Los desaparecidos de Soacha y los chivos expiatorios

Escenas de dolor vivieron los familiares de las víctimas del Ejército en ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Foto El Espectador

Cuando estalló el escándalo de los horrores cometidos por el ejército en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes humildes del sur de Bogotá, para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, lo primero que se le ocurrió a los altos mandos militares, al ministro de Defensa y al alto Gobierno, fue tratar de ocultar las atrocidades, minimizarlas o tergiversar los hechos, para pasar de agache la tempestad como han hecho con relativo éxito en otras ocasiones.

Esta vez los medios de comunicación adeptos al régimen entraron a desempeñar el papel asignado con toda su ferocidad. Primero impulsaron sin éxito infamias como la de que “Las primeras versiones de las autoridades señalan que, al parecer, las víctimas intentaron escapar después de permanecer en las filas de la guerrilla de las Farc, pero al ser descubiertos fueron fusilados y algunos torturados”.

Después, ante la tozudez de la realidad, el fracaso de las patrañas y el intento fallido de otras coartadas para ocultar la gravedad sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los uniformados, encontraron, “como caído del cielo”, el caso del execrable asesinato del niño Luís Santiago Lozano a manos de su propio padre, en la localidad de Chía, Cundinamarca.

Con el caso del niño, los medios y el gobierno lograron desviar la atención de los colombianos durante casi un mes. Pero agotado el tema y sin tiempo para encontrar o fabricar otro señuelo de distracción, por ejemplo un auto atentado terrorista con muertos y todo para atribuírselo a las Farc, la opinión pública volvió a mirar hacia los desaparecidos de Soacha encontrándose con mayúsculas sorpresas ya imposibles de ocultar.

Múltiples ejecuciones en todo el país

Sin embargo, el Presidente dijo el pasado 7 de octubre que "el Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, tenían propuestas delincuenciales y no murieron un día después, sino un mes más tarde". Sus palabras fueron desmentidas por el Fiscal y por funcionarios de Medicina Legal.

Las ejecuciones extrajudiciales de 11 personas del sur de Bogotá, que luego fueron 23, más tarde 35 y finalmente, según el mismo alcalde de Ocaña, podrían ser 111, son solo otro número más de víctimas de esta modalidad de terrorismo de Estado.

Entre los meses de marzo y agosto del año pasado, desaparecieron, en las mismas circunstancias, en Toluviejo, Sucre, 11 jóvenes, que posteriormente fueron reportados como “abatidos en combate por la Fuerza Pública”.

Seis fueron asesinados en el departamento de Córdoba por la Fuerza Pública y los restantes cinco fueron asesinados por las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Los cuerpos de los primeros fueron hallados en el municipio de Chinú, Córdoba y los de los otros en Sincé, Sucre.

Las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y Toluviejo, se repiten por toda la geografía nacional. La Fiscalía ha denunciado que las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales pasaron en un año de 103 a 690, con 763 militares implicados en 1.137 asesinatos.

Por su parte la Procuraduría está investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 militares, una tercera parte de ellos por hechos ocurridos el año pasado.

Múltiple funeral de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública en Toluviejo, Sucre. Foto El Universal

La Alta Comisionada de la ONU

Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre enero de 2007 y julio de 2008.

Las ONG nacionales y extranjeras defensoras de derechos humanos, cuestionan duramente la Directiva ministerial 029 de 2005, avalada por Uribe, la cual autoriza pagar recompensa de 3 millones 800 mil pesos por cada cuerpo de guerrilleros rasos muertos y hasta 5.000 millones de pesos, así sea por una mano, de algún comandante rebelde.

Ese negocio macabro en la lógica guerrerista de la Seguridad Democrática de Uribe, revela que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales fuera de combate y los falsos positivos aumentan sin cesar.

Los hechos y las circunstancias, le dan la razón a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de visita en Bogotá la semana pasada, quién declaró que “las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales parecen ser una práctica difundida y sistemática en Colombia”.

La alta funcionaria también advirtió que “si el gobierno colombiano no logra detener estas matanzas, la Corte Penal Internacional podría intervenir”.

La advertencia de la alta funcionaria se produjo luego de la destitución de 27 militares por delitos de lesa humanidad, los primeros que Uribe sacrifica como chivos expiatorios para tratar de salvar su pellejo.

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