Nuevas amenazas contra dirigentes de la Organización
Femenina Popular en Barrancabermeja
Por: Camilo Raigozo
Por: Camilo Raigozo
La Organización Femenina Popular, OFP, denunció que el
pasado 11 de febrero, en Barrancabermeja, Santander, a las 9 y 50 de la mañana,
a la sede de la Casa de la Mujer del sector nororiental, llegó un sujeto que se
movilizaba en una motocicleta y preguntó
información sobre la capacitación de Fundetec, programa de validación del
bachillerato para adultos.
El hombre fue atendido por Gloria Amparo Suárez, representante legal de la OFP.
Al terminar la información el sujeto le dijo: “Por qué no se dedican a esto en
vez de estar jodiendo a nivel nacional y estar formando alborotos”.
Gloria Ampara le preguntó quién era, a lo que el tipo
contestó, “¿Usted sabe dónde están sus hijos?”. Acto seguido abrió su celular,
le mostró las fotos de sus hijos y le dijo, “nosotros sí”.
Una de las fotos era de Yolanda Becerra, directora
nacional de la OFP, bajándose del carro proporcionado dentro de su esquema de
seguridad. Finalmente el sujeto dijo, “Dígale a la Becerra que aunque no duerma
acá sabemos todos sus movimientos. Así que ya saben, paren esa mierda y
calladitas que no las queremos joder”.
Gloria Amparo Suárez cuenta en la actualidad con medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo el
Gobierno no ha respondido a la ejecución de las mismas, manteniéndola sin
protección, burlando las medidas caautelares.
Yolanda Becerra es la directora nacional de la OFP y
Gloria Amparo Suárez es la representante legal de la organización y
coordinadora del trabajo en el Magdalena Medio que en los últimos meses ha
desempeñado una importante labor de incidencia política y de participación en
proceso locales y nacionales de exigibilidad de los derechos de las víctimas a
la verdad, justicia y reparación.
Ella y su familia han sido permanentemente hostigadas,
amenazadas, perseguidas, intimidadas y atacadas, en su vida y su integridad. Sin
embargo desde el régimen se niega a brindarle las medidas de protección
adecuadas, que le permitan ejercer adecuadamente su labor como defensora de los
derechos humanos de las mujeres.