Empezó la feria de
impunidad para los "falsos positivos"en Justicia Penal Militar
Por: Camilo Raigozo
No obstante que en la justicia ordinaria el grado de
impunidad para crímenes cometidos por, miembros del Ejército, la Policía y los
paramilitares sobrepasa el 98 por ciento, el Consejo Superior de la Judicatura
está enviando masivamente y de manera irregular a la Justicia Penal Militar los
procesos por los mal llamados falsos positivos.
La denuncia sobre la coartada para la impunidad fue realizada
por varias organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
quienes argumentaron que los procesos están siendo enviados de manera
irregular.
Alberto Yepes del Observatorio de Derechos Humanos de la
Coordinación Colombia-Europa, una de las
organizaciones denunciantes, advirtió que el CSJ está
remitiendo los procesos a la Justicia
Penal Militar de manera arbitraria y sin criterios claros.
"Con criterios, por demás muy deleznables, en el
sentido de que bastaría que hubiera una orden de operaciones para presumir que
el caso está acorde con el Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto
correspondería a la Justicia Penal Militar", aseveró Yepes a los medios.
El defensor de los derechos humanos también denunció que
durante el gobierno de Santos al menos 85 personas han sido asesinadas por
miembros del Ejército y la Policía. Igualmente dijo que era muy preocupante el
inexplicable cambio del juez especializado que adelanta los juicios por los "falsos positivos" de Soacha.
El pasado 6 de marzo, Franklin Castañeda, dirigente del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció que los “falsos
positivos” han continuado, pero el Ejército los oculta bajo la estrategia de hablar
rápido con los familiares de las víctimas ofreciéndoles disculpas y argumentándoles
que fueron errores en operativos militares.
Con esta acción indignante del desprestigiado Consejo
Superior de la Judicatura, queda demostrado que la ampliación del fuero militar
no es más que una jugada perversa del régimen en cabeza del presidente Santos,
su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar y la mayoría de
congresistas, entre otros, para garantizar la impunidad de los crímenes
cometidos por miembros del Ejército y la Policía.
La demencial estrategia para la impunidad había sido advertida
por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y
extranjeras, la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre
otros organismos.
