de las cortes internacionales de justicia en el país. Hay clamor mundial para que se suspendan inmediatamente todas las ayudas militares que recibe Colombia del exterior
Por Camilo Raigozo. Voz
Ante la indignación internacional y nacional Uribe se la jugó destituyendo a 27 militares, entre ellos tres generales, tratando de evitar la hecatombe de su gobierno y la intervención de las cortes internacionales de justicia en el país. Hay clamor mundial para que se suspendan inmediatamente todas las ayudas militares que recibe Colombia del exterior
Por Camilo Raigozo. Voz
María del Carmen Zuluaga no pudo contener el llanto al contar su testimonio en el evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”. Foto Camilo Raigozo
El 6 de diciembre de 2006, Jhonier Bernal Díaz, joven labriego, se dirigía de su vereda, Las Divisas Puerto Gabriel, a La Cooperativa, en el municipio de Vista hermosa, Meta. En el trayecto, como a las seis de la tarde, fue interceptado por miembros de la Brigada Móvil 12 del Ejército, quienes lo torturaron durante una hora, luego lo asesinaron y presentaron su cuerpo como “guerrillero dado de baja en combate”.
Días después, su esposa, también muy joven, reclamó el cuerpo de Jhonier y le contó lo ocurrido a organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que enfureció a los militares.
Fue así, como a principios del año siguiente, ella y su hijita de tres años tuvieron que huir intempestivamente del lugar ante su inminente asesinato por parte de paramilitares, quienes no han dejado de seguirlas hasta sus sitios de refugio.
El pasado 14 de febrero, María del Carmen Zuluaga, coordinadora del Comité de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Vistahermosa, Meta, otros 9 líderes campesinos y una bebé de dos años, fueron rescatados con vida de forma milagrosa por una comisión humanitaria, ya que paramilitares comandados por alias “Tino” y alias “Cuchillo”, los buscaron afanosamente para asesinarlos.
Las víctimas lograron esconderse durante más do ocho días hasta que la comisión logró llegar en su rescate. Ahora se encuentran desplazados forzosamente en la capital del país, pero igualmente ya han sido localizadas por los criminales.
Haber denunciado a las brigadas móviles 12 y 4 del ejército, ante los organismos de control del Estado y ante organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, por las 53 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por estas en le bajo Ariari en los dos últimos años, fue motivo suficiente para ordenar su exterminio.
Alianza militares- ‘paras’
Los anteriores relatos fueron suministrados a VOZ por sus protagonistas el pasado 29 de octubre en el marco del evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y otras 27 organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá.
Los dos relatos y los de decenas de miles de víctimas más existentes en Colombia, tienen en común que las fuerzas militares en la comisión de sus crímenes actúa conjuntamente con paramilitares y viceversa.
Son consecuencia de este demencial proyecto narco-paramilitar, decenas de miles de desaparecidos, miles de asesinados y descuartizados, millares de fosas comunes, centenares de ejecuciones extrajudiciales y más de cuatro millones de desplazados, entre otros horrores.
Casi todos los paramilitares en sus confesiones ante la Fiscalía en el marco de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, han sostenido que recibieron apoyo de una u otra forma, no solo de la fuerza pública, sino también de otros organismos de seguridad del Estado, como el DAS y la Fiscalía.
Por ejemplo, el jefe paramilitar Ramón Isaza dijo en una de las audiencias ante la Fiscalía y en presencia de familiares de 27 víctimas desaparecidas en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral, Antioquia, en junio de 1996 siendo Uribe gobernador, que “El ejército nos entregaba listas de personas para ser ajusticiadas”. Se acordó que una vez el general Manosalva, de la Cuarta Brigada, les entregó una lista con 70 nombres de los cuales no dejaron ni uno vivo.
Algunas cifras
Según dio a conocer hace pocas semanas la coalición Examen Periódico Universal, las cuatro plataformas de Derechos Humanos y Paz que trabajan sobre estos temas en Colombia y que agrupan a cerca de 1.200 organizaciones nacionales, en el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. Entre las víctimas hay 719 niñas y niños y 1.314 mujeres.
Del mismo modo, de las 13.634 víctimas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. La coalición encontró que de los 8.049 casos en los cuales se pudo establecer el presunto autor de las violaciones, en el 75,4 por ciento de los casos tiene responsabilidad el Estado.
