Organización de médicos respaldan a la contralora Sandra
Morelli en la pugna que tiene con el Fiscal
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Por medio de un comunicado el Colegio médico de
Cundinamarca y Bogotá, fijó su posición a favor de la contralora Sandra Morelli
en la pugna que actualmente mantiene con el fiscal general Eduardo Montealegre
por acusaciones mutuas.
A continuación transcribimos apartes del comunicado:
El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, entidad
integrante y fundadora de la Federación
Médica Colombiana, manifiesta a la opinión nacional que reitera su pleno apoyo
a la gestión que adelanta la Contralora General de la República, Dra. Sandra
Morelli Rico,-
y su equipo de funcionarios, en la investigación de más
de ochocientos sesenta (860) procesos fiscales que se han generado por la
desviación y apropiación ilícita de los billonarios recursos públicos del
Sistema de Salud por parte de EPS y otras entidades.
Han denunciado los gremios y la prensa nacional que son
numerosos los ejecutivos de las entidades de salud que manejan esos recursos
públicos que en tales ilicitudes han incurrido, con el consentimiento y
beneplácito de funcionarios cooptados por ellos mismos-
en los Ministerios y en las Superintendencias
correspondientes, constituyendo la mayor defraudación al patrimonio público en
la historia nacional. Hasta ahora han logrado que muchos de sus fraudes queden
ocultos y que las investigaciones no prosperen.
Las evidencias de tal venalidad han sido públicas y
notorias, lo que ameritaría que todos los órganos de inspección, vigilancia y
control del Estado ejercieran su
esfuerzo concertado para aplicar el rigor de la Ley a quienes han
instrumentalizado los ilícitos, como lo viene haciendo la actual administración
en la Contraloría General de la República.
La sociedad esperaría también la acción decidida del
Fiscal General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora, no tenemos evidencias de
acciones en tal sentido, probablemente sea por los impedimentos que en su
oportunidad manifestó el mismo señor Fiscal,-
Dr. Eduardo Montealegre Lynnet, por haber sido abogado
asesor de la EPS Saludcoop, en varios temas, entre ellos la utilización de los
recursos de la salud para gastos ajenos a su destinación legal, entidad de la
que derivó honorarios en cuantía de 4.900 millones de pesos, según informaron
los medios.
En estas circunstancias, se hace ineludible que se le
informe a la opinión con cargo a cuáles cuentas del PUC de Saludcoop se pagaron
todas las asesorías al Dr. Montealegre Lynett, y sus respectivas fechas,-
para que se establezca con pulcritud que efectivamente no
se hicieron con cargo a los recursos públicos con destinación legal específica
para la salud de los colombianos, lo que contribuirá a la trasparencia y a la
dignidad de la que el Sr. Fiscal General debe estar investido.
Informe urgente y de suma importancia que le solicitamos
por este medio, en ejercicio del derecho de petición, al interventor de la EPS
Saludcoop, al Superintendente Nacional de Salud y a la Contralora General de la
República, por las implicaciones que conlleva.
Con ocasión de la postulación del Dr. Montealegre Lynett
al cargo de Fiscal General de la Nación, la Federación Médica Colombiana le
señaló respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia (oficio de Marzo 20 de
2012),-
los inconvenientes que tal nominación significaría, no
por las notorias calidades intelectuales del postulado sino por los compromisos
personales con su cliente preferencial, considerando que por esas calendas ya
era evidente el gran fraude a la salud por parte de las EPS, entre ellas la
mencionada. Nuestras observaciones no fueron tenidas en cuenta por los
Honorables Magistrados.
Como consecuencia, ahora enfrenta el país la inusual
circunstancia de un vacío en la competencia en las funciones de investigar,
reunir pruebas, acusar e incriminar a los responsables representantes legales,
a los corresponsables miembros de las Juntas Directivas,-
a los socios y a los Revisores Fiscales de todas las EPS
que han defraudado los recursos públicos, así como también a los altos
funcionarios del gobierno involucrados por acción u omisión en el enorme
desfalco de la salud. Y, de contera, tenemos la obstaculización a las funciones
de control fiscal, referida en estos
días por la Señora Contralora Morelli.
Otro elemento que amerita aclaraciones públicas es el
referido a los numerosos congresistas que en el proceso de trámite de una nueva
reforma a la salud han manifestado sus inhabilidades por haber sido financiados
en sus campañas, tanto ellos como sus partidos políticos, por EPS y por otras
entidades de salud, lo que de manera incuestionable los inhabilita – a ellos y
al respectivo partido - para votarla.
Ante estas declaraciones de público conocimiento, las
entidades de vigilancia y control del estado deberán informar a la opinión si
tales aportes para financiar congresistas se han realizado con cargo a los
recursos públicos de la salud, desviándolos de su propósito legal,-
y a qué cuenta del Plan Único de Cuentas –PUC- fueron
imputados en los registros contables en las EPS que así lo hicieron, para que
procedan responsabilidades y consecuencias. A los medios de comunicación les
corresponderá informar con plena ética y sin ocultamientos el resultado de
estas y otras pesquisas periodísticas.
Por lo anterior, es que consideramos que el
enfrentamiento público entre el Sr. Fiscal General y la Contralora General, no
es de carácter personal. Corresponde más
bien, primordialmente, a la confrontación entre dos líneas claramente
diferenciadas sobre política pública en el tema atinente a la destinación de
los recursos públicos de la salud.
Por una parte, quienes pretenden la apropiación de los
billonarios recursos públicos para el beneficio de los particulares
inversionistas nacionales y extranjeros. Por la otra, los que defienden el
interés general y la destinación específica de los dineros de la salud de los
connacionales.
Misma confrontación que se evidencia en el Sistema de
Riesgos Laborales, donde las ARL defienden a toda costa y a todo costo, ante
jueces y tribunales, la apropiación por
las aseguradoras de los billonarios recursos públicos parafiscales cuya
destinación legal específica atiende el accidente de trabajo y la enfermedad
profesional.
En tal propósito cooptan decisiones y entraban procesos
en los juzgados y en los tribunales de manera que los expedientes que reclaman
el carácter público de estos recursos no lleguen al H. Consejo de Estado, donde
hay abundante jurisprudencia definiendo la vocación social y pública de los
recursos que pagan los empresarios y contratistas individuales de Colombia.
(Proceso de Acción Popular 00135 de 2008 - Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Demandante: Dr. Domingo Banda Torregrosa –
Demandada: Superintendencia Financiera de Colombia).
Finalmente, invita el Colegio Médico de Cundinamarca y
Bogotá a todas las entidades que defienden el derecho fundamental a la salud y
la destinación pública y legal de los recursos, a exigir de la Fiscalía General
de la Nación,-
de los demás organismos de vigilancia y control y de las
instancias jurisdiccionales, todas las acciones que corresponden de acuerdo con
la Ley, frente a los defraudadores y piratas del patrimonio de la salud de los
colombianos.
