Sierra NevadaLa tragedia del pueblo Kankuamo sigue vigente
Por Camilo Raigozo
El pueblo Kankuamo, una de las cuatro etnias asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha venido siendo sometido de manera sistemática a un exterminio físico y cultural, en el que bajo la estrategia paramilitar y otras formas de terrorismo de Estado, ha cobrado la vida de más de 300 indígenas.
Jayris Cáceres Maestre perdió una de sus piernas y quedó con graves lesiones en la parte posterior de su cuerpo en el atentado del pasado 31 de diciembre. Foto Camilo Raigozo.
Al menos 400 familias kankuamas han sido desplazadas de su territorio y más de 700 niñas y niños han quedado huérfanos. Es decir, un verdadero proceso genocida que ni las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha podido detener.
El pasado 31 de diciembre, en Atánquez, resguardo Kankuamo, Sierra Nevada, Cesar, cuando en una caseta más de 300 indígenas celebraban las festividades, ocurrió un atentado terrorista con una granada, de uso privativo de las Fuerzas Militares, que arrojo como resultado cinco personas muertas, 91 personas heridas, algunas de considerable gravedad y 17 niños huerfanos.
Una Misión nacional e internacional de verificación y acompañamiento al pueblo Kankuamo, se reunió del 26 de febrero al 1º de Marzo, en Atanquez y después de trabajar en cinco comisiones, constató de forma preliminar la situación de afectación crítica en cuanto a salud metal, cohesión social, situación jurídica y visibilización de la problemática, luego de dos meses del atentado del pasado 31 de diciembre.
Tanto la comunidad, como la Misión, exigieron a las autoridades “desarrollar un proceso serio, imparcial y exhaustivo de investigación en búsqueda del esclarecimiento de los hechos, en coordinación con las autoridades indígenas del pueblo Kankuamo, la identificación de los responsables y el cumplimiento del Estado para con las víctimas, familiares y la población en general del resguardo, que vaya más allá de la ayuda humanitaria de emergencia y que implica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Igualmente le exigieron al Estado el cumplimiento pleno de las normas constitucionales colombianas y de los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, en especial las medidas cautelares y provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pueblo Kankuamo y la ratificación de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas.
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