Por actuación directa de sus agentes, 1.411 víctimas, el 17,53 por ciento; y por complicidad, apoyo o tolerancia con los paramilitares, 4.658 víctimas, o sea el 57,87 por ciento. A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 por ciento de los casos, 1.980 víctimas.
Por tales razones, aunque es un leve avance originado por las fuertes críticas de la comunidad internacional y de las valientes denuncias de las víctimas y de las ONG defensoras de derechos humanos contra el gobierno de Uribe y sus fuerzas armadas, el retiro de 27 militares implicados por acción u omisión en ejecuciones extra judiciales no resuelve el problema, pues estos son apenas algunas células cancerígenas pero no el cáncer que padece Colombia.
Días después, su esposa, también muy joven, reclamó el cuerpo de Jhonier y le contó lo ocurrido a organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que enfureció a los militares.
Fue así, como a principios del año siguiente, ella y su hijita de tres años tuvieron que huir intempestivamente del lugar ante su inminente asesinato por parte de paramilitares, quienes no han dejado de seguirlas hasta sus sitios de refugio.
El pasado 14 de febrero, María del Carmen Zuluaga, coordinadora del Comité de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Vistahermosa, Meta, otros 9 líderes campesinos y una bebé de dos años, fueron rescatados con vida de forma milagrosa por una comisión humanitaria, ya que paramilitares comandados por alias “Tino” y alias “Cuchillo”, los buscaron afanosamente para asesinarlos.
Las víctimas lograron esconderse durante más do ocho días hasta que la comisión logró llegar en su rescate. Ahora se encuentran desplazados forzosamente en la capital del país, pero igualmente ya han sido localizadas por los criminales.
Haber denunciado a las brigadas móviles 12 y 4 del ejército, ante los organismos de control del Estado y ante organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, por las 53 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por estas en le bajo Ariari en los dos últimos años, fue motivo suficiente para ordenar su exterminio.
Alianza militares- ‘paras’Los anteriores relatos fueron suministrados a VOZ por sus protagonistas el pasado 29 de octubre en el marco del evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y otras 27 organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá.
Los dos relatos y los de decenas de miles de víctimas más existentes en Colombia, tienen en común que las fuerzas militares en la comisión de sus crímenes actúa conjuntamente con paramilitares y viceversa.
Son consecuencia de este demencial proyecto narco-paramilitar, decenas de miles de desaparecidos, miles de asesinados y descuartizados, millares de fosas comunes, centenares de ejecuciones extrajudiciales y más de cuatro millones de desplazados, entre otros horrores.
Casi todos los paramilitares en sus confesiones ante la Fiscalía en el marco de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, han sostenido que recibieron apoyo de una u otra forma, no solo de la fuerza pública, sino también de otros organismos de seguridad del Estado, como el DAS y la Fiscalía.
Por ejemplo, el jefe paramilitar Ramón Isaza dijo en una de las audiencias ante la Fiscalía y en presencia de familiares de 27 víctimas desaparecidas en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral, Antioquia, en junio de 1996 siendo Uribe gobernador, que “El ejército nos entregaba listas de personas para ser ajusticiadas”. Se acordó que una vez el general Manosalva, de la Cuarta Brigada, les entregó una lista con 70 nombres de los cuales no dejaron ni uno vivo.
Algunas cifras
Según dio a conocer hace pocas semanas la coalición Examen Periódico Universal, las cuatro plataformas de Derechos Humanos y Paz que trabajan sobre estos temas en Colombia y que agrupan a cerca de 1.200 organizaciones nacionales, en el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. Entre las víctimas hay 719 niñas y niños y 1.314 mujeres.
Del mismo modo, de las 13.634 víctimas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. La coalición encontró que de los 8.049 casos en los cuales se pudo establecer el presunto autor de las violaciones, en el 75,4 por ciento de los casos tiene responsabilidad el Estado.
Por actuación directa de sus agentes, 1.411 víctimas, el 17,53 por ciento; y por complicidad, apoyo o tolerancia con los paramilitares, 4.658 víctimas, o sea el 57,87 por ciento. A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 por ciento de los casos, 1.980 víctimas.
Por tales razones, aunque es un leve avance originado por las fuertes críticas de la comunidad internacional y de las valientes denuncias de las víctimas y de las ONG defensoras de derechos humanos contra el gobierno de Uribe y sus fuerzas armadas, el retiro de 27 militares implicados por acción u omisión en ejecuciones extra judiciales no resuelve el problema, pues estos son apenas algunas células cancerígenas pero no el cáncer que padece Colombia.
