"La situación en Colombia no ha mejorado y sigue siendo muy grave": Ongs colombianas ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Por Comisión Colombiana de Juristas
La siguiente es la intervención de los representantes de 1200 organizaciones colombianas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hoy a las 10h30am de Ginebra se adoptaron las recomendaciones realizadas a Colombia el pasado 10 de diciembre en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En este acto el Estado Colombiano notificó cuales recomendaciones iba a aceptar y cuales no. Adjunto el documento oficial de Naciones Unidas que contiene dicha información.
Las 1200 ONG colombianas hacen peticiones en esta intervención al Gobierno y al Consejo de Derechos Humanos, donde se recalca que la situación en Colombia no ha mejorado y sigue siendo muy grave, además, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones que contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.
Más Información.
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Agustín Jiménez (313) 392 19 31
Claudia Erazo (311) 848 47 11
Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
10° período de sesiones, 2-27 de marzo de 2009
Tema 6: Examen Periódico Universal – Adopción del informe sobre Colombia
Señor Presidente:
En nombre de 1.200 organizaciones colombianas[1], la Comisión Colombiana de Juristas y la Organización Mundial Contra la Tortura agradecen las intervenciones de los 43 Estados en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia el 10 de diciembre y el informe que el Consejo está por adoptar.
Quisiéramos dedicar nuestra intervención al líder indígena Edwin Legarda, asesinado por el Ejército seis días después del examen, cuando su esposa Aida Quilcué volvía de la sesión del Consejo donde denunció la grave situación de los pueblos indígenas.
El debate mostró claramente que en Colombia persiste una situación de violaciones graves y sistemáticas sobre las cuales este Consejo no puede guardar silencio durante los próximos cuatro años.
Además de las responsabilidades que caben a los grupos guerrilleros por graves infracciones al derecho humanitario y violaciones a derechos fundamentales de la población, las numerosas recomendaciones formuladas evidencian el incumplimiento del Estado colombiano con sus obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos adquiridos reiteradamente ante Naciones Unidas desde 1996.
En efecto, las intervenciones señalaron reiteradamente que se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas y desplazamiento forzado, violaciones que afectan particularmente y de manera diferencial a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres y los niños.
Asimismo, se resaltó en el debate que no se han desmantelado las estructuras militares, económicas y sociales de los paramilitares, cuya impunidad es alta por sus persistentes nexos con agentes estatales; que el poder ejecutivo se entromete indebidamente en la rama judicial, porque ésta investiga dichos nexos; que no se han garantizado los derechos de las víctimas, dadas las múltiples falencias en la aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”;
que se incrementa el hostigamiento en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas, y periodistas por la estigmatización pública por parte de los más altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente de la República; que la continua agresión contra los pueblos indígenas acelera el proceso de su desaparición cultural y física; que no ha disminuido la brecha de inequidad, por lo cual no se ha garantizado los derechos a la salud, educación, alimentación y a una vivienda adecuada de muchos sectores de la población.
Esperamos que, a pesar de la actitud desafiante del Gobierno al concluir el debate - acusando a los Estados de tener “una valoración de los derechos humanos sin objetividad y con información equivocada”-, la aceptación de la mayoría de las recomendaciones y los 67 compromisos voluntarios adquiridos se traduzcan de una vez por todas en medidas serias para su efectiva implementación.
En cuanto a las recomendaciones rechazadas, hacemos un llamado al Gobierno a que reconsidere su posición y en particular suprima todo sistema de recompensas como incentivo para cometer ejecuciones extrajudiciales, cese de involucrar a niños en el conflicto armado, reconozca el derecho a la objeción de conciencia, desmantele efectivamente los grupos paramilitares, ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, acepte la competencia del futuro Comité sobre desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales y la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra[2].
Asimismo, hacemos un llamado especial a que el Gobierno se comprometa a no obstaculizar más la adopción de una ley de víctimas a favor de todas las víctimas del conflicto armado, según las propuestas realizadas por más de 4.000 víctimas en todo el país[3] y los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.
En conclusión, tres años después de la adopción de la última decisión sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos, el debate del EPU ha demostrado que la situación no ha mejorado y sigue siendo muy grave. Por lo tanto, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.
Gracias, Señor Presidente.
Ginebra, 20 de marzo de 2009
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