Denuncian al Ejército por graves violaciones a los derechos humanos en Unión Peneya, municipio La Montañita, Caquetá
Por Camilo Raigozo. Voz

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh, denunció ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control e investigación del Gobierno Nacional, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, ONG de derechos humanos y comunidad en general, la violación permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del Ejercito Nacional.

Las comunidades acusan a unidades de los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí, de desarrollar acciones contra la inerme población campesina de la inspección Unión Peneya y las veredas Treinta Bajo, Corazones, Horizontes, La Libertad, Buenos Aires-Suncilla, La Argentina, Gibraltar, La Gaitana, Puerto Gaitán, Jerusalén, El Caserío San Isidro, La Cabaña, Esmeralda, Buenos Aires del Peñeya, Palestina Alta, Los Andes, Palestina Baja, El Guamo, Alto Arenoso, La Holanda y La Palmera, en el municipio de La Montañita, departamento del Caquetá.

Los testimonios y declaraciones de las víctimas fueron presentadas por las organizaciones comunales campesinas en una reunión realizada el pasado 7 de agosto de 2008.

Antecedentes

Los habitantes de Unión Peneya tuvieron que desplazarse masivamente en el 2005, debido a la intensificación del conflicto armado que se desarrolla en la región quedando desolado el caserío, donde muchos de sus habitantes dejaron sus enseres y bienes personales, los cuales fueron usurpados y algunos destruidos por efectivos del Ejercito.

Los militares dañaron unos predios y ocuparon otros. Posteriormente por la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos se dio un acuerdo entre autoridades civiles, militares y las comunidades que posibilitó el retorno en enero de 2007.

Previamente se habían firmado compromisos por parte de los entes gubernamentales de realizar una serie de obras sociales y de reparación de los daños causados por parte de las tropas del Estado.

Según la denuncia, hasta la fecha tales compromisos no se han cumplido y por el contrario se instaló una base militar en el predio de de un campesino; lugar de donde vienen desarrollando acciones que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Algunos casos

El domingo 3 de agosto de 2008, fue reunida desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. la comunidad de Unión Peneya, en el polideportivo, previa citación casa por casa de miembros de los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí.

Cuando la población estaba reunida, el ejército procedió a cerrar las puertas del polideportivo y conjuntamente con agentes del CTI y del DAS que operan en esta jurisdicción, procedieron con computador en mano a sistematizar cada una de los números de cédulas de los labriegos.

Además fotografiaron y filmaron a cada una de las personas y les fotocopiaron las cédulas, sin proporcionar ninguna explicación o justificación, lo que ha generando temor en los habitantes, ya que este tipo de procedimientos se han realizado en otras regiones del país para 'fabricar' los montajes judiciales.

Detenciones ilegales

De igual manera, en ese mismo mes, fue abordado Nectario Jansosoy, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro, por parte de efectivos del ejército.

El teniente de apellido Salazar hace que el labriego sea fotografiado y señalado de ser “miliciano de las Farc de primera línea”.

“Preocupa sobre manera esta actuación de los militares puesto que este tipo de sindicaciones ponen en riesgo la vida de este líder de reconocida trayectoria en la región y además se desconoce los fines para los cuales serán utilizada las fotos que le fueron tomada de manera inconsulta”, advirtieron los campesinos a la ONG.

El 26 de julio, soldados adscritos al Batallón Diosa del Chairá, convocaron a los pobladores y propietarios de establecimientos de Unión Peneya a una reunión donde les hablarían de temas referidos a la seguridad, exigiéndoles posteriormente a los asistentes la firma e impresión de su huella dactilar en un formato, sin que mediara explicación alguna.

EL 2 de julio, se desplazaron del caserío Las Palmeras, 16 personas, entre ellas tres niños, hacia una de las parcelas. Estas personas fueron interceptadas por el ejercito, agrediéndolos verbalmente y sindicándolos de guerrilleros.

De igual manera a uno de los adultos le vendaron los ojos y lo obligaron a andar de rodillas junto con una niña y un niño, los cuales se lastimaron al tropezar con los árboles.

El 25 de junio de 2008, miembros del ejército llegaron al cementerio de la vereda Puerto Gaitán y profanaron las tumbas, sin mediar razón alguna para ello.

De igual manera en la misma vereda, el 27 de junio, miembros del ejército allanaron la casa de Robinson Parra Huertas, lo agredieron verbalmente y le dañaron el alambrado de las cercas.

Así mismo llegaron a la casa de Elizabeth Trujillo, a quien junto a todos los miembros de su familia fueron maltratados verbalmente. También allí destrozaron las cercas de alambre.

El mismo día las tropas allanaron la casa de Belisario Rubio en su ausencia, y le robaron un radio y una pasta jabón.

El 13 de junio se presentó un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC, donde fueron afectadas varias viviendas por parte del ejército. Varias casas fueron allanadas sin ninguna explicación.

El mismo día, en la vereda Buenos Aires de Suncilla, miembros del Batallón Diosa del Chairá, llegaron a la escuela e hicieron varios disparos poniendo en riesgo la vida de 30 niños.

De igual manera al joven campesino Cristian Jair Piña, le propinaron un balazo en la cabeza ocasionándole la perdida total del ojo izquierdo.

El 23 de mayo fue detenido el joven Faiber Escarpeta Trujillo, en la vereda La Macarena, por parte del Ejército. Le vendaron los ojos, lo agredieron verbalmente y lo sindicaron de ser guerrillero.

El 14 de diciembre de 2006 en la vereda Buenos Aires del Peneya a las 9:00 a.m. fueron asesinados José Nilson Corrales, delante de su familia y Edilson Rivera, por miembros del Batallón Héroes de Guapí, comandados por el sargento Millán. Los uniformados hurtaron joyas y dinero en efectivo de los habitantes de la vereda.

En el 2005 en la Vereda Buenos Aires de Suncilla fueron asesinados por miembros del ejército los esposos Víctor Julio Molina y Argenis Vargas, la cual tenía seis meses de embarazo.

Las comunidades son víctimas de manera reiterada y permanente de bloqueos económicos, hostigamientos y amenazas, hurto y daño de sus bienes y enseres, maltrato físico y sicológico por parte de efectivos del Ejército.

Las tropas del Estado los señalan de ser guerrilleros y los amenazan con que muy pronto traerán a la región 800 paramilitares. Estas denuncias, según la fuente, se han hecho en su momento ante las autoridades competentes sin que hasta la fecha se conozca investigación o sanción alguna.

